Bajo salario y muchos riesgos consumen la vida de los vigilantes

Miguel Ricardo Valdez
Foto Miguel Ricardo Valdez

Los bolivarenses invierten millones para resguardarse del hampa

Trabajar de vigilante en una sociedad consumida por la violencia la convierte en una de las labores más difíciles de la actualidad. Muchos se lanzan a la aventura de tomar el empleo por razones económicas sin percatarse de las responsabilidades que conlleva cuidar del bienestar de otras personas.
Según el Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e Investigación, “el vigilante debe ser venezolano, mayor de 21 años de edad, tener una instrucción mínima de sexto grado de educación básica, haber aprobado algún curso de vigilancia y ser evaluado por un psicólogo federado que certifique su salud mental”. Requisitos que en muchos casos no se cumplen ante la necesidad de los jóvenes, y de la empresa en poseer personal para cumplir con un servicio, que en muchos casos se asume sin estar debidamente preparados.

En el sector de Vista Hermosa, en la capital bolivarense, los vecinos denuncian que la inseguridad en la zona se complica aún más. Comentan que a veces los mismos delincuentes poseen armas más sofisticadas que los mismos vigilantes, quienes en algunos casos no cuentan con ninguna.

Hecho que agudiza una situación que parece no tener solución futura. Muchos serenos mueren a manos del hampa por la falta de armamento para poder defenderse.

Jonathan González, nombre ficticio para resguardar su identidad, es un hombre de 43 años que vive en el barrio Vista del Sur. Labora como vigilante privado en la urbanización San Rafael cuenta que todos los días tiene que levantarse a las 5:00 de la mañana para prepararse, colocarse su uniforme e irse en el transporte de la compañía para ejercer su labor. Su turno es de 6:00 am hasta las 6:00 pm.

Su día consiste en caminar por la urbanización para ver que todo esté en orden, vigilar que los carros que pasen por la caseta de vigilancia no tengan pasajeros sospechosos y estar pendiente de la seguridad de los transeúntes, “es un trabajo fastidioso pero no tengo otra cosa para comer”, dice González.

El problema es que su vida está en riesgo, debido a que San Rafael es considerada una zona “roja” en materia de seguridad, y los vigilantes o celadores como él no poseen un arma para defenderse.

“A veces tengo miedo que venga un malandro de esos y me mate porque no tengo cómo defenderme. No me dan nada porque no confían en uno, pues, y ha sucedido que llegan malandros huyendo y yo no puedo hacer nada así se meten para acá”,

Estos trabajadores devengan un sueldo bastante pobre. Sus salarios no pasan del sueldo mínimo con horarios de hasta doce horas diarias, sin descanso y con la incertidumbre de que algún maleante les haga daño.

Con un rolo
Una persona que prefirió no ser identificada manifiesta que su labor es supervisar a los empleados de una compañía de seguridad. “Yo tengo que echarles un ojo de vez en cuando para ver si trabajan bien o si algo les ha pasado, porque nunca se sabe”, expresa

Aun así está consciente que el trabajo puede ser peligroso. Estas personas sólo pueden portar rolos pero nunca armas. La razón: “ninguno de ellos tiene un porte de armas y no puedo arriesgarme a que me sancionen por eso”, declara.

Cuando a un guardia le toca hacer su turno de noche, la situación se torna complicada. Muchos factores dificultan la vigilancia, como el hambre y el sueño. Además de esto, las personas que los contratan no consideran las carencias con las que trabajan.

“No tenemos tiempo”
La delincuencia ha obligado a muchas personas a encerrarse en sus jaulas de metal para sentirse medianamente seguros. La mayoría de las urbanizaciones de la ciudad se encuentran bloqueadas por portones eléctricos, barriles llenos de cemento o casetas de vigilancia.

Las deficientes políticas de seguridad han llevado a la población a asumir responsabilidades que no les competen. Rara vez se observa alguna patrulla monitoreando las zonas de la ciudad capital.

Según Gustavo España, presidente del condominio del conjunto Residencial Marhuanta, ubicado en la avenida Humboldt, los procedimientos policiales llevados a cabo por las autoridades se deben a las contantes denuncias de los habitantes que ya no aguantan vivir en ese estado.

Afirmó que las cuatro torres que integran este conjunto residencial se organizaron a fin de elaborar todo un mecanismo de seguridad compuesto por un portón y llave eléctrica para el acceso al conjunto, así como el cercado de todo el perímetro de los edificios, para evitar más hechos delictivos.

España señaló que se ha establecido un pre acuerdo con la PEB para colocar un módulo policial dentro del edificio, que no sólo garantizará la protección de los habitantes de las cuatro torres sino de todos lo que vivan en zonas cercanas.

Habla la autoridad
Funcionarios de la Policía del estado Bolívar señalan que hay carencias de equipos y efectivos. “No tenemos tiempo para ir de urbanización en urbanización a cuidar cada uno de los ciudadanos.

Nosotros le damos prioridad a otros asuntos como los homicidios, secuestros, redes de narcotraficantes, el robo y hurto, antes que recorrer las urbanizaciones, debido a que no contamos con el suficiente personal para cubrir toda la ciudad”.

Se atrevió a aconsejar a las personas “a que coloquen sus rejas, vigilancia o cualquier cosa para su protección porque no se dan a basto para tanta gente”.

“El Gobierno debería invertir más en seguridad y no gastar tanto dinero en cosas innecesarias”. Comenta el uniformado que aquellos que denuncien la situación de los cuerpos de seguridad corren el riesgo de perder su empleo.

Asimismo, indicó que muchos de estos vigilantes son personas con antecedentes penales, por lo que deberían conocer de dónde vienen antes de contratarlos.

Son necesarios
Pocos funcionarios, escasos equipos y falta de preparación obliga a los habitantes de Ciudad Bolívar a recurrir a las empresas de seguridad para vivir un poco más tranquilos.

Carla Méndez, vecina de la urbanización Los Coquitos, dice que “a falta de ayuda de los cuerpos policiales, tenemos que confiar en los vigilantes porque nadie más nos cuida”.

Asegura no sentirse tranquila por esta situación, ya que los altos índices delictivos amenazan la estabilidad y la vida de las personas. “Nosotros intentamos pagar las cuotas a tiempo, de por lo menos llevarles un café o alguna cosita, porque los necesitamos y no nos podemos dar el lujo de perderlos”, confiesa.

¿Por qué no se usan armas?

En Venezuela para portar un arma de fuego es necesario tener un permiso llamado “porte de armas” o de lo contrario sería ilegal, por esta razón varias empresas de seguridad prohíben a sus empleados el uso de armamentos.