IU considera que el consistorio tiene "responsabilidad indirecta"
en el asesinato de Álvaro Ussía por "dejadez en sus funciones".- El
TSJM aclara que ningún juez de Sagunto estaba en Madrid el día del
crimen


El Defensor del Pueblo ha pedido al Ayuntamiento de Madrid, a la
Comunidad de Madrid y a la policía que le informen de las actuaciones
realizadas hasta ahora sobre la discoteca El Balcón de Rosales en el marco de la investigación que abrió ayer sobre la muerte de Álvaro Ussía,
el joven de 18 años que falleció a golpes la madrugada del sábado en
las puertas de esta popular discoteca, situada en la calle Pintor
Rosales (Moncloa-Aravaca). El organismo quiere una copia de las 47
denuncias que acumulaba el local y del resultado de las diez
inspecciones que ha pasado en los últimos años. Los tres porteros
acusados de reventarle el corazón a golpes ingresaron anoche en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real.

El organismo pretende dirimir las posibles responsabilidades
políticas que pudieran derivarse del crimen, sin perjuicio de la
determinación de las responsabilidades penales derivadas de este caso.
Por eso, pedirá "información a todas las administraciones implicadas".
Así, prevé solicitar a la Policía Municipal que le remita una copia
delas 47 denuncias acumuladas en los últimos años contra El Balcón de Rosales,
así como las siete peticiones de cierre que formularon sin éxito. Entre
sus actuaciones, la institución dirigida por Enrique Múgica tiene
previsto analizar el actual reglamento que rige la actividad de los
empleados de seguridad de los locales nocturnos.

Pretende
estudiar la norma para proponer reformas que eviten la contratación de
porteros sin preparación. También examinará la contratación de la
seguridad en el local, en manos de una empresa ajena a la gerencia de
la discoteca, ubicada en suelo público y hasta ayer una concesión
municipal -como las terrazas-. Los tres porteros imputados por la
muerte del joven pertenecían a una empresa de seguridad contratada por
el local y ejercían de porteros, no de vigilantes de seguridad. Dos de
ellos tenían antecedentes penales y denuncias por agresiones.

Rosario de irregularidades

"Al parecer, el local en cuestión había sido denunciado por diversas
irregularidades como permitir la entrada de menores en su interior,
venta de alcohol a menores, no acreditar la existencia de seguro de
responsabilidad civil e incendios, además de no poseer las preceptivas
licencias de instalación y funcionamiento que amparen las distintas
actividades que se realizan en su interior", recalca el organismo.

Por
su parte, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid ha
subrayado hoy la "responsabilidad indirecta" del consistorio en el caso
debido a la "dejadez en sus funciones". "Es irrebatible que el
asesinato se produce a raíz de un conflicto en un local de ocio que, en
ningún caso, debería estar en funcionamento", señaló hoy el concejal de
IU responsable del área de Seguridad, Ángel Lara.

El edil ha insistido
en que "alguien" tendrá que explicar a los ciudadanos "cómo es posible
que un local con un currículo de denuncias y con órdenes de cierre por
parte de la propia Policía siguiera abierto hasta ayer y también que
aclare por qué se cerró ayer y no antes si había razones para proceder
a su clausura".Por todo ello pedirán la comparecencia en el
Pleno del concejal-residente del distrito Moncloa-Aravaca, Álvaro
Ballarín. Ésta es una de las medidas que IU registrará en el
Ayuntamiento "con objeto de conocer de manera exhaustiva cuáles fueron
las razones de la desidia municipal en el caso".

Más lejos ha ido el
sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ha denunciado por un
delito de imprudencia grave por omisión al concejal-presidente de la
Junta de Moncloa-Aravaca, Alvaro Ballarín Valcárcel, y al alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de manera subsidiaria, por no clausurar
la discoteca. Los servicios jurídicos de Manos Limpias interpusieron
ayer la denuncia ante el Juzgado de Guardia con la intención de que se
sume a la causa del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid en la
que se investiga la muerte de Ussía. El sindicato opina que el local
debía haberse cerrado hace más de un año y que de estos hechos podrían
derivarse delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Defensor/Pueblo/pide/Ayuntamiento/Madrid/actuaciones/respecto/Balcon/elpepunac/20081118elpepunac_4/Tes

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