USO y CSIF convocan movilizaciones en la seguridad privada
Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF han convocado dos concentraciones de protesta de los trabajadores de servicios de seguridad privada, los días 18 y 24 de julio, para exigir el cumplimiento del convenio colectivo estatal del sector.
Ambas concentraciones, que tendrán lugar a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno y el Museo Altamira, respectivamente, tiene como objetivo "forzar" a más de veinte empresas de la región a respetar el marco legal que regula las condiciones laborales, sociales y económicas de 1.100 trabajadores en Cantabria y más de 80.000 en España.
El secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria, Justo San Millán, ha explicado hoy en una rueda de prensa que estas concentraciones de protesta se extenderán a nivel nacional, a partir del día 9 de julio, por el mismo motivo.
Ha afirmado, además, que en Cantabria no se descartan "más movilizaciones, como huelgas o paros parciales", si las empresas mantienen su intención de incumplir el convenio colectivo, ya que sin éste, "el sector de la seguridad privada sería un caos".
El sindicalista ha agregado que en Cantabria, "salvo las tres o cuatro grandes empresas del sector", donde trabajan en torno al 85 % de los vigilantes de seguridad de la región, las demás "se niegan" a cumplir con el convenio colectivo y proponen uno propio a la baja, acogiéndose a las disposiciones de la actual reforma laboral.
El responsable regional del sector de CCOO, Román Barros, ha expresado que el incumplimiento del convenio colectivo estatal puede "agravar el intrusismo en la seguridad privada".
Ha añadido que el pasado 21 de junio hubo una reunión de la Comisión Provincial de Seguridad Privada de Cantabria "para atajar el hábito de sustituir a vigilantes de seguridad por quienes no lo son", por lo que los sindicatos estarán "muy vigilantes" para denunciar esas prácticas.
Tanto los representantes de UGT y CCOO, como Gerardo Prieto de USO y José Ángel Trapero de CSIF, han citado algunas de las empresas que incumplen el convenio colectivo estatal y que proponen elaborar uno propio, como la encargada de la seguridad de Carrefour, la adjudicataria del servicio en el Museo de Altamira, o las que prestan sus servicios en las compañías ferroviarias de RENFE, ADIF y FEVE.
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