PILAR CAMPO OVIEDO
Nueve personas fueron juzgadas por la Audiencia Nacional por su relación con la trama asturiana vinculada a los islamistas de Al Qaeda que perpetraron el mayor atentado terrorista de la historia de España, el 11 de marzo de 2004, que dejó un balance de 192 muertos y 1.991 heridos. Cuatro de ellas fueron condenadas y otras cinco absueltas.

Hoy se conmemorará el octavo aniversario de la masacre con diversos actos en memoria de las víctimas, aunque, a diferencia de años anteriores, la jornada viene empañada por la tensión surgida a raíz de la coincidencia en la fecha con la manifestación convocada por las organizaciones sindicales en contra de la reforma laboral. En Oviedo, a las 12 del mediodía, habrá una ofrenda floral por el día europeo de las víctimas del terrorismo.

LA VOZ ha hablado con las familias y los abogados defensores de varios acusados. Todos coinciden en resaltar que sólo quieren “pasar página” y recuperar, de nuevo, su vida, alejados del foco mediático.

Los nueve asturianos compartieron el banquillo de los acusados con otros 19 procesados en un macrojuicio que se prolongó durante varios meses. Cinco asturianos fueron condenados y otros cuatro absueltos.

Su principal hilo de conexión provenía de su relación con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, el joven avilesino que sumaba la mayor condena -34.715 años- acusado de haber suministrado a la célula islamista los explosivos sustraídos de la mina Conchita, en el concejo de Belmonte de Miranda.

Su enfermedad psíquica fue considerada un atenuante, pero no impidió su condena como cooperador necesario en 192 homicidios consumados y 1.991 homicidios en grado de tentativa.

La cara y la cruz La sentencia dictada por los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a la mujer de Trashorras, Carmen Toro, que se separó de él a raíz del proceso judicial.

Su ex cuñado, Antonio Toro, fue inicialmente absuelto, pero el Tribunal Supremo revocó la sentencia y le condenó a cuatro años por tráfico de explosivos. Las acusaciones señalaban a Toro como el intermediario entre su ex cuñado y Rafa Zouhier, con el que había coincidido en la cárcel de Villabona unos años antes. Zouhier era el enlace de Jamal Ahmidan, apodado El Chino, para la compra de los explosivos.

Antonio Toro cumple una condena de 11 años y siete meses de prisión por tráfico de drogas y explosivos en el marco de la Operación Pipol , enjuiciada por la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, en una causa separada del 11-M.

Su abogado defensor, Juan Carlos Herranz, cree que en el proceso judicial sobraban muchos de los acusados. “Me sorprendí al ver tantos procesados. No había pruebas y muchos de ellos no tenían nada que ver con el asunto”, subraya. Recuerda que el juicio “fue muy duro”. Las únicas pruebas incriminatorias contra Antonio Toro eran las declaraciones efectuadas por el coacusado Rafa Zouhier. “Dijo muchas cosas que no tenían sentido alguno, como cuando hablaba de que Toro tenía relación con miembros de ETA”, explica.

La cara opuesta de la moneda es el minero Raúl González Peláez. El joven, conocido como El Rulo , fue condenado por los magistrados de la Audiencia Nacional a una pena de cinco años de prisión por un delito de suministro de explosivos. Su abogado defensor, Endika Zulueta, recurrió en casación al Supremo y el alto tribunal le dio la razón. Absolvió a su representado que quedó limpio de todo cargo.

Endika Zulueta nunca dudó de la inocencia de su representado. Así lo reiteraba ayer en una conversación con este periódico. El letrado reconoce que, a pesar de que su cliente no tuvo participación alguna en el atentado, como quedó probado en la sentencia del Supremo, “se dañó su imagen al ser relacionado con el atentado más grave y una vez que acaba el juicio, se acaba la historia para él”.

El abogado sigue manteniendo relación con su patrocinado, aunque declina amablemente contestar a cualquier cuestión relacionada directamente con su representado. No obstante, rememora su participación en el macrojuicio desde el punto de vista profesional como gratificante. “Como abogado, es apasionante haber podido ejercer la defensa en el proceso más importante de la historia judicial española y fue un reto que no se tendrá otra vez, afortunadamente. Es como si un arquitecto puede trabajar en el edificio más emblemático”, pone a modo de ejemplo ilustrativo.

La tensión Por representar a sus clientes, los abogados defensores sufrieron fuertes presiones debido al elevado número de víctimas registrado en el atentado terrorista. A pesar de ello, “la mayoría de los abogados tuvimos la capacidad de abstraernos de la presión tanto política como de los medios de comunicación que hubo en esos meses”, confirma.

Endika Zulueta se muestra satisfecho de que el Supremo haya hecho justicia con Raúl González. “Estoy convencido de que se criminalizó a una comarca minera que estaba bajo sospecha, aunque no hubiera pruebas”, ratifica.

Antonio Iván Reis fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel tras declarar su autoría en un delito de transporte de explosivos. Su abogada defensora, María del Mar Ramos, evita pronunciarse sobre la vida actual que lleva su representado. Ella también cree que la larga duración del juicio no estuvo exenta de momentos de gran tensión: “El hecho de que defendiéramos a los que en teoría eran los malos hacía que los familiares de las víctimas nos miraran mal, aunque al ser la mayoría de abogados del turno de oficio -afirma- contribuía a que no nos vieran como sus potenciales enemigos”.

La Audiencia Nacional impuso a Sergio Álvarez la misma pena que a Iván Reis por el mismo delito: tres años de prisión por el transporte de explosivos.

El tribunal absolvió a Javier González Díaz, Iván Granados Peña y a Emilio Llano Álvarez. La sentencia absolutoria llegaba tarde para el vigilante de seguridad de la mina Conchita, Emilio Llano, que tras haber permanecido en prisión preventiva acusado de haber relajado las medidas de seguridad que propiciaron el robo de los explosivos falleció sin haber podido disfrutar de la sentencia que le eximía de toda responsabilidad en el atentado más grave de España.