J. M. Zuloaga
MADRID-La Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, elaborará unas normas generales de «buen uso y funcionamiento del servicio de protección, que se entregarán a la persona protegida, y en las que figurarán las reglas básicas y las pautas de conducta a las que debe atenerse para garantizar la eficacia del servicio». Así se indica en la instrucción 3/2012, que se ha dictado al respecto, según un documento al que ha tenido acceso este periódico.
«La Comisión procederá a retirar la protección a aquellas personas que de forma grave o reiterada infrinjan las normas citadas con actitudes o hábitos que impidan una eficaz prestación del servicio y siempre que no atiendan a los requerimientos para que modifiquen dicho comportamiento», agrega dicha Instrucción. Con estas normas, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, se trata de evitar situaciones de abuso, autoritarismo o desobediencia a los agentes, que se han producido en el pasado.
La disminución en el número de personas escoltadas se justifica en la progresiva disminución de «la capacidad operativa de la banda terrorista ETA», lo que ha conllevado –se asegura–, una disminución de la amenaza que sufrían determinadas personas. Además –se subraya– es preciso optimizar los recursos destinados a estos servicios, que se podrán destinar a otros cometidos de gran importancia.
De lo que se trata, según dicha Instrucción, es de prestar el servicio de escolta a las personas que realmente lo necesiten por sus circunstancias personales y el grado de amenaza real que soportan. En este sentido, se va a minimizar el catálogo de autoridades que obtendrán servicio de protección.
La Comisión de Coordinación estará presidida por el director del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, y serán vocales el comisario general de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil. Actuará como secretario, el jefe del Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones del Gabinete de Coordinación y Estudios.

Catálogo
La Comisión elaborará el catálogo de cargos públicos que deben contar con servicio de protección por razón de su cargo, el tipo y modalidad de protección y los medios humanos y materiales a emplear, así como los criterios de temporalidad para retirar dicho servicio una vez que hayan cesado sus funciones.
Los servicios competentes de la Policía y de la Guardia Civil realizarán, periódicamente, informes con la evaluación de riesgos y la modalidad de protección que hay que adoptar en cada caso.
Asimismo, la citada Comisión elevará al secretario de Estado de Seguridad una propuesta con los servicios de protección que pueden ser prestados por empresas de seguridad privada, que se ajustarán a la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y, a las condiciones y criterios establecidos.