Cuatro funcionarios del departamento de formación de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo han presentado una denuncia ante la Inspección General de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía en Granada por una supuesta falta de transparencia en la concesión de subvenciones a las academias y asociaciones encargadas de impartir cursos de formación profesional.

La denuncia afecta a la baremación de la convocatoria 2010, cuando Empleo repartió un montante de 20 millones de euros a empresas beneficiarias seleccionadas de entre 400 escuelas, siendo Granada la provincia andaluza con más empresas dedicadas a la formación profesional.

Los denunciantes pertenecen a la actual comisión que barema las peticiones de subvenciones. Fue constituida por la Junta tras la entrada en vigor de la actual normativa andaluza que regula la formación profesional para el empleo.

Cuando estos funcionarios empezaron a desarrollar su labor, se percataron de que el trabajador que se encargaba con anterioridad de la valoración de los informes económicos no explicaba los criterios por los que daba más o menos puntos a las empresas y, así, una u otra calificación para acceder a las ayudas.

En su actuación podría haberse apreciado cierto favoritismo por algunas empresas determinadas, según un funcionario conocedor del procedimiento consultado por ABC. La denuncia está actualmente en la Delegación del Gobierno andaluz en Granada y aún no está claro si la Inspección exhortará a Empleo para que abra una investigación interna con el fin de aclarar los extremos de lo sucedido o cerrará el caso.

Según la citada fuente, en la actualidad se está viviendo una verdadera «lucha de poder» en el seno del departamento de Formación con «decisiones precipitadas» de la delegada de Empleo, la socialista Marina Martín, como telón de fondo.

La entrada en vigor de la nueva normativa obligó a la creación de una comisión para la baremación técnica de las subvenciones que se dan a estos cursos, y una jornada con los centros de formación para que entendieran los nuevos criterios que pretenden dotar al proceso de una mayor transparencia.

El trabajador que se había encargado de la valoración de los justificantes económicos fue trasladado a otro puesto por motivos ajenos a este caso, precisaron fuentes oficiales de la Delegación de Empleo.

Se da la circunstancia de que algunas de las empresas que habían recibido más puntuación sin justificación también habían sido objeto de críticas por parte de alumnos. En la actualidad, existe un expediente informativo abierto y pendiente de resolución en Empleo al presentarse cuatro reclamaciones referentes a otros tantos cursos de diferentes academias en las que se habrían producido supuestas irregularidades en la tramitación de las prácticas en empresas que suelen seguir a muchos de estos cursos. Una de estas denuncias fue archivada en primera instancia por un técnico de Empleo al alegar la academia afectada que los alumnos tenían «intenciones dañinas», según ha publicado el diario Ideal.

Prácticas irregulares

En una reclamación ante el Defensor del Ciudadano, los estudiantes explicaron que en el verano pasado recibieron una llamada de la directora de la academia para hacerles una entrevista personal y un perfil profesional. Sin embargo, el puesto de comercial de ventas que les ofrecieron nada tenía que ver con el curso de administrativo polivalente de pymes que habían cursado. Les ofrecían prácticas de tres horas cuando el compromiso era un contrato de seis meses.

Otro curso subvencionado para vigilantes de seguridad no habría contado con la necesaria acreditación del Ministerio de Interior. La Junta alega que está investigando todos los casos con alumnos y responsables de las firmas que ofertaron los cursos.

http://www.abcdesevilla.es/20110307/andalucia/sevi-junta-investiga-irregularidades-subvenciones-201103062209.html