Los conductores que circulen de manera imprudente y, como consecuencia, provoquen un accidente con consecuencia de muerte o daños humanos graves, serán imputados inicialmente con un delito de homicidio o lesiones. Es la nueva línea de actuación en materia de tráfico que ha anunciado la Fiscalía General del Estado, y que se aplicará en casos en los que la causa del siniestro sea superar la tasa de alcoholemia permitida, conducir a más de 150 kilómetros por hora, utilizar el móvil, no descansar lo suficiente o no respetar la distancia de seguridad, entre otras imprudencias.
La fiscalía considera que, aunque ha aumentado el número de condenas por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, todavía se reconducen a juicio de faltas "un relevante número de los mal llamados accidentes, que quedan sometidos así a las negociaciones con las compañías de seguros" y acaban archivados tras acordar cantidades "pactadas por debajo de un baremo ya per se insuficiente".

Las penas de cárcel para el homicidio imprudente van de uno a cuatro años y el de lesiones graves (daños medulares, cerebrales... ) de tres meses a tres años de prisión, como recordó el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en la presentación de datos sobre seguridad vial esta mañana en Madrid. Este endurecimiento de la acusación inicial pretende ayudar a la "lucha contra lacras como la velocidad o el alcohol al volante", apuntó el fiscal. Además, en los casos más graves de accidentes de tráfico provocados por una imprudencia grave, la respuesta de los fiscales y la policía judicial será pedir el ingreso en prisión inmediato, el decomiso del coche y la intervención del permiso de conducir, ha detallado Vargas.

La Fiscalía General del Estado ha presentado también estadísticas sobre delitos en seguridad vial. En lo que va de año se han dictado 35.000 sentencias condenatorias (345 de ellas, homicidios imprudentes y lesiones graves) frente a las 68.300 de 2010.

En cuanto al delito de exceso de velocidad, éste disminuyó en torno al 48% en 2010 respecto al año anterior, aunque las cifras son muy dispares en las distintas provincias, señaló Vargas. La detección de velocidades excesiva es complicada, según la fiscalía, por las limitaciones de algunos cuerpos policiales para disponer de los radares, la existencia de dispositivos GPS que avisan de la presencia del radar y la determinación legal de la velocidad penalmente punible (80 kilómetros por hora por encima de la permitida en vías interurbanas, 60 en urbanas) a la que se suman los márgenes de error de los cinemómetros.

Los delitos por conducción etílica siguen siendo uno de los más habituales (suponen el 35,5% del total), y han ido en aumento desde la reforma del Código Penal en 2007, que considera la superación de la tasa de alcohol permitida como delito. Otro delito habitual es la violación del artículo 384 CP, que engloba tres delitos: la conducción sin permiso, después de haber perdido judicialmente el permiso y tras la pérdida del carné por puntos. No obstante, este delito ha disminuido en un 31%, según la Fiscalía por el "efecto disuasorio del sistema".

En cuanto a los escritos de acusación, en lo que va de 2011 se han formulado 46.230, con lo que la fiscalía considera factible que el año pueda acabar con más de 100.000 fremte a los 84.100 de 2010, ha explicado el fiscal, que destaca que, del total de escritos llevados al juzgado de guardia, la mitad son por delitos contra la seguridad vial. Bartolomé Vargas ha cuantificado en 600 las personas en prisión por esta causa.

FUENTE: El País