El mes de septiembre está dejando muestras inequívocas de que la pesca furtiva en Galicia es una actividad habitual y organizada. El Servizo de Gardacostas requisó ayer 1.300 kilos de marisco en un establecimiento de Esteiro, en Cabo de Cruz (Boiro). Parte del marisco se encontró en tres piscinas habilitadas dentro del propio recinto. El resto estaba en un almacén para su empaquetado y posterior venta a través de Internet, según aclaró un portavoz de la Consellería do Mar. En el operativo, en el que participaron también agentes de la policía autonómica, fueron identificadas a cinco personas.

El golpe al furtivismo llegó el mismo día en que la Asociación Galega de Mariscadoras (Agamar) convocó una concentración ante la sede de la consellería que dirige Rosa Quintana para protestar precisamente por la situación de las trabajadoras de Cabo de Cruz, y a la que acudieron varias decenas de mujeres. Los planes de explotación de la cofradía para 2011 prevén que sean las propias mariscadoras las que realicen labores de vigilancia nocturna contra los furtivos. Las mariscadoras, que aceptaron encargarse durante el verano, se niegan a seguir haciéndolo, y más desde que los últimos días se registrasen varios incidentes. "Hubo agresiones de furtivos", se queja la presidenta de la asociación de mariscadoras, Natalia Laíño, que acompañó a una decena de trabajadoras del mar que portaron pancartas con los lemas Somos mariscadoras, no guardas de seguridad. Agamar reclama que la Xunta obligue a que sea personal preparado el que vigile. "Nos da igual que sea la Guardia Civil, los guardacostas o los vigilantes de las cofradía, pero tienen que ser profesionales", reclaman las mariscadoras, que temen nuevos enfrentamientos con los furtivos.

Laíño asegura además que la cofradía trata de convencer a las mariscadoras de que sigan desempeñando esta función con la contrapartida de permitirles un cupo de recogida diaria tres kilos por encima del establecido. "Ofrecen algo que es ilegal y está vetado por la propia consellería", protesta, al tiempo que señala el absurdo de que, llegado el caso, serían las vigilantes de los furtivos las que se saltasen la norma. También alude a la venta a pie de playa del producto sobrante, frecuente en algunas cofradías. "No vale solo con controlar el furtivismo, sino también este otro tipo de irregularidades", insiste. Las mariscadoras reprocharon además a la consellería los nuevos requisitos para la obtención de los permisos de explotación marisquera (permex). "Exigen un 95% de días de trabajo pero solo si las propias asociaciones lo aprueban. Esto va a generar desigualdad y cacicadas", aduce Laíño, que repite también una de las reclamaciones de los colectivos de pescadores: que el furtivismo pase a ser considerado un delito y se agraven las multas.

Tras el operativo desarrollado en la ría de Arousa, la consellería insistió en un comunicado en que los guardacostas y la policía autonómica no se encargan de toda la vigilancia costera, y aludió a los convenios de vigilancia con las cofradías para la contratación por estas de guardapescas privados.

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