Las empresas de seguridad privada forman parte también de la nómina de proveedores que hacen cola desde hace meses ante la Administración valenciana para cobrar por sus servicios. Según fuentes del sector consultadas por este diario, las facturas pendientes se arrastran en algunos casos desde casi dos años, una situación que ha llevado a algunas adjudicatarias a renunciar a seguir trabajando para la Generalitat dada la asfixia económica que implica no cobrar. En algunos casos, la deuda supera los tres millones de euros.
Desde hace años, la Generalitat confía en empresas privadas la seguridad de los edificios administrativos. La policía autonómica tiene asignada, entre otras competencias, la vigilancia y custodia de los edificios públicos. Sin embargo, estas tareas se comparten con empresas de seguridad privada. La falta de liquidez de las arcas autonómicas ha ralentizado los pagos a las empresas contratistas hasta el punto de que se está tardando hasta veinte meses en cobrar.
Desde la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios se admite que la situación es "dramática" para unas empresas que, además de no cobrar, se ven obligadas a adelantar el pago del IVA. Además, apuntan, las distintas conselleries que requieren seguridad privada para sus centros de trabajo han dejado de convocar concursos públicos y contratan mediante el procedimiento de subasta, lo que obliga a las empresas del sector a hacer ofertas a la baja, con precios con los que apenas cubren los gastos del personal. Muchas de estas empresas han acudido a los tribunales para reclamar los intereses de demora.
Pero no sólo este sector está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera de la Generalitat. Según ha podido saber este diario, el tijeretazo en el gasto público ha supuesto en algunos casos una merma en la prestación de los servicios de seguridad privada. De hecho, algunos edificios administrativos van a quedarse sin personal de vigilancia o han visto ya reducido sensiblemente el número de efectivos dedicados a estos menesteres.
Cabe apuntar que en centros sanitarios o de servicios sociales las carencias en seguridad pueden generar situaciones delicadas, ya que se trata de lugares donde a menudo se producen conflictos. Es el caso de los centros de menores. Según ha podido saber este diario, ya existen centros de menores afectados, que en unas semanas se quedará sin vigilante privado.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/09/27/generalitat-debe-seguridad-privada-anos-edificios/843064.html