La crisis obliga a 25 consistorios a echar a 500 empleados
Otros 30 ayuntamientos y empresas municipales adeudan hasta cuatro nóminas a sus trabajadores, según UGT
Marcha de los trabajadores municipales de Los Barrios.
LAURA BÑANCO. SEVILLA. Los alcaldes, nuevos o reelegidos, no paran de decirlo. La administración más tocada por la crisis es la local. Sus ingresos, la mayoría procedentes de las licencias urbanísticas, han caído en picado con la crisis del ladrillo. Y además son la primera puerta a la que llaman ciudadanos desesperados que necesitan cubrir necesidades básicas y asumen competencias que no les corresponden. Sus arcas están vacías y quienes lo sufren son sus plantillas.
Un informe de UGT cifra en 33 los ayuntamientos (25), mancomunidades (una) y empresas municipales (siete) que adeudan varias nóminas a sus trabajadores, impagos que en casos como Órcera y Campillo de Arenas (Jaén), Valverde del Camino (Huelva) o La Línea (Cádiz) se remontan a abril o mayo, aunque la mayoría deben los sueldos de los meses de verano y la paga extra.
En otros ocho municipios, los empleados locales sufren desde hace meses retrasos en los pagos. Cobran cada mes pero nada del día 1 sino a partir del día 20, cuando los empleados ya han tenido que hacer frente a sus letras y recibos domésticos. Con todo, la situación más grave es la de más de 508 trabajadores municipales que en los últimos meses han sido despedido en 16 ayuntamientos y nueve empresas municipales. No se han librado ni los temporales ni los indefinidos o incluso los laborales fijos.
ERE
Algunos de estos despidos se han realizado a través de Expedientes de Regulación de Empleo, temporales o extintivos, como en la empresa pública Elsur de El Ejido (Almería) –con 155 trabajadores despedidos– o la Agencia de Desarrollo Local de Palomares del Río (Sevilla), en la que un ERTE afectó a 15 de sus 30 empleados mientras que el resto fue subrogado por el consistorio pero «no les paga». En el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A denuncia cuatro «despidos políticos» producidos después de que los trabajadores rechazaran el ERTE propuesto por el consistorio el pasado día 21 en asamblea.
Las provincias que acumulan más despidos son Sevilla (138 entre Los Palacios, Herrera, La Lantejuela, Sanlúcar la Mayor, Estepa, Burguillos y la Agencia de Desarrollo Local de Palomares) y Huelva (67 en Aljaraque, Bollullos, Lepe, Valverde del Camino, Gibraleón e Isla Cristina). En Almería, los afectados son más por el ERE de Elsur, al que se suman una decena de despidos en Huércal Overa y Macael. En Cádiz, cuatro empresas municipales de Los Barrios y La Línea acumulan 71 despidos, mientras que solo en Torremolinos (Málaga) hay 59 entre el consistorio y dos empresas públicas.
La morosidad local está igualmente extendida. Siete municipios onubenses, seis en Cádiz, cinco en Málaga o tres en Sevilla adeudan nóminas. Según los cálculos del sindicato, hay unos 10.500 trabajadores afectados.
Francisco Javier González es uno de ellos. Lleva desde 2007 en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir como técnico del programa Andalucía Orienta. Le van pagando «a chorrillo conforme va entrando dinero de la Junta y los fondos europeos» para este programa en el que, paradójicamente, trata de buscar trabajo a parados. «El ambiente es muy tenso pero de cara al público hay que hacer de tripas corazón», reconoce. Actualmente, a los 450 empleados de la Mancomunidad –solo hay 20 fijos aunque algunos llevan encadenando contratos 17 años– les deben la mitad de las nóminas de junio, julio, agosto y la paga extra de verano. Está casado y hasta hace tres meses su mujer estaba parada, por lo que sus 1.500 euros netos mensuales eran los únicos ingresos en casa.
Dramas familiares
Con todo, reconoce que hay compañeros peor. «Yo vivo y trabajo en Lebrija pero los hay que encima les cuesta el dinero de la gasolina venir a trabajar. Uno es de Sanlúcar y tiene cinco hijos, cobra 1.050 euros y dice que en el paro estaba mejor porque al menos cobraba seguro», explica. Aunque ahora es más grave, afirma que los retrasos en los pagos son un «mal endémico» de la empresa, donde los recortes han eliminado los vigilantes de seguridad e incluso la empresa de limpieza. «Solo viene una mujer unas horas para los pasillos pero las oficinas las hemos limpiado nosotros en verano», dice. El martes hicieron huelga y el próximo viernes prevén encerrarse.
Juan Navarro trabaja en Parques y Jardines en Los Barrios (Cádiz). Tiene 49 años, está casado y con tres hijos. El Ayuntamiento ha llegado a deberle hasta cuatro nóminas, las únicas que entran en su casa. «Con tres niños, lo poco que teníamos ahorrado nos lo hemos comido», reconoce. Ahora les deben una y media porque «hace unos días nos ingresaron a todos –unos 400 empleados– 600 euros». Pero su principal preocupación es un posible despido. El nuevo alcalde, el andalucista Jorge Romero, «dice que el ayuntamiento soporta 14 millones de euros anuales en nóminas y solo se puede permitir 7. Constantemente insinúa que sobra personal».
Romero, que fue subrogado por el consistorio en 2009 junto a otros 58 trabajadores de la empresa municipal Iniciativa Los Barrios, reconoce que «es posible que la plantilla esté sobredimensionada» teme que no se haga «un análisis serio, como le han ofrecido los sindicatos, para ver donde sobra gente sino que vamos a pagar el pato los curritos de siempre y gente que cobra 6.000, 7.000 o 10.000 euros al mes lo van a seguir cobrando y no los va a tocar». Los trabajadores de Los Barrios y La Línea protagonizaron este verano duras protestas. Ahora se concentran cada día a la hora del bocadillo y están pendientes de conocer la «reestructuración» que se anuncia
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