LOS JUECES CONTRADICEN A IBARRA Y SOSTIENEN QUE LA REDUCCIÓN DE ESCOLTAS ES "DRÁSTICA"
UNAI MORÁN - Bilbao - 08/04/2011

La polémica volvió a sacudir ayer el ámbito judicial vasco, que no era escenario de marejadas desde la llegada de Juan Luis Ibarra a la presidencia del Tribunal Superior. Y ha sido el propio Ibarra quien ha desencadenado esta vez la discordia con la firmación que hizo el miércoles de que la protección de los jueces frente a ETA se mantiene igual tras la tregua de la organización terrorista. No tardaron ayer en contradecirle varios magistrados a título particular y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a través de un duro comunicado.

Ibarra afirmó que todos los jueces vascos, salvo quienes se han negado a ello expresamente, mantienen la protección. Eludió concretar, sin embargo, que una decena de magistrados, algunos de los cuales ocupan incluso cargos de relevancia, se han quedado desde febrero sin uno de los dos guardaespaldas que antes les custodiaban. Esta reducción se ha compensado en todos los casos con la adopción de medidas complementarias como la contravigilancia.

Fue el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien el pasado mes de septiembre anunció una reorganización de la protección personal de los jueces que iba a basarse en una nueva evaluación de riesgos. No ha sido la retirada puntual de escoltas, sin embargo, la que ha puesto en pie a la judicatura, sino el miedo a una reducción mucho más drástica en las próximas semanas. Pese a la tregua etarra, este temor se ha incrementado tras conocer que los miembros del último comando detenido en marzo, el Otazua, disponían de información sobre algunos magistrados a los que habían realizado seguimientos.

La sección vasca de la conservadora APM se mostró contundente al cargar contra Ibarra por primera vez desde su toma de posesión hace un año. La asociación criticó que algunos magistrados han conocido la reducción de su protección personal "de forma indirecta, sin que nadie haya mantenido con ellos una entrevista a efectos de valorar sus riesgos". En este sentido, consideró que la merma del servicio de escoltas "no ha sido en absoluto aclarada" por parte del Departamento de Interior.

La agrupación conservadora de jueces desveló que con fecha 1 de abril estaba prevista una nueva reducción de guardaespaldas, pero aclaró que la decisión "se logró aplazar" finalmente hasta que la Administración cumpla "el deber elemental de contacto e información personal con cada interesado", que a día de hoy, en su opinión, no se ha realizado. Quizá por este motivo, la APM consideró que "no resulta sencillo explicar las declaraciones" de Ibarra, dado que conoce de primera mano "la situación y el acuerdo que hace una semana adoptó la Sala de Gobierno del Superior".

La asociación mostró su "más absoluto rechazo" a cualquier medida de reducción en los servicios de escolta "en tanto no se explique de manera pormenorizada y sin provocar agravios comparativos cuáles son las razones objetivas y que en cada caso concreto lo justifican". Todo un aviso a navegantes, si se tiene en cuenta que es la agrupación mayoritaria en los órganos de representación de la judicatura vasca. Una posición en la que no está sola, ya que coincide con la de magistrados progresistas de Jueces para la Democracia (JpD) e independientes.

Lo cierto es que el papel no se antoja sencillo para Ibarra, como máximo representante de una judicatura abocada a sufrir los mismos recortes de protección personal que se han aplicado ya a otros colectivos como el de los antiguos altos cargos o algunos políticos actuales. En esta decisión, adoptada de forma unilateral por parte de Interior, en la que confluyen dos causas principales: por un lado, el descenso de la actividad terrorista por parte de ETA y su tregua actual, por otro, la crisis económica y la consecuente necesidad de reducir el nivel de gasto.

Fuente: EL PAÍS.com

Se han evaluado los riesgos y ha llegado el momento de reducir las escoltas. El Departamento de Interior del Gobierno vasco quiso ayer responder a los jueces con un mensaje escueto. Sin ánimo de entrar en polémicas con un colectivo que es «objetivo prioritario» de ETA, la consejería trató de restar importancia a las quejas de la cúpula judicial tras el cambio en los mecanismos de protección que comenzará a aplicarse sobre un grupo de magistrados a partir del próximo 1 de mayo. «Todos los ajustes planificados tienen que ver con el análisis individual del riesgo» de sufrir un atentado, subrayaron ayer desde el Ejecutivo autónomo.
La consejería que dirige Rodolfo Ares tiene por norma huir de los enfrentamientos en público sobre las medidas de seguridad que aplica a los amenazados. Los jueces, sin embargo, se han convertido en el primer colectivo de peso que ha mostrado sus discrepancias respecto a los cambios que se quieren poner en marcha. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior del País Vasco ha remitido a los ejecutivos central y autonómico un escrito en el que muestra su enfado por la reducción de las escoltas. Aunque todos los magistrados dispondrán de este servicio, algunos de ellos verán modificada la intensidad de la vigilancia.
La modificación ha sido ya comunicada a los afectados a través de una notificación fechada el pasado 29 de marzo. En esa carta se anunciaba que los cambios entraban en vigor el 1 de abril, fecha que la cúpula judicial consiguió retrasar hasta el próximo 1 de mayo.
Los planes de Interior han llegado, incluso, a provocar tensiones dentro de los jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria entre la judicatura, censuró el pasado jueves al presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, después de que éste asegurara en un acto público que los mecanismos de protección se mantenían tal y como habían sido diseñados en 2001. En aquel año ETA asesinó a la salida del garage de su domicilio al juez de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón. La APM entiende que nada ha cambiado desde entonces, toda vez que la Guardia Civil ha incautado al comando Otazua, desarticulado el mes pasado, documentación con seguimientos pormenorizados a un magistrado vasco que se habían realizado no demasiado tiempo antes de que la banda anunciara en septiembre el cese de sus «acciones ofensivas».
El malestar del colectivo judicial será uno de los puntos que abordarán hoy en la sede central de la Ertzaintza en Erandio el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Como cada vez que departen juntos, los mecanismos de protección a amenazados ocuparán parte de la reunión. Los dos responsables de las fuerzas de seguridad analizarán también la situación de la lucha contra ETA después de que la organización terrorista mantenga activada una tregua «permanente y verificable» desde el pasado enero. El alto el fuego no ha impedido que la Gendarmería francesa haya detectado movimientos de etarras en unos parámetros similares a los de todo el año anterior ni que Policía y Guardia Civil hayan detenido a comandos en activo con datos de posibles objetivos.
Polémica con Pastor
Rubalcaba, que a mediodía protagonizará un mitin en Cantabria, y Ares discutirán, asimismo, sobre la situación legal de Sortu y su recurso ante el Tribunal Constitucional y sobre la coalición Bilbu, que esta tarde lleva a cabo su puesta de largo oficial con un acto en el Kursaal de San Sebastián.
Los dos dirigentes socialistas intercambiarán finalmente pareceres sobre las declaraciones que el jueves efectuó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, en el Parlamento vasco. El también líder del partido en Vizcaya se distanció del discurso del PSOE al aseguran que los socialistas vascos están «más cerca» del voto particular de siete magistrados del Supremo favorables a que la izquierda abertzale tradicional tuviera marca propia en las elecciones municipales de mayo que de la sentencia que ha anulado a Sortu.
El ministro del Interior ya avanzó ayer su opinión sobre este tema durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Rubalcaba trató de minimizar la polémica al asegurar que lo dicho por Pastor es «una sola declaración de un dirigente del PSE» y prefirió quedarse con el discurso de Patxi López y del propio Ares en las últimas semanas. «Me remito -advirtió- al lehendakari y al consejero de Interior, quienes han defendido que la Justicia decide».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110409/politica/interior-responde-evaluado-riesgo-20110409.html