El avance hacia la normalización política que ha supuesto el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA va a conllevar también el final paulatino de una anormalidad que ha padecido Euskadi durante décadas: que una parte de sus cargos públicos y otros colectivos se vieran obligados a llevar escolta. Desde que ETA comunicó su decisión de acallar las armas en octubre, desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco se han ido tomando algunas medidas de reducción de escoltas, especialmente con concejales y exconcejales que antes necesitaban protección, pero a lo largo de este mes esta reducción será mucho más drástica y afectará a un buen número de cargos públicos y a personas que han vivido bajo la amenaza de la organización armada.
La decisión está tomada y así quedó reflejada en los presupuestos para este año que sacaron adelante el PSE y el PP en el Parlamento Vasco, aunque el departamento que dirige Rodolfo Ares tiene intención de reunirse en las próximas semanas con el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para estudiar la nueva lucha antiterrorista en una etapa sin violencia y coordinar las medidas que deben mantenerse para garantizar la seguridad al menos hasta que ETA anuncie su disolución definitiva.
La fecha de la reunión está a expensas de que cuadren las agendas de ambas partes, especialmente por el lado de un Ministerio del Interior cuyos altos cargos tomaron posesión ayer mismo. Desde la consejería de Interior no esperan importantes divergencias de criterio con el nuevo ministerio, después de dos años y medio en los que el entendimiento entre Ares y los dos ministros socialistas -Rubalcaba y Camacho- ha sido pleno, por lo que la importante reducción de escoltas iniciada hace un año gracias a la menor actividad de ETA seguirá su curso.

El ministro vendrá a Euskadi
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tiene entre sus prioridades inmediatas realizar una primera visita al País Vasco en las próximas semanas, según informaron ayer fuentes del ministerio. Tras su nombramiento, Fernández Díaz ha conversado telefónicamente con Rodolfo Ares y también mantiene una comunicación fluida con el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti. En las pocas intervenciones que ha realizado en público, el nuevo ministro ha destacado que la gestión del final de ETA está entre sus principales preocupaciones.
La reducción de escoltas, que podría empezar a materializarse en dos semanas, incluso antes de la reunión entre Fernández Díaz y Ares, es segura desde la presentación de las cuentas para este año, en las que el Gobierno Vasco incluyó un 'tijeretazo' del 57% en este concepto, al pasar de los 88 millones contemplados en 2011 a los 36 millones previstos para este ejercicio. Cabe recordar que el gasto para esta partida en 2010 fue de 140 millones de euros, prácticamente cuatro veces más de lo previsto sólo dos años después.
Aunque los presupuestos para este año se presentaron el 26 de octubre, pocos días después del anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia, las cuentas fueron elaboradas antes de aquel comunicado, por lo que la tendencia a la reducción de escoltas ya era evidente. Este recorte afectó a las empresas de seguridad privada que realizan trabajos de protección para el Ejecutivo autonómico en colaboración con la Ertzaintza. Estas compañías llegaron a emplear a unas 2.500 personas en Euskadi, pero desde que empezaron los recortes se han eliminado más de un millar de empleos, según datos de la Asociación de Escoltas del País Vasco. Una cifra que aumentará a medida que se hagan efectivas las medidas previstas para este mes.
De forma paralela a este descenso de los escoltas privados, Interior también empezó a aplicar el pasado agosto un plan para que muchos ertzainas que se dedicaban a la protección de políticos pasasen a proteger a mujeres víctimas de la violencia de género.

Renuncias voluntarias
El procedimiento general que ha seguido Interior en los últimos meses ha sido dejar con un escolta a las protegidos que hasta ahora llevaban dos y eliminar de forma paulatina la protección de los ediles que perdieron sus actas tras las elecciones forales y municipales del pasado mayo. El anuncio del cese de ETA provocó también que muchos políticos o personas amenazadas renunciaran voluntariamente a los servicios de acompañamiento. Aun así, el departamento de Ares realizó un estudio individualizado de cada caso para determinar qué personas debían mantener la protección.
De cara al recorte que se va a acometer este mes, Interior ha procedido de una manera similar y ha decidido suprimir los servicios de escolta de la mayoría de los viceconsejeros, directores y otros altos cargos del Gobierno Vasco, con la excepción de algunos puestos más sensibles, especialmente los relacionados con el propio Departamento de Interior. También se eliminará la escolta a otros cargos públicos intermedios que requerían protección cuando ETA permanecía activa, así como a un buen número de cargos municipales del PSE y el PP. Algunas personas de colectivos sociales que han vivido bajo la amenaza de ETA en los últimos años también dejarán de ser acompañados por escoltas.