Es inevitable pensar en Sherlock Holmes, Phiplip Marlowe o Hércules Poirot cuando se habla de un detective privado. La literatura y el cine han contribuido a fomentar esa imagen romántica y misteriosa que asociamos a esta profesión. Sin embargo, el día a día de estos trabajadores tiene menos glamour.
Las áreas de trabajo son muy dispares. Uno de sus campos de actuación está relacionado con el ámbito laboral. Aquí principalmente investigan bajas fingidas, competencia desleal entre empresas, mala práctica de los empleados, control de ejecutivos para que no filtren información, hurtos, etcétera.
Otra parte de su trabajo se centra en investigaciones relacionadas con asuntos familiares como infidelidades o problemas de herencias.
Actualmente, el mayor nicho de actuación viene del área económico empresarial. Indagar sobre casos de fraude, piratería, falsificación o siniestros fingidos son los campos habituales, pero la crisis económica ha hecho que aumente la demanda de la persecución de morosos. De hecho, según datos del sector, más del 80% de las peticiones de investigación provienen de entidades financieras.
Formación
¿Qué hay que hacer para ejercer? La profesión de detective privado está regulada por la Ley 23/92 de Seguridad Privada, de 30 de julio de 1992, publicada en el B.O.E de fecha 4 de agosto de 1992. Aquí se establece como funciones de este profesional las de obtener y aportar, por encargo de personas físicas o jurídicas, información y pruebas sobre conductas o hechos privados; investigar delitos perseguibles a instancia de personas legitimadas en un proceso penal; y la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
En su formación se insiste mucho en temas relacionados con Derecho: constitucional, mercantil, penal… pero también la ética profesional es una de las materias en las que más se incide.
Trabajar como detective en España exige una diplomatura de tres años, es decir, son necesarios estudios universitarios de titulación propia que pasan por materias como la grafología, política, comunicación, etcétera. Y como tal exigen que el candidato haya superado el Bachillerato y la Selectividad. Una vez finalizados, el aspirante a Sherlock Holmes deberá acudir al Ministerio de Interior con el título para poder obtener la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP). Una licencia que no es necesario renovar, pero que se controla anualmente.
Los estudios más habituales están relacionados con criminología, campo en el que en España hay una larga tradición, pero hasta este año no han obtenido el estatus de grado universitario, y sólo se podía estudiar esta materia a través de diferentes posgrados o como especialización dentro de otras carreras. La Universidad a Distancia de Madrid (Udima) ha apostado por este programa y desde este año lo imparten.
"Es una profesión atípica", reconoce José María Alonso, director operativo de Zenit Detectives, "y no hay muchas licencias. En España habrá unas 2.000, lo cual es muy poco".
Alonso asegura que no hay unas tarifas establecidas, "cada despacho establece sus propios honorarios, siempre guiándose de los precios de mercado". Pero, según el director operativo de Zenit, por tres días de seguimiento en una baja laboral fraudulenta se han llegado a cobrar 2.500 euros y hay detectives, en otros despachos, que han llegado a facturar entre siete y ocho millones de euros en un solo años.
Incompatible
Para ejercer esta profesión hay una serie de aspectos incompatibles, como ser funcionario en activo de ninguna de las Administraciones Públicas en el momento de la solicitud, ni durante los dos años anteriores a la misma; no haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privada, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
Asimismo, no se puede tener antecedentes penales, ni haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones y de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. Tampoco se puede haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
Como en cualquier sector, la crisis también ha salpicado a este negocio. Pero en menor medida. Y es que hay pocos detectives para tanto caso abierto.