La 'factura' de la seguridad privada ligada a la prevención de atentados en Euskadi es una auténtica locura. Los gobiernos central y vasco han gastado este año en torno a los 170 millones de euros en la protección de políticos, concejales, jueces, magistrados y algunos representantes institucionales. Ambas administraciones mantienen un acuerdo para financiar el 'problema' al 50%.

Esa cifra sólo refleja una parte de los costes reales. A ella hay que añadir el dinero que invierten empresas y entidades privadas en la seguridad de sus instalaciones y de su personal directivo sometido a amenazas de ETA. No hay estimaciones oficiales que reflejen el desembolso total por ese concepto y para ofrecer una imagen real de los recursos que se dedican a él en el País Vasco sería necesario añadir a la suma los efectivos que dedican la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado a ese cometido.

Para entender la magnitud de este desvarío es aconsejable someter las cantidades a un análisis comparativo. Hay uno que resulta contundente: con el dinero público que se gasta en Euskadi en guardaespaldas se podría construir un museo Guggenheim nuevo cada año. La obra de Frank Gehry costó 120 millones de euros. Adaptando las cifras a la inflación se concluye que los dos presupuestos se parecen bastante.

Aunque con algunos altibajos -la última tregua de ETA supuso también una relajación en el gasto-, el dinero público destinado a escoltas no ha dejado de crecer desde el año 2000, cuando los gobiernos central y vasco decidieron reforzar la seguridad de los amenazados con personal de empresas privadas.

http://www.eldiariomontanes.es/20081207/nacional/destacados/gobiernos-central-vasco-gastan-20081207.html