El Ayuntamiento de Puertollano se enfrenta a pagar una indemnización de alrededor de 43.000 euros a uno de sus funcionarios, un ordenanza, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Y es que el trabajador sufrió una agresión por parte de un vecino de la localidad cuando desempeñaba su función. Un ataque que le provocó la pérdida de visión de un ojo en el que ya sufría lesiones.

El agresor, Ramiro H.V., de 34 años de edad, reconocía ayer en la Audiencia Provincial de Ciudad Real que se inició una discusión entre ambos cuando él fue a informarse sobre los puestos del mercadillo municipal y el ordenanza le dijo que no podía atenderle porque ya estaba cerrado. “Me sacó del brazo fuera, a la calle”, decía. El acusado le cogió del cuello y este gesto hizo que el ordenanza perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras de las dependencias municipales.

Los hechos ocurrieron hace ya seis años por lo que las partes llegaban ayer a una conformidad por dilaciones indebidas y por el reconocimiento de los hechos por parte del imputado. Así, evitaba la celebración de su juicio y se rebajaba la pena que solicitaba la Fiscalía Provincial de un año y nueve meses a seis meses de prisión.

Y aunque todos estaban de acuerdo en que el responsable penal era el procesado, no lo tenían tan claro en lo que se refiere a la responsabilidad civil. Así, hubo que celebrarse una vista puesto que tanto la Fiscalía Provincial como la acusación particular consideran que el responsable subsidiario es el Ayuntamiento de Puertollano, al que piden una indemnización que supera los 43.000 euros por las lesiones y la secuelas.

Meses antes, el Ayuntamiento gozaba de un sistema de seguridad y había un vigilante en la puerta. Por ello, la Fiscalía presentaba como prueba un informe del comité de empresa del Ayuntamiento de Puertollano en el que los trabajadores se quejaban de la falta de seguridad en la oficina de servicios sociales, un lugar que consideraban “vulnerable para las personas que allí trabajan y para el patrimonio”. En este sentido, la acusación pública sostenía que si hubiera habido un vigilante en la puerta “hubiera minimizado lo ocurrido”.

Por su parte, el Ayuntamiento creía improcedente que la responsabilidad civil recaiga sobre el Consistorio puesto que tal y como señalaba su letrada ni es obligatorio tener un vigilante ni los hechos se produjeron en el interior sino a las puertas. “No se está infringiendo ningún reglamento por no tener vigilante máxime cuando la agresión se produce fuera”, apuntaba. Lo cierto es que los tres días del suceso el Ayuntamiento restituyó el sistema de seguridad y puso un vigilante en la puerta.

http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/23776