Los gritos rompen la tranquilidad del Palacio de Justicia de Cáceres. Los vigilantes de seguridad se apuran para ir al lugar del que proceden las voces. Es en la tercera planta, donde una mujer protesta porque el Colegio de Abogados ha cerrado (a la hora que marca su horario) la atención al público del servicio de orientación jurídica. Se queja a voz en grito porque tiene que volver a hacer cola al día siguiente para solicitar un abogado que le lleve gratis su caso.
«Cada vez hay más personas haciendo cola para solicitar justicia gratuita», explica una abogada al asombrado periodista. «Pide los datos al decano. Te van a llamar la atención».
Carmelo Cascón, decano del Colegio de Abogados de Cáceres, los ofrece y, efectivamente, llaman la atención: en 2008 se tramitaron 4.063 expedientes de justicia gratuita; en 2009 subieron a 5.026; y en 2010 ya se llegó a 5.500 solicitudes. La cifra sigue aumentando. En lo que va de año, hasta el pasado 29 de septiembre, se han tramitado 4.470 expedientes; lo que significa que este año se superarán los 6.000, un 50 por ciento más que en el año 2008.
«El Colegio está haciendo un tremendo esfuerzo para atender la ingente demanda de solicitudes de asistencia jurídica gratuita que se está produciendo», comenta el decano, que señala que han tenido que contratar a más gente para atender a los ciudadanos que demandan abogado gratis. Si hace tres años tenían a cinco personas contratadas, ahora son ocho. Y, pese a todo, siguen las colas.
«Hay que tener en cuenta que ni siquiera disponemos de unas instalaciones adecuadas, por lo que los solicitantes se amontonan en el pequeño espacio que tenemos en el edificio de los juzgados y Audiencia, incluso por los pasillos». Además, la experiencia indica que no sólo acuden los interesados, sino que suelen ir con varias personas (hijos pequeños que no pueden dejar en casa y personas mayores).
La crisis es la culpable de que cada vez más personas acudan a las dependencias del Colegio de Abogados para ver si pueden contar con un abogado que no les cueste dinero. Según la normativa actual, tiene derecho a la justicia gratuita toda persona cuyos ingresos en la familia no superen los 1.242 euros al mes. Para ser beneficiario de esta prestación, los ingresos y recursos de la unidad familiar del solicitante no han de superar el doble del salario mínimo interprofesional.
Por otro lado, cada vez hay más letrados que no cobran directamente a sus clientes, sobre todo en casos de despidos y reclamaciones de cantidad.
El Colegio de Abogados ha sido pionero en la puesta en marcha de la práctica totalidad de los servicios jurídicos que, con carácter gratuito, son ofrecidos a aquellos que se encuentran en situación de fragilidad o desigualdad a la hora de acceder a la justicia. Atienden en el turno de oficio a víctimas de violencia doméstica, a inmigrantes, personas mayores, discapacitados y presos, entre otros colectivos.
El año pasado los letrados cacereños llevaron 5.250 asuntos en los turnos de oficio, asistencia letrada a detenidos y menores. Destaca la ayuda a más de 300 mujeres víctimas de violencia de género.
Según el decano del Colegio, muchos abogados forman parte del turno de oficio por un sentido de compromiso social. De hecho, estos trabajos son abonados con fondos públicos y cobran, aproximadamente, cuatro veces menos de lo normal. Las tarifas, además, no son las mismas en todo el país, lo que puede resultar llamativo. En Cáceres, según datos del año 2009, un letrado que lleve un procedimiento penal abreviado percibía 200 euros, mientras que en Galicia puede ganar 449 euros o en Andalucía 330.
Esta atención a los necesitados es lo que ha hecho que el decano insista desde hace cinco años en pedir al Ayuntamiento que le ayude a levantar una nueva sede colegial en la que atender mejor a la gente.
La actual tiene 250 metros cuadrados y se encuentran en un primer piso de la avenida de la Virgen de la Montaña. A la Corporación se le solicita la cesión de 600 metros cuadrados en un solar que se encuentra entre el tanatorio San Pedro de Alcántara y el Palacio de Justicia, y a cambio, se haría un jardín público o una zona de aparcamiento abierto a todos los ciudadanos.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa, Elena Nevado, conoce bastante bien la realidad del turno de oficio. Ella formaba parte del mismo cuando ejercía de abogada y fue miembro de la junta directiva del Colegio.