Las salas están obligadas a contratar a vigilantes de seguridad a
partir de 300 personas de aforo La entrada a muchos locales sigue
vigilada por ex militares de países del Este que, a veces, van armados
La muerte del joven Álvaro Ussía en Madrid tras los golpes que recibió
de los porteros de una discoteca ha vuelto a poner a estos empleados en
el punto de mira. Días después, un joven en la localidad murciana de
Lorca sufría otra brutal agresión por parte de los mismos
profesionales, los controladores de la entrada de una sala de fiestas.
Fuertes, agresivos y con especial facilidad para actuar, los porteros
de discoteca no han gozado de buena imagen en una ciudad como Granada,
famosa por su ocio nocturno. Y es que la agresividad de estos
trabajadores no es una exageración; cada mes siguen llegando denuncias
por agresión contra ellos a las comisarías de la Policía de la ciudad.
Una triste realidad en la que los empresarios tienen mucho que decir.
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en regular, en el año
2003, el derecho de admisión en los locales de ocio nocturno para
evitar la arbitrariedad con la que el persona de entrada decidía quien
podía entrar y quien no en bares de copas y discotecas.
En aquellos decretos se establecía también que las salas de
espectáculos debían contar con los servicios de vigilantes de seguridad
titulados. La federación de asociaciones de empresarios de cine
recurrió este punto por sentirse perjudicados, lo que permitió que
durante tres años, hasta que hubo resolución judicial, quedara en el
aire la obligación de tener personal titulado.
Sin embargo, desde octubre de 2007, estos establecimientos están
obligados a contar con servicios de vigilancia durante todo su horario
de funcionamiento, cuando el local supera las 300 personas de aforo.
Las competencias para vigilar que esto se cumpla las tiene el
Cuerpo Nacional de Policía, que durante este año ha realizado más de 20
inspecciones a estos locales. Agentes de paisano observan a los
trabajadores de discotecas y bares y ya han presentado en lo que va de
año alrededor de una decena de propuestas de sanción por dejar en manos
de personas no formadas las delicadas tareas de vigilancia.
Sin formación alguna
El responsable policial de estas inspecciones explicaba que es
habitual que en las grandes salas de fiestas y bares de copas sean
personas sin formación las que tienen el control de la entrada. El
perfil de estos empleados, que suelen proceder de países del Este, es
el de varones que han ejercido en sus lugares de origen como policías o
han servido en el Ejército.
Están bien preparados físicamente y tienen un aspecto
intimidatorio. Y además, en esas inspecciones han constatado que no es
raro que vayan armados con porras extensibles y otras de madera. En una
ocasión, encontraron a uno de estos porteros un juego de grilletes.
La labor de estos porteros, según explican las mismas fuentes
policiales, debe limitarse a controlar que el cliente ha pagado la
entrada y deben velar por que sean mayores de edad.
Pero ni siquiera pueden exigirles la documentación, eso es algo que
sólo puede llevar a cabo un vigilante de seguridad. En esta observación
policial, los agentes han comprobado cómo esos porteros exigían la
documentación y llegaban incluso a cachear a un cliente, algo que
excede completamente sus posibles competencias. Además, el derecho de
admisión de los clientes, lo ponen en práctica de una forma totalmente
subjetiva. Estos trabajadores, que suelen tener su documentación en
regla y están dados de alta, proceden de algunas empresas que ofrecen
'personal de servicios', pero también de mafias extranjeras. Un grupo
reducido de hombres se encarga de buscar otros compatriotas de sus
características para que el negocio de la entrada quede en manos del
mismo círculo.
Esta extralimitación en sus funciones de los porteros es la que los
agentes de la Policía Nacional denuncian ante la Subdelegación del
Gobierno que es la que tramita la sanción.
Multas
En caso de detectarse a un empleado ejerciendo labores que
corresponden a un vigilante de seguridad, la multa se dirige a tres
frentes. Por un lado, la empresa que ofrece a ese trabajador, que puede
recibir una multa desde 30.000 euros. Y por otro, el trabajador que
ejerce sin estar titulado y el establecimiento en el que presta sus
servicios, que reciben una sanción a partir de 3.000 euros.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía señalan que la mayoría de
grandes establecimientos que están obligados a contar con al menos un
vigilante de seguridad, suelen contratarlo, aunque siguen siendo los
porteros los que ejercen en realidad esa labor.
Las mismas fuentes explicaron que, suelen ser los locales de más
tamaño los que dan más problemas. Y cada mes siguen llegando varias
denuncias por agresión contra estos 'controladores sin control'. Desde
el Cuerpo Nacional de Policía señalaron la necesidad de que los
porteros reciban formación específica, algo que ya han tratado en
algunas reuniones con los empresarios granadinos. El derecho de
admisión sigue siendo el punto más conflictivo del negocio nocturno.
Estos locales, según explica el jefe de servicio de Juegos y
Espectáculos de la Junta, Juan Carlos Ruiz, sólo pueden negar la
entrada en casos concretos. Según estipula el reglamento de admisión,
pueden prohibir el acceso cuando el aforo esté lleno, sea la hora de
cierre, el cliente sea menor de edad, no haya abonado la entrada, se
muestre agresivo o porte armas, no cumpla condiciones de higiene, o
lleve símbolos que inciten al racismo o la violencia.
Desde 2005, en este servicio han recibido 51 denuncias de clientes
contra estos locales por no cumplir el derecho de admisión y han
levantado nueve expedientes sancionadores durante 2008 por el mismo
motivo. Ruiz explica que, además, hay hojas de reclamaciones por el
mismo motivo que pasan al servicio de Consumo y otros expedientes que
los tramita el Ayuntamiento en el que esté el local de ocio. Estas
infracciones, consideradas graves, conllevan una multa de 301 a 30.000
euros.
Por su parte, tras el homicidio de Pintor Rosales, la Federación de
Salas de fiesta, Baile y Discotecas de España se pronunció a través de
un comunicado en el que advertía que la solución al problema de los
porteros pasa por «la puntual actuación de la autoridades competentes».
Y advierten que los porteros 'legales' no tienen encomendadas funciones
de seguridad, sino de relaciones públicas, además de defender que
realizan cursos de formación para ellos.
mvcobo@ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20081123/granada/agresiones-discotecas-repiten-cada-20081123.html