La Guardia Civil estima que en lo que va de año cerca de un centenar de inmigrantes, en su gran mayoría subsaharianos, ha escapado de la ciudad por vías oficiosas, es decir, sin formar parte de las salidas organizadas por la Dirección General de Inmigración.
¿Cómo? Sobre todo en los camiones que cargados de basura llegan a la península a diario, siguiendo así una vieja técnica que pusieron en marcha hace unos años los magrebíes. Pero ahora esa vía se ha descontrolado, la presión es constante y fiel reflejo de la misma son las estadísticas oficiales que se manejan.
Al CETI no han regresado, en estos cuatro últimos meses, 80 inmigrantes, según las mismas fuentes. Se trata de subsaharianos de reciente entrada y que tras varios intentos de acercamiento a la planta de tratamiento de residuos del Hacho o directamente al puerto, consiguieron burlar los controles y llegar al otro lado.
A esta cifra se le suma los marroquíes o magrebíes que dicen ser argelinos y que la Benemérita sospecha que no lo son, que también explotan la misma vía.
Pero si esta cifra es llamativa, más lo es la global alcanzada el año pasado. En 2010 se marcharon del CETI por esta vía casi 250 inmigrantes, el doble de los que consiguieron protagonizar las salidas oficiales agenciadas con oenegés peninsulares.
Pero ¿qué hay detrás de esta presión? ¿Simples escapadas favorecidas por la presión o al algo más? Tanto Guardia Civil como Policía Nacional mantienen abiertas distintas vías de investigación. Sobre todo tras ser conocedoras de algunas salidas que son imposibles de llevar a cabo sin ayuda exterior. Por ejemplo, la de varias embarazadas que se encontraban entre esos casi 250 subsaharianos que en 2010 se marcharon del CETI. Está claro que no abandonaron Ceuta ocultas en contenedores de basuras ni agarradas a los bajos de un camión. Sobre todo en casos de embarazadas en avanzado estado de gestación.
La UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía consiguió desmantelar el mes pasado una organización dedicada al traslado de magrebíes que contaba con la connivencia de un agente de este mismo Cuerpo. Tras varios meses de investigación y la negativa del Fiscal a conceder las intervenciones telefónicas solicitadas por la UCRIF, finalmente se contó con este apoyo y en menos de una semana, con las bendiciones judiciales para seguir telefónicamente los pases, se detuvo a los implicados.

Debate sobre la seguridad privada

El malestar hecho público ya por la Asociación Unificada de Guardias Civiles por el desgaste de las patrullas en el control de una propiedad privada como es la planta de Urbaser, amén de las quejas internas de algunos mandos tanto de Benemérita como de Policía Nacional, ha forzado el debate sobre la obligación de la empresa que explota el traslado de las basuras de disponer de vigilancia privada, requiriéndose del apoyo de las demás fuerzas de seguridad sólo si los vigilantes no pudieran controlar la presión migratoria. Los propios trabajadores son los primeros que se quejan ya que se ven obligados a hacer funciones que no les competen. Se podría obligar a la empresa a dar este paso.

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