Manuel de Ramón
Martes, 23 de Febrero

La liberación este fin de semana de cuatro activistas de Al Qaeda en Malí ha puesto una vez más de actualidad la angustiosa cuestión de los
secuestros. La salida de la cárcel de los islamistas se ha interpretado como una cesión del estado maliense ante una doble presión. Por una parte la de los propios terroristas, pero por otra también la del Gobierno francés, que pretendía lograr la liberación de Pierre Camatte, un ciudadano francés de 61 años en poder de la banda yihadista desde el 26 de noviembre, tres días antes de que fuesen secuestrados tres españoles en Mauritania.

Camatte estaba amenazado de muerte desde el 30 de enero, fecha fijada por sus captores como el plazo para asesinarle y que posteriormente fue ampliada hasta el 20 de febrero. Una amenaza que debía tomarse muy en serio, ya que a finales de mayo, los terroristas habían asesinado al británico Edwin Dyer, único rehén occidental muerto hasta ahora en un secuestro en la zona.

En las últimas semanas, el ministro francés de Asuntos Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, había viajado discretamente dos veces a Bamako, la capital de Malí, para presionar al presidente Amadou Toumani Traoré. De ahí que los activistas fueran juzgados apresuradamente y se les impusiera una leve condena de sólo nueve meses, coincidente con el tiempo que llevaban entre rejas. El objetivo era que salieran el 20 de febrero, cuando estaba a punto de expirar el ultimátum dado por los terroristas. Una liberación que se ha hecho en contra de los deseos de Argelia, que pretendía interrogar a uno de los presos, un argelino sospechoso de haber participado en los atentados de 2007.

En España la noticia ha tenido una repercusión especial, ya que es precisamente en Malí donde se encuentran los tres cooperantes españoles que fueron capturados a finales de noviembre por Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Los tres españoles Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual, integrantes de la ONG Barcelona Acció Solidària, fueron secuestrados en Mauritania cuando se dirigían en una caravana de ayuda humanitaria hacia Senegal.

La liberación de Pierre Camatte hace abrigar nuevas esperanzas de que el secuestro de los tres españoles se resuelva en un plazo relativamente corto, si bien hay diferencias entre un delito y otro. En primer lugar, aunque los dos secuestros son obra de la rama magrebí de Al Qaeda, no han sido realizado por la misma célula, sino por dos diferentes que plantean chantajes distintos. El rapto de Camatte fue obra del jefe de Al Qaeda en el Sahel, el argelino Abdelhamid Abú Zeid, para exigir la liberación de los cuatro islamistas encarcelados y procesados por Malí. Los captores de Albert, Alicia y Roque pertenecen a la célula del también argelino Mokhtar Bel Mokhtar, que además el es lugarteniente de Abú Zeid y que al menos en esta ocasión se limita a pedir dinero, una cantidad muy elevada: 3,7 millones de euros (cinco millones de dólares), que posteriormente ha rebajado aunque se desconoce la nueva cifra.

El pago de un rescate, por elevado que sea, siempre es más factible que el cumplimiento de unas exigencias de carácter extralegal que ponen en entredicho a cualquier Estado. No obstante, la cuestión choca siempre con el dilema moral de que ese dinero sólo va a servir para financiar actividades terroristas, incluidos nuevos secuestros. Cuando se confirmó que los tres españoles estaban en manos de Al Qaeda en el Magreb, el canciller Miguel Ángel Moratinos advirtió que el Gobierno no estaba dispuesto a pagar ninguna cantidad.

Moratinos realizó esta declaración a comienzos de enero, durante la visita a Madrid del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Argelia es uno de los países que se oponen más firmemente al pago de rescates porque considera que la actividad de las bandas terroristas en la región le perjudican especialmente.

Sin embargo, a pesar de esta postura española de aparente firmeza, lo cierto es que la mayoría de los países europeos negocian el pago de rescates por sus nacionales secuestrados. Es el caso de Alemania, Austria, Suiza y Canadá, aunque sus respectivos gobiernos lo nieguen. La única excepción ha sido el Reino Unido, que permitió que asesinaran a Edwin Dyer en mayo del año pasado. Todo apunta a que España está negociando de manera indirecta, o al menos está permitiendo la negociación, para que los tres secuestrados puedan regresar lo antes posible a nuestro país. Y es que lo primero es salvar la vida de personas inocentes, que en muchos casos se encuentran en la zona cooperando con organizaciones para mejorar la vida de sus habitantes.

En los últimos meses, en España hemos vivido dos casos de secuestros de nuestros ciudadanos en el extranjero. El más conocido por su duración, su espectacularidad y, sobre todo, por la polémica política que originó ha sido el del atunero Alakrana. Un pesquero que faenaba en el Océano Índico y que fue capturado con 36 tripulantes a bordo, de los cuales 16 eran españoles.

El Alakrana fue capturado en octubre por piratas somalíes cuando estaba fuera del dispositivo de seguridad montado con la Operación Atalanta, en la que en ese momento participaban dos fragatas españolas, la Canarias y la Méndez Núñez. Los infantes de Marina de la Canarias consiguieron capturar a dos de los piratas, Cabduwelli Cabdullahi, alias Abdu Willy, y Raaggegesey Hassan Adji. Los dos se encuentran ahora encarcelados en nuestro país a la espera de que sean juzgados por la Audiencia Nacional.

El secuestro del atunero español se resolvió el 17 de noviembre, al cabo de 47 días de cautiverio, cuando los piratas cobraron el rescate, estimado en unos 2,7 millones de euros, algo que también resultó polémico porque existía la duda de que el Gobierno hubiera abonado o al menos financiado la cantidad. Un informe de la Policía dirigido en enero al juez Santiago Pedraz asegura que ni la empresa Echebastar Fleet ni el administrador de la compañía, Kepa Etxebarria, habían abonado el rescate. El armador afirmaba que la negociación la llevó a cabo desde la Embajada de España en Kenia un hombre llamado Pepe, que se negó a dar más datos sobre su identidad, asegurando que trabajaba para una organización denominada los misteriosos.

Independientemente del número de rehenes españoles en uno y otro caso, 16 frente a tres, y del carácter de los secuestradores y del escenario en que se han producido ambos delitos, la principal diferencia entre el caso del Alakrana y el de los cooperantes de Mauritania podría radicar en la reacción que se ha producido en España. Mientras que el caso del atunero acabó derivando en la consabida polémica política, con una parte de espectáculo mediático y con protestas y presiones de los familiares de las víctimas, en esta ocasión se está llevando todo de forma más discreta.

Nada más confirmarse que los tres rehenes estaban en manos de una célula de Al Qaeda, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, pidió prudencia y discreción para que no se produjesen interferencias en las investigaciones. Moratinos recordó que entre las conclusiones obtenidas del caso Alakrana, destacaba la necesidad de moverse con prudencia y discreción. De lo contrario, estaríamos dando pistas a los secuestradores, como por desgracia se dieron pistas a los piratas del Índico.

Por el contrario, el caso Alakrana estuvo envuelto en la polémica casi hasta el final. Además de la cuestión de si se debería pagar el rescate, surgieron peticiones de que en los pesqueros fuesen embarcados infantes de Marina (finalmente se ha autorizado la presencia de vigilantes privados con armamento de guerra). También hubo serias discrepancias sobre el destino de los piratas capturados. Los secuestradores exigieron la liberación de los detenidos y pusieron a su disposición abogados que presionaban al gobierno español. Hubo varios rifirrafes sobre quien había ordenado el traslado a de los dos piratas a nuestro país. El ejecutivo aseguraba que había sido reclamados por la Audiencia Nacional, algo que fue desmentido por la propia Audiencia.

Lo único claro es que este caso le ha costado el puesto al responsable del CNI en la zona de Somalia, un teniente coronel que aconsejó al gobierno que no capturase a los dos piratas para no complicar las negociaciones. Finalmente, tras el pago del rescate, la banda somalí parece haberse olvidado de los piratas detenidos en España que siguen pendientes de juicio.

La maraña que envuelve a las organizaciones delictivas aparece más complicada a medida que se investiga. En el caso del Alakrana, una vez resuelto el secuestro, la Justicia española quiere averiguar cuales son las ramificaciones o los posibles lazos que puedan mantener los piratas somalíes con Al Qaeda. El caso está en manos del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien ha tenido que reabrir la instrucción por orden de la Sala de lo Penal a petición de los pescadores secuestrados, y que ahora se ha dirigido a la policía y al CNI para recabar más información.

Alakrana" seguido de la Fragata "Canarias" MDE

Concretamente, Pedraz ha pedido a la Comisaría General de Información que trate de determinar si el grupo de piratas que secuestró al Alakrana tiene alguna posible vinculación con Al Qaeda. Asimismo, el magistrado ha enviado un oficio al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que remita al juzgado información sobre las personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores.

Pedraz, que es consciente de que el CNI tiene que salvaguardar los principios que rigen su actividad, sus procedimientos y sus medios operativos, desea saber que personas, grupos o bufetes actuaron como posibles intermediarios o destinatarios finales del rescate pagado o colaboradores de las organizaciones criminales dedicadas a la piratería. En este sentido, Santiago Pedraz ha inquirido sobre las comunicaciones que hayan mantenido los dos piratas procesados desde la prisión.

Tras la liberación del atunero español, los ministros de Defensa de la Unión Europea encargaron a España que lidere la misión de adiestramiento de la Fuerza de Seguridad de Somalia, que estará compuesta por unos 2.000 efectivos.

La industria del secuestro se ha convertido en un quebradero para cualquier Estado de Derecho, ya que como reconocía no hace mucho un alto cargo militar nosotros siempre jugamos limpio y los malos saben aprovecharse de nuestras ROE (reglas de enfrentamiento) porque las conocen.

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