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Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos.
El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.
Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.
Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.
Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser- han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.
Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el... ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como "dietas", para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.
Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridad para realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.
2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.
A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.
En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.
2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.
El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: "Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, 'en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'". El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.
(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).
Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.
2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.
2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacado.
Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canaria por diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.
En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito de intrusismo. El detenido y el resto de imputados ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife, empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.
El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.
Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1'2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.
Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.
Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más del Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.

¡Excelente resumen de una realidad vergonzosa y muestra de la clamorosa impunidad con que actúan estas empresas, las administraciones se hacen cómplices cuando no solo no persiguen con eficacia, si no que adjudican concursos a empresas que saben de sobra que caminan por el filo del delito, cuando no lo abrazan con pasión.

La empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, paga horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas.
Seguridad Integral Canaria, empresa matriz del Grupo Ralons y propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lleva al menos una década tratando de defraudar a la Seguridad Social. Lo demuestran varios documentos de la Inspección de Trabajo entre 2000 y 2011, que constatan que la empresa ha estado pagando horas extras a sus vigilantes en forma de "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas. Con cerca de 2.000 empleados, Seguridad Integral es una de las grandes firmas privadas de las Islas. Lo preocupante es que más del 70% de sus contratos provienen de las administraciones públicas en Canarias y Madrid.
La empresa corre además el riesgo de incurrir en un delito penal si el fraude supera los 120.000 euros alguno de esos años, lo cual no sería de extrañar ya que gasta más de 30 millones de euros anuales en personal, según recoge en una carta de despido. Las denuncias por parte de vigilantes, sindicatos y patronal han sido constantes a lo largo de estos años, pero nadie de momento ha conseguido ponerle freno en estas prácticas. Más bien al contrario, Seguridad Integral ha ido obteniendo cada vez mayor volumen de contratos con ayuntamientos, cabildos y consejerías.
Uno de los documentos de la Inspección de Trabajo que constata lo dicho data del 30 de noviembre de 2004. La oficina en Santa Cruz de Tenerife había recibido una denuncia según la cual Seguridad Integral tenía en nómina trabajadores extracomunitarios sin permiso de trabajo. La Policía Nacional y la citada Inspección se pusieron en marcha, pero no se pudo comprobar ese extremo. En cambio sí se localizaron vigilantes sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Ese fue el primer aviso.
Después de algún tiempo, en otro escrito del 7 de marzo de 2006, la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, constató a partir de sus propias indagaciones que la empresa de Ramírez tenía horas extra no cotizadas (en las nóminas de los vigilantes figuran como "dietas") entre 2004 y 2006, que afectaban a varios trabajadores de Seguridad Integral.
Un tercer documento del 14 de julio de 2006 procedente de la Inspección de Trabajo en Las Palmas, corrobora lo dicho en el párrafo anterior para el periodo comprendido de 2000 a 2004. El texto deja bien claro que "las cantidades abonadas [supuestas dietas] tienen naturaleza jurídica de salario y deberían haber sido incluidas en la base de cotización".
El último documento de la Inspección de Trabajo (pág. 1 y pág. 2) fue emitido hace apenas unas semanas, el pasado 11 de enero. Procede, igual que la segunda, de la Dirección Especial, sita en Madrid. Se informa de actuaciones inspectoras durante 2008, 2009, 2010 y 2011, y destaca que las horas extras se hacían pasar como "otros conceptos". En el informe consta que la empresa se vio obligada por este motivo a fraccionar el pago de los atrasos en 10 mensualidades durante el pasado año.
De hecho este es el sistema habitual. Seguridad Integral paga las horas extra bajo diferentes conceptos para evitar cotizarlas; se produce una denuncia; la Inspección de Trabajo detecta el fraude y sanciona por la vía administrativa; Seguridad Integral paga. La empresa utiliza este sistema desde hace más de diez años, de lo que no es difícil deducir que resulta más rentable que cumplir la ley.
Desde la Inspección de Trabajo en Las Palmas no se ha querido comentar el asunto, aduciendo que son cuestiones privadas, pero algunos trabajadores sí han manifestado su hartazgo ante lo repetitivo de estas prácticas por parte de Seguridad Integral.
No hay medidas extraordinarias que se puedan adoptar contra este engaño continuado, al margen de la sanción administrativa, salvo que lo defraudado supere los 120.000 euros al año. El artículo 307 del Código Penal y su jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que para existir delito, además de cruzar ese límite, no solo debe haber impago sino ánimo defraudatorio, como demuestran las sanciones de Trabajo. No cuenta que luego la empresa se ponga al día de los pagos, ya que lo hace después del inicio de las labores inspectoras.
Cambio de administrador único
Las continuas sanciones de Trabajo, además de otros sucesos poco claros relacionados con su actividad, probablemente hayan provocado que el pasado 24 de octubre se produjera un hecho inédito en Seguridad Integral desde que Miguel Ángel Ramírez lleva las riendas, y que da idea de sus intenciones. Héctor de Armas Torrent, vicepresidente del Grupo Ralons -fue portavoz del Gobierno regional en tiempos de Jerónimo Saavedra- se convirtió en administrador único de la empresa de seguridad en sustitución del propio Ramírez. Se debe, según fuentes del sector, a la intención de Ramírez de evitarse problemas con la Justicia, como responsable civil de cualquier problema en que Seguridad Integral se vea involucrada.
Esto no es una simple conjetura, ya que Ramírez está imputado en un caso de estafa y apropiación indebida en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife -el jefe de seguridad de AENA inventaba horas de servicio para Seguridad Integral- precisamente como responsable último de su empresa en aquel momento. Este y otros problemas con la Justicia, como su condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -el fallo está recurrido-, le han hecho poner los pies en polvorosa y tratar de borrarse del mapa, al menos jurídicamente.
Además de esto, Ramírez creó a finales de noviembre pasado una nueva empresa de seguridad privada, Marsegur, en la que figura como administrador único Jesús Miguel Acosta Santana. Con un capital inicial de 60.200 euros, está muy lejos de los casi dos millones suscritos por Seguridad Integral Canaria, pero deja bien clara su intención de crear un entramado empresarial, además del Grupo Ralons que también preside. Algunos quieren pensar que con la intención de hacer propósito de enmienda. Otros creen que, con una condena a sus espaldas, es la fórmula que Ramírez ha encontrado para complicar el posible trabajo de la Justicia.

Fuente:InfoNorteDigital

Hay ocasiones en que la realidad se percibe distorsionada, como en aquellos espejos cóncavos del Callejón del Gato en Luces de bohemia. En febrero de 2005, los sindicatos FTSP-USO, Intersindical Canaria, CCOO y UGT enviaron una carta conjunta a los principales responsables de las contrataciones públicas, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. hasta el Gobierno regional y la Fiscalía de Menores. Denunciaban que Seguridad Integral Canaria incumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. La clase política fue informada, pero no quiso ver, y le ha seguido adjudicando contratos con dinero público hasta hoy, a pesar de llevar una década engañando a la Seguridad Social.

Seguridad Integral se ha posicionado como una de las grandes firmas canarias en buena parte gracias al trato que su dueño, Miguel Ángel Ramírez, se ha labrado con los políticos, a lo que ha ayudado a su vez el hecho de ser presidente de la UD Las Palmas. Verle en el palco del Estadio de Gran Canaria acompañado de dirigentes de todo color político ha sido una constante en los últimos años.

La mayor parte del negocio de Seguridad Integral depende desde hace ya tiempo de contratos con las administraciones, en torno a un 70-80%, como reconoce ella misma en una carta de despido, cuando la media del sector está sobre el 25%. Hasta las delegaciones de Hacienda y de la Seguridad Social en Canarias estuvieron custodiadas por Seguridad Integral, mientras se producía el engaño a la Seguridad Social.

Si han sido pocos los que en este tiempo han puesto de relieve esta situación, los que reaccionaron a la citada carta fueron menos aún. Solo actuó el entonces Fiscal de Menores, Demetrio Pintado, quien fue alertado sobre la existencia de vigilantes de seguridad sin titulación en algunos centros de menores e informó al poco tiempo a la Dirección General del Menor sobre la existencia de vigilantes con antecedentes penales en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife.

Ramírez, aliado de los políticos

Seguridad Integral siguió acaparando los años siguientes más y más contrataciones públicas con la venia de los políticos de turno, que prefirieron no meterse en líos con un hombre que iba logrando una influencia creciente. Los administradores de esta tierra, tan dados a utilizar el sentimiento futbolero para sus propios fines, siempre vieron un aliado en Miguel Ángel Ramírez, que por entonces promocionaba su imagen de salvador de la UD Las Palmas en charlas varias -la UD estuvo a punto de ser liquidada por sus deudas-.

De esta manera, Seguridad Integral y el Grupo Ralons, al que pertenece, se fue haciendo con una parte cada vez mayor de la tarta en concursos a menudo rodeados de polémica. Un caso paradigmático fue el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, destapado por Canarias Investiga, pero también hubo problemas con el Cabildo de Gran Canaria y las guarderías. Otros muchos los ganó sin tanto ruido, como en el caso de servicios sociales, centros de salud, palacios de justicia, oficinas de empleo y delegaciones de Hacienda, Seguridad Social y Tráfico. Es prácticamente imposible vivir en alguna de las dos ciudades capitalinas y no haberse topado con un vigilante de Seguridad Integral Canaria.

La patronal Aproser ha sido otra de las pocas que ha dado batalla, publicando comunicados cada vez que había un caso poco claro, y eso a menudo era sinónimo de que Seguridad Integral estaba implicada. Como en la adjudicación del concurso de vigilancia en el Cabildo de Gran Canaria, donde se descubrió una trama de cobro de comisiones ilegales.

No se puede saber con certeza que los técnicos de las contrataciones estuvieran siempre al tanto de los problemas de Seguridad Integral, como el engaño a la Seguridad Social, pero es poco probable que ninguno de los cargos políticos encargados de dar el visto bueno desconocieran las denuncias públicas por estos hechos.

Actualmente la empresa está presente en Madrid realizando labores para Patrimonio Nacional, además de custodiar dependencias ministeriales y otras de la Administración Central. Su desembarco en la capital de España ha supuesto un salto cualitativo para el propietario, del que ya es innegable su habilidad para los negocios. Los que le conocen también le atribuyen un talento especial para las relaciones sociales, cosa que quedó suficientemente acreditada tras recibir la Cruz del Mérito Militar en la Delegación del Gobierno de Las Palmas.

Pero es en el trato informal donde mejor se desenvuelve Ramírez, como corroboran periodistas deportivos que lo tratan con asiduidad, tanto es así que ha conseguido llevarlos a casi todos a su terreno, convenciéndoles o contratándoles. Una frase que tituló hace años una entrevista en el diario Canarias 7 quizá sea lo que mejor define al personaje y su manera de entender las cosas: "No recuerdo haber estudiado en mi vida"

http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article38555

Citación :

La empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,

Creo que es un buen momento para recordar un poco la historia de este "vendedor de fruta venido a menos".

Para ello refresco esta bonita hagiografía aparecida en un periódico, y que Tata tuvo a bien compartir con todos:

EL VIGÍA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Mola el título, ¿eh?