La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha ordenado el "sobreseimiento provisional" y, en su caso, "el archivo", de la causa iniciada hace casi tres años y medio por el sindicato CCOO por la supuesta existencia de "un caso de maltrato institucional a los menores" en el centro de reforma de Punta Blanca, "que pudiera ser constitutivo de delito de torturas". Según el criterio de la juez, "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa", ya que "no concurre ninguno de los requisitos para poder formular cualquier tipo de imputación respecto de los educadores, monitores, vigilantes de seguridad o cualquier responsable del centro".

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que durante la instrucción "no se ha determinado ningún incidente incardinable en alguna figura delictiva" y que "tan solo se han puesto de relieve discrepancias en el uso del régimen disciplinario del centro o en la adopción de las medidas de sujeción mecánica que debieran en su caso haber sido objeto de recurso por el menor en la vía administrativa" que "no configuran un desvalor de injusto suficiente para la comisión de la figura delictiva de torturas imputada".

RECURSO De esta manera, la juez considera que desde enero del 2009, cuando el sindicato denunció a la Fiscalía y la opinión pública la causa, se han practicado "cuantas diligencias de investigación se han estimado esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en ellos han participado".

Por su parte, el secretario de Organización de CCOO en Ceuta, Ramón del Valle Inclán, avanzó ayer que los Servicios Jurídicos del sindicato trabajan ya en el recurso que presentarán "el lunes" (por mañana) ante la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma contra la decisión del Juzgado, al entender que los tribunales locales "nunca se han empeñado como debieran haber hecho en esclarecer el caso a fondo". "Si es necesario", advirtió, "llegaremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se investigue a fondo lo denunciado".

CCOO-Ceuta se ha quejado por escrito hasta en dos ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la existencia de "dilaciones indebidas" en la instrucción de las diligencias previas, que han pasado por las manos de media docena de jueces. Además, ha criticado a la Fiscalía que, a su juicio, "nunca" se ha esmerado en la persecución del presunto delito denunciado por un testigo protegido y ratificado posteriormente por más de una decena de antiguos internos.

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