El robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela ha abierto un amplio debate acerca de la protección del patrimonio artístico y cultural en templos religiosos y edificios públicos. Los robos de obras de arte han sido una constante en la historia de la humanidad, desde los expolios llevados a cabo por insignes conquistadores europeos en los restos de grandiosas ciudades fundadas por antiguas civilizaciones a los de piezas de museo extraídas al más puro estilo 'Misión Imposible' o simplemente descolgando un cuadro y llevándoselo bajo el brazo, como debió ocurrir con 'El grito' de Edvard Munch en el Museo Munch de Oslo (Noruega).
Ejemplos como estos parece que no terminan de calar entre los encargados de proteger los tesoros artísticos de la humanidad. Al menos eso ocurre en Cádiz, donde se ha dejado al que probablemente sea el edificio de la provincia con una mayor concentración de obras de arte de gran valor, el Museo Provincial, sin servicio de seguridad. Así, desde hace varias semanas cuadros de artistas de la talla de Pedro de Campaña, Murillo, Zuloaga, Zurbarán, Sorolla, Miró, los Costus o Rafael Alberti, por poner solo algunos ejemplos, además de la amplia colección de piezas arqueológicas y hasta los títeres de La Tía Norica, dependen únicamente del celo profesional del personal propio del museo, conserjes y asistentes de sala.
Estos profesionales realizan su labor diaria manteniendo el orden, dando indicaciones a los visitantes o avisando de la prohibición de hacer fotografías con flash, por ejemplo, pero, seguramente ninguno de ellos querrá verse en la situación de enfrentarse a un amigo de lo ajeno, con el peligro que ello conlleva.
El motivo por el que se ha retirado la seguridad privada de la pinacoteca de la plaza Mina es que la Junta de Andalucía, y más concretamente la Consejería de Cultura, ha decidido realizar un recorte en sus gastos por motivos presupuestarios.
No es el único caso. Lo mismo ocurre en el Archivo Histórico Provincial de la calle Cristóbal Colón. Tampoco este edificio cuenta con servicio de seguridad privada desde hace meses. El motivo es el mismo: la falta de recursos económicos en la administración autonómica. El temor también es similar: la falta de garantías en la vigilancia de documentos, la mayoría de gran antigüedad y de mucho valor, tanto que constituyen uno de los archivos históricos más importantes de toda España.
Justificación
Pero no es la Delegación Provincial de Cultura la única que ha decidido recortar gastos en materia de seguridad. Según se explica desde la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz esta decisión se ha tomado de forma generalizada por otras consejerías. En la mayoría de los centros de la administración autonómica en Cádiz se ha decidido suprimir el servicio prestado por las empresas de seguridad privada bajo el pretexto de que la presencia de los propios funcionarios o laborales de la Junta de Andalucía es suficiente para mantener el control en los edificios correspondientes.
La política que estarían siguiendo diferentes delegaciones provinciales en sus centros es la de suprimir la vigilancia en aquellos en los que hay atención al público por la mañana y por la tarde, manteniéndola en los casos en que el edificio quede cerrado a partir del mediodía.
Algunos ejemplos de esta nueva orden de reducción de gastos en seguridad se dan en el Instituto de Medicina Legal, en la calle Sánchez Barcaiztegui, o en la sede de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la calle Nueva.
El segundo caso es especialmente llamativo, por tratarse de un centro en el que el trasiego de usuarios es constante. La estampa de las grandes colas de personas que en determinadas fechas se concentran desde el interior hasta la calle en las cercanías de este centro donde se recoge buena parte del papeleo para optar a cualquier puesto de trabajo en la Junta de Andalucía es muy usual. Por eso llama la atención que se prescinda de un vigilante que esté capacitado para actuar en cualquier conflicto que pueda surgir en este tipo de aglomeraciones. Este tipo de situaciones conlleva el malestar de los empleados de los distintos centros administrativos, que se sienten desprotegidos en caso de que se produzca un altercado, tal como se denuncia desde los sindicatos del sector público.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110720/cadiz/museo-cadiz-archivo-historico-20110720.html