La Policía Nacional ha identificado a 827 personas que compraron títulos académicos falsificados a Manuel C. F., detenido en 2008 por presunta falsedad documental. La abrumadora mayoría de los implicados han sido imputados judicialmente porque los han hecho valer ante las instituciones públicas, unas veces para acceder a puestos de trabajo que exigían determinadas acreditaciones oficiales y otras para concurrir a oposiciones y, en último extremo, a puestos en las administraciones.

La investigación de los títulos falsos comenzó en 2008 con la detención del principal sospechoso que, según fuentes de la investigación, se ocupaba de la totalidad del proceso de falsificación. Entonces fueron arrestadas cerca de 30 personas.

Sin embargo, en aquella fase inicial existía la duda de si debían ser imputados todos los que hubieran obtenido una acreditación académica falsa o sólo aquellos que hubieran hecho uso de ella. Algunos de los involucrados sólo pretendían hacer ostentación social de su currículum ante conocidos o clientes y no acceder sin acreditación académica a ninguna profesión.

Fue el instructor judicial quien circunscribió el caso a quienes se hubieran beneficiado de las falsificaciones. Por ejemplo, se han detectado decenas de particulares que han conseguido acceder a las plantillas de policías locales o de agencias de seguridad privada gracias a estas falsificaciones documentales.

En junio de este año, la Fiscalía acusó de un delito de intrusismo profesional a tres vigilantes de seguridad por comprar títulos de Educación Secundaria obligatoria que fueron esgrimidos ante la unidad de seguridad privada de la Comisaría Provincial de Málaga para obtener la pertinente habilitación.

El Ministerio Público les solicitó en su escrito de acusación provisional cuatro meses de multa a razón de 12 euros diarios. En el relato acusatorio se hacía constar que habían desembolsado entre 600 y 920 euros por los títulos de ESO y que tras obtener la habilitación como vigilantes habían trabajado durante años en las principales empresas del sector.

Además, hay ya decenas de condenas cerradas en circunstancias similares con la conformidad de los afectados, mientras que la causa judicial contra el presunto falsificador sigue en la actualidad en fase de tramitación. El avance de los procedimientos judiciales no ha impedido que expertos en fraudes de la Policía Nacional continúen identificando y deteniendo a implicados. Los últimos ayer mismo, cuando ya se contabilizaban 827 implicados según fuentes próximas a la investigación. Cada uno de los compradores de los títulos falsos han pagado entre 500 y 1.000 euros, aunque cuando se ha tratado de títulos universitarios se ha remontado ampliamente esta cifra.

Las falsificaciones abarcan desde diplomas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato o módulos formativos, hasta acreditaciones universitarias que comprenden títulos de Enfermería, Arquitectura Técnica o Ingeniería Industrial, entre otras.

La venta de diplomas no se ha limitado a la provincia de Málaga. La Policía ha detectado a implicados en varias provincias andaluzas, en el norte de España y en Extremadura.