La mayoría de empresarios no contrata a profesionales "porque les resulta caro su servicio"
MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Una semana después de la muerte del joven de 18 años Álvaro Ussía, presuntamente por los golpes propinados por un cliente especial y amigo de dos empleados de la empresa contratada para la seguridad en la discoteca madrileña Balcón de Rosales -los tres en prisión por orden judicial- sigue la polémica en torno a estos locales de ocio nocturno, ante el constante incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada por parte de la mayor parte del empresariado del sector que contrata a jóvenes musculados, generalmente reclutados en gimnasios y sin la preparación adecuada cuando no unas simples nociones de lo que podrían denominarse "habilidades sociales" con las que poder solventar aquellas situaciones de conflicto que pudieran presentarse en las discotecas, sin que para ello sea necesario usar la receta de la fuerza bruta por prescripción de un socorrido: "se reserva el derecho de admisión".
Las competencias para el desarrollo de la citada ley corresponden al Estado, salvo en Cataluña que es la Generalitat quien las asume y controla. Dentro del marco legal, regulado en 1991, son muchos los que señalan que presenta lagunas. Así es el caso cuando se cita que si un portero de discoteca ejerce como vigilante de seguridad, éste debe pertenecer a una empresa de seguridad privada dada de alta en un registro al efecto en el Ministerio del Interior. "He aquí uno de los subterfugios de la ley pues, la nomenclatura que usan muchos de los empresarios del sector para justificar la contratación de personas no dadas de alta en el registro es variada".
La no contratación, por parte de los empresarios del ramo, de profesionales formados y reglados en el ámbito de la seguridad privada radica, principalmente, "en lo que cuesta pagar las horas de trabajo, que son alrededor de los 14 euros la hora. Por contra, quienes hacen su papel como controladores de accesos de discoteca o pub suelen cobrar entre 60 y 75 euros la noche".
Para el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios de Tenerife (Fecao), José Antonio Santana, "ya es hora de que el empresariado del sector tome consciencia de este problema; no se puede contratar a una persona buscando el músculo y nada más".
Necesaria regulación. Asegura que "la verdadera seguridad es aquella que pasa desapercibida, que es capaz de resolver situaciones de conflicto dentro de un local sin emplear la violencia". Santana es de la opinión de que "falta voluntad política, de un lado, y falta voluntad por parte de algunos empresarios para que se produzca la necesaria regulación de la figura de portero de discoteca, con una formación técnica". De esta forma, continúa, "se evitaría lo que yo llamo el matonismo, evitando que puedan acceder a estos puestos de trabajo personas que bien pudieran considerarse delincuentes potenciales".
El presidente de la federación aseguró a La Opinión de Tenerife que "la próxima semana iniciaré contactos con los asociados en toda la provincia con el fin de plantear, ya de una vez por todas, la contratación de verdaderos profesionales para ocupar los puestos de seguridad en los locales de ocio, aunque ello suponga un sobrecoste, porque va en ello el prestigio del sector que, además, atraviesa una difícil coyuntura económica".
"La propia normativa presenta ciertas lagunas y exige algunas pautas a la hora de contratar a un segurita profesional como es el comunicarlo a la Delegación de Gobierno con un plazo no inferior a las 36 horas previas a la ocupación del puesto para que Interior confirme la situación legal de la persona contratada. Si bien este procedimiento tiene el fin de controlar y comprobar que todo está en regla para quien va a ejercer la seguridad en un recinto privado, deja escaso margen de maniobrabilidad para el empresario que no haya previsto la necesidad de su contratación con anterioridad a esas 36 horas".
Ante lo sucedido en la discoteca Balcón de Rosales, así como los que se han producido en Tenerife, el presidente de la Fecao "señaló que el dinero no se puede mirar cuando se trata de la vida de personas; del daño y destrucción que sufren las familias de las víctimas, pero también sufren los parientes de quienes son encarcelados como culpables".
Por su parte, los ayuntamientos, los agentes de las Policías Locales suelen controlar cada cierto tiempo los locales de ocio nocturno y muchas veces son ellos quienes recogen las denuncias ciudadanas en relación con los locales de ocio y generalmente se refieren a la negativa de los empleados de entregar las hojas de reclamaciones, el uso incorrecto del derecho de admisión -que sólo es válido si las cláusulas o motivaciones objetivas están a la vista del cliente-, pero también son los primeros que llegan cuando se denuncian tratos vejatorios o agresiones por parte del personal. En Santa Cruz de Tenerife, la Policía Local tiene registradas, al menos, 27 denuncias por agresión del personal; 32 por no entregar las hojas de reclamación ó 24 por prohibición injustificada del acceso.
Víctimas de la violencia de los controladores de acceso en la Isla
Desgraciadamente, Tenerife ha sido también escenario de hechos tan deleznables y tan trágicos, como el ocurrido en Balcón de Rosales. La última víctima mortal de la brutalidad ejercida por los porteros de discoteca en la Isla se produjo en agosto de 2007 y se llamaba Endika Abad, un joven estudiante asturiano de 21 años que recaló en Tenerife por su pasión a los deportes náuticos hasta que se topó con el carácter y violencia del portero de un pub en Torviscas, Playa de las Américas.
El padre del muchacho y toda su familia esperan que se haga justicia, "aunque hemos perdido la esperanza por las irregularidades" que ha observado en la instrucción del caso: Un detenido, pero puesto en libertad a los pocos días, tras pagar 6.000 euros de fianza y acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia; el hecho de que ahora se busca a un testigo de la agresión al que no se le tomó declaración en su momento, y por el diferente proceder judicial al comparar el caso de Álvaro Ussía, donde la jueza ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza contra los tres presuntos implicados en su muerte.
Otros casos, también en el municipio turístico de Arona, se produjeron en la discoteca Metrópolis, en la que falleció un ciudadano de origen marroquí hace cinco años -la discoteca estuvo cerrada seis meses- o, más recientemente, hace dos años, la muerte de un joven santacrucero en la sala Orquídea -que fue cerrada definitivamente al no tener ni siquiera concedida la licencia de apertura-, según fuentes del consistorio aronero.
Sergio González, 35 años, sobrevivió a una paliza pero vivirá el resto de su vida con graves secuelas: sordo, sin olfato, con problemas de vista y equilibrio tras la agresión de porteros de otra discoteca de Arona el 30 de marzo de 2002.
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