Toda la protección privada a políticos va desaparecer. El Ministerio de Interior ha tomado el relevo al Departamento de Rodolfo Ares y a partir de mañana empieza la retirada paulatina de los servicios de escolta que tenía contratados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y también lo harán con los de Nafarroa. Fuentes del sector calculan que muchos de los contratos con las empresas se rescindirán incluso antes de mayo, que es cuando finalizan, como hizo el 16 de febrero la Consejería del Gobierno de Lakua con las firmas Casesa, Segur Ibérica, Eulen, Coviar, LPM y Umano. El Gobierno de Lakua ha concentrado todos sus contratos en Ombuds y es posible que el Ministerio también elija una única empresa para los pocos servicios que adjudique a partir de mayo.

En su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el ministro, Jorge Fernández, ya anunció una «importante reducción de los servicios de protección y escolta tal y como se venían prestando hasta el momento».

En la actualidad hay unos 700 escoltas privados dependientes del Ministerio del Interior y sus responsables ya han dejado claro que cuando concluya el plan de reducción de los servicios de protección, los que queden en activo no se contarán por decenas sino «por unidades».

La mayoría de los servicios de escoltas privados se dirigirán a la protección de mujeres víctimas de la violencia machista, que en la actualidad no llegan al centenar en Hego Euskal Herria, aunque este número podría crecer. A estos se suman los de los pocos jueces que mantendrán la escolta privada y algunos casos específicos de cargos públicos en «zonas de riesgo».

El Ministerio de Interior está tratando de buscar salidas laborales para los cientos de escoltas que están quedando en paro, y una de las ideas que baraja es la privatización de la seguridad de edificios públicos, incluidos aquellos de naturaleza policial y militar.

En la CAV hace tiempo que se dio la paradoja de que se adjudicara a la empresa Prosegur la vigilancia y seguridad de las instalaciones de la central de la Ertzaintza situada en Erandio.

El pasado 20 de febrero la Generalitat anunció que estudia sustituir a los 500 Mossos d'Esquadra que ahora vigilan el perímetro de las prisiones por vigilantes de seguridad. Esta es otra de las iniciativas que está estudiando también el Ministerio del Interior.

Además, el Ministerio de Defensa ya está contratando a empresas de seguridad privada como Ombuds para controlar, entre otras cosas, el acceso a cuarteles.

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