La paralización de actividades comenzará el lunes a las 22 horas y se prolongará durante todo el día martes para culminar también sobre las 22 horas. La escalada de movilizaciones ya prevista para la semana en curso se mantiene en reserva para potenciar las medidas con múltiples factores sorpresa.

El paro nacional del martes, que afectará a la planta de UPM en Fray Bentos, sería acatada por los vigilantes sindicalizados que prestan servicios de seguridad, custodia y remesa de valores en los departamentos de Montevideo, Colonia, Maldonado, Paysandú, Soriano, Río Negro, Tacuarembó y Artigas. También afectará servicios privados en cultivos forestales, estancias y casas particulares.

Las medidas se enmarcan en el contexto de las negociaciones que trabajadores y empresarios llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un diálogo que ha resultado infructífero: los trabajadores reclaman aumento salarial del 25%; los empresarios ofrecieron en lo inmediato un aumento del 12,5%, un incremento de 3,5% más suba por inflación para julio, un incremento del 5% para enero, más inflación, y una serie igual de incrementos durante los próximos tres años.

El 9 de febrero, la Dirección Nacional de Trabajo fijó un plazo de 10 días para que las empresas mejorasen su oferta, antes de laudar, pero el conflicto se tornó irreversible ya que las empresas se negaron a negociar condiciones laborales y anunciaron al MTSS que ésta sería su "última oferta".


Lo que preocupa al Poder Ejecutivo

El conflicto en el sector de la seguridad privada preocupa al Poder Ejecutivo debido a que en el Presupuesto Nacional se aprobó el traspaso a las empresas privadas de más de un millón de horas del servicio policial 222. Los empresarios acordaron cuotas de mercado pero los trabajadores nunca fueron tenidos en cuenta en sus reclamos de aumentos salariales en base a una capacitación técnica.

Ayer, los vigilantes privados, que están sindicalizados mediante la Unión Nacional de Trabajadores de Seguridad (Unatrase), celebraron una asamblea para acordar las medidas sorpresa y ratificaron el paro nacional que ya tenían resuelto desde que fracasaron las negociaciones con los empresarios.

El lunes, los trabajadores sindicalizados de una de las empresas privadas demoraron casi dos horas la entrada y la salida de los camiones con combustible de la refinería de Ancap, en La Teja, en protesta, contra esa sola empresa, en reclamo por el pago de adeudos salariales atrasados.

La realidad conflictiva del sector, explicaron a LA REPUBLICA empresarios que pidieron no ser identificados, está determinada por dos grupos de empresas: las nacionales y las transnacionales. Las empresas nacionales están nucleadas en la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (Fudes), y las transnacionales están en la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad (Cudes).

La Fudes reúne empresas que en su mayoría tienen menos de 400 trabajadores. La Cudes integra a empresas que cuentan con unos dos mil trabajadores. El sindicato de trabajadores Unatrase reclamó que todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras, concedieran el mismo aumento salarial del 25%. Tanto la Fudes como la Cudes argumentaron ante la Dinatra que perderían su viabilidad.

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