«La sociedad confunde al personal de seguridad con los porteros de discoteca. Sólo nosotros podemos desarrollar funciones de seguridad». Luis Miguel Fernández, uno de los portavoces del colectivo, refleja las quejas de sus compañeros. Opinan que sucesos como el de Madrid les demonizan, cuando ellos no tienen «nada que ver» con las personas que se ponen en la entrada de un local.
El Departamento de Interior del Gobierno vasco expone las diferencias. A un guarda jurado, por ejemplo, se le exige una formación previa avalada por el Ministerio del Interior, que le permite obtener la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Para lograr esta titulación, explica Fernández, se debe pasar un curso de 240 horas, dividido en teoría y práctica, en una academia homologada por el propio Ministerio. Su coste es de entre 600 y 700 euros. Tras él, deben someterse a un examen, «tipo oposición», tanto físico como teórico, y conseguir un certificado médico que acredite que están en condiciones de trabajar. Un portero, salvo en Cataluña, Madrid y Valencia, no debe cumplir «requerimientos legales para acceder a su actividad», apunta Interior.
Un vigilante desarrolla su labor integrado en una empresa de seguridad, debe vestir el uniforme reglamentario de la firma y será sancionado, tanto él como su compañía, si ejecuta funciones distintas a las que la legislación le asigna.
Un portero de discoteca, en cambio, se relaciona directamente con el propietario del establecimiento, no debe portar ningún uniforme específico y será penado si se arroga el papel de un vigilante. Y mucho más si se convierte en un peligro para los propios clientes.
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