Primero radiografiaron al conductor peligroso. Más tarde, al incendiario. Ahora le ha tocado al furtivo. Año y medio después de que el fiscal superior de Galicia encomendase a la Guardia Civil un estudio sobre la incidencia de la actividad marisquera ilegal en la comunidad autónoma para estudiar si podría ser susceptible de constituir un delito contra el medio ambiente, los agentes del instituto armado -en particular los del Seprona y los del Servicio Marítimo- han puesto sobre la mesa de Carlos Varela un amplio estudio que identifica a los furtivos por tipos, las zonas donde operan, especies más codiciadas y los problemas que se encuentran quienes luchan contra ellos.

El informe no ha servido para tipificar el furtivismo como delito, pero sí apunta algunas soluciones para poner fin o, al menos, reducir de manera importante la actividad ilícita, así como medidas para mejorar el trabajo de los vigilantes y quienes tienen encomendado actuar contra los mariscadores ilegales.

Equipos mixtos

Y en este plano, la sugerencia que se ha hecho a la Fiscalía, además de mejorar la colaboración y la coordinación entre la Xunta y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es la de conceder mayor poder a los guardapescas marítimos. Incluso plantea la creación de equipos mixtos para paliar los inconvenientes de que, como miembros de seguridad privada, carezcan de la condición de agentes de la autoridad. Eso impide, por ejemplo, que puedan decomisar marisco si está ya introducido en el maletero de un coche por más constatación que tengan de que ha sido extraído de una forma ilegal, o que no puedan actuar si alguien se niega a identificarse. Y los furtivos lo saben, con lo que, por encima, tienen que aguantar las agresiones verbales y otros ataques y amenazas.

Pero más que autoridad, el fiscal superior cree más imperioso aun conseguir la independencia funcional del colectivo. Sostiene que el hecho de que los guardapescas dependan de las cofradías que les pagan para vigilar genera una disfunción, puesto que aquellos deben realizar las labores que les encomiendan quienes los contratan y, en ocasiones, se pone coto a su actividad.

Y si es conveniente romper el vínculo patrón-empleado entre pósitos y vigilantes, la Fiscalía también aboga por separar las funciones inspectora y sancionadora. Es decir, que no sea el mismo que vigila el que decida la sanción. Con eso se evitaría la proximidad personal de los infractores con el ámbito de las cofradías.

¿Ventajas? Se facilitaría la labor de los guardapescas y se eliminaría la presión que sufren los directivos del pósito al tener que perseguir personas de su círculo próximo.

Incluso se propone una última actuación en el primer eslabón de la vigilancia, el de los guardapescas, y es que las denuncias se canalicen directamente ante la Administración competente, en lugar de hacerlo a través de la cofradía, tal y como ahora se hace en el 71 % de los casos.

En Galicia hay 157 guardapescas, que dependen de las cofradías

http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/06/13/0003_201106G13P20994.htm