“Se está trabajando en ses sentido”. Con estas palabras reconoció la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, los planes gubernamentales existentes para sustituir el servicio que presta en la actualidad el Cuerpo Nacional de Policía para la vigilancia de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) por la contratación de alguna empresa privada del sector.

A buen seguro que Hernández Bento, quien realizó tales declaraciones en su reciente paso por el programa Canarias en la Onda, de Teide Radio, tenía presente la existencia de un anteproyecto de Ley que, a la hora de su redacción definitiva, bien podría incluir tal medida, que es aplaudida por la Confederación Española de Policía (CEP) como acertada “siempre y cuando se confirme que desisten de la idea inicial del cierre de estos centros”.

Por lo que respecta a la posibilidad de tal cierre, parece que está descartada, aunque sí es probable que alguno de los actuales sea clausurado ante el descenso en la llegada de inmigrantes irregulares.

Un anteproyecto de ley les cambia el nombre y ya externaliza los servicios sanitarios

No parece ese el caso del existente en Hoya Fría, ya que es el único construido en las Islas para tal fin y cuenta con un aforo de 320 personas con todo tipo de servicios.
Por lo que respecta al referido anteproyecto, apuntar que trata acerca del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los hasta ahora CIE, que pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (los CECE).

El documento alega que el cambio de nombre responde a la necesidad de reflejar el “profundo cambio” que su aplicación supondrá en el régimen de los centros, aunque el primer borrador que circuló entre las organizaciones sociales recibió las críticas de las ONG especializadas precisamente con la acusación de que «se limita a cambiar el nombre de los CIE pero no el sistema de funcionamiento».

En lo que concierne a la atención sanitaria y los servicios sociales dentro de los CIE, que fue criticada por el Defensor del Pueblo y ONG especializadas, el anteproyecto recoge que aunque “serán competencia del Ministerio del Interior, podrán concertarse con otros Ministerios o con entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro”.

Volviendo al tema de sustituir a los policías nacionales por vigilantes privados, un portavoz del CEP declaró ayer a este periódico que la fórmula ya se emplea con éxito en uno de los centros españoles que en la actualidad cuentan con más internos: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma de Ceuta.

Otro de los modelos que podrían tener cabida es el que se lleva a cabo en algunas prisiones, donde la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía se reservan únicamente la vigilancia del perímetro. En todo caso, el portavoz sindical entiende que las del todavía CIE “son labores perfectamente asumibles para la seguridad privada, pero de ahí a cerrarlos va un trecho demasiado grande, porque ahora están casi vacíos, pero mañana no se sabe”.

http://www.diariodeavisos.com/2012/10/20/actualidad/interior-estudia-confiar-seguridad-cie-empresas-privadas/