El día 01 de septiembre SEGURIBER-UMANO dejara de prestar servicio en los CARREFOUR y pasaran a mano de CASESA hasta fin de año. Se comenta que es por el tema de pagar por debajo de convenio, pero por lo que tengo oído (o leído ) tiene mas que ver con las movilizaciones que le han montado los sindicatos a SEGURIBER a raiz de lo del descuelgue, dichas movilizaciones se han realizado en varios centros comerciales CARREFOUR. CARREFOUR dio un ultimátum a SEGURIBER-UMANO, o solucionaba los problemas en su empresa o les rescindía el contrato.

Información para los que la desconozcan:

Castellana de Seguridad tiene un único accionista, la sociedad Global Security 2010, S.L. (Dedicada a la Gestion de Sociedades de Cartera), que es controlada al 62% por el Fondo de Capital de Riesgo o gestion delegada extranjero y que lleva operando en España desde 1987, Baring Private Equity Partners España, S.A., y un 33% por Francisco Javier García Saldaña, director general de la empresa de seguridad y vicepresidente de la Asociación de Medios, Profesionales y Empresas de Seguridad.

A su vez CatalunyaCaixa, ostenta el 45% de las acciones y la mitad del consejo de Baring Private Equity Partners España. No sólo eso. Además, en su cartera de clientes figuran más de una docena de clientes de empresas públicas: RENFE, ADIF, Universidad Politécnica de Madrid, Consejo de Seguridad Nuclear, Secretaría General de Pesca Marítima, Ministerio de Agricultura, Tesorería General de la Seguridad Social, Gerencias de Informática de la Seguridad Social, Patrimonio Nacional, Agencia EFE y Loterías y Apuestas del Estado. Castellana de Seguridad, suma y sigue gracias a la Administración

Entre las más llamativas están las relacionadas con Patrimonio Nacional. Entre 2006 y 2007, se convirtió en la adjudicataria del contrato para la vigilancia en el Palacio Real, la Casita del Príncipe, el Palacio de La Quinta y la Delegación de El Pardo. En total, 2.605.488 euros, 1.302.744 euros por cada año. Sin embargo, en el contrato de de seguridad en el Palacio Real de Madrid y Patronatos, durante los años 2007 y 2008, la cifra se elevó hasta los 6.849.225 euros, más del doble que el anterior contrato.

Todo esto se refleja en la evolución de la empresa: sus activos pasaron de 14.139.044,82 euros en 2007 a 33.370.534 euros en 2009, y sus ventas de 73.729.343,01 euros hasta los 118.954.028 euros en ese mismo ejercicio. Y es que para la empresa que preside Francisco Javier García Saldaña parece que no hay crisis y ha declarado que espera alcanzar los 150 millones de ingresos en 2011 y ser la tercera empresa del sector. Con los contratos de la Administración parece más que posible aunque no son pocos los que se preguntan cómo es posible que en instalaciones públicas tan “delicadas” presten servicio de seguridad y vigilancia empresas privadas.

La inyección de capital de 17 millones de euros realizado por la sociedad de capital riesgo, ha coincidido con la concesión de los diferentes contratos por la Administración ¿Casualidad o quizá no?

Pues nada haber si aplican la directiva de marras:

Ordenación del tiempo de trabajo Segun la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

El tiempo de trabajo * corresponde al período durante el cual el trabajador permanece en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales.

Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para que todo trabajador pueda disfrutar:

- de un período mínimo de descanso * diario de 11 horas consecutivas en el curso - de cada período de 24 horas;
- de una pausa de descanso para un trabajo diario superior a seis horas;
por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario;
- de una duración máxima semanal del trabajo de 48 horas incluidas las horas extraordinarias;
- de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas.

A fin de calcular las medias semanales, los Estados miembros pueden prever períodos de referencia:

- que no excedan de 14 días para el descanso semanal;
- que no excedan de cuatro meses para la duración máxima del tiempo de trabajo semanal;
- previa consulta con los interlocutores sociales o dándoles esta posibilidad mediante convenios colectivos, por lo que respecta a la duración del trabajo nocturno.

Pueden establecerse excepciones a los principios mencionados anteriormente mediante convenios colectivos o de acuerdo con los interlocutores sociales.

Las excepciones aplicadas a los períodos de referencia para el cálculo de la duración del tiempo de trabajo semanal no pueden superar seis meses o, por convenio colectivo, doce meses.

Un Estado miembro puede autorizar a un empresario a establecer excepciones al límite de 48 horas semanales de trabajo a condición de que el trabajador dé su consentimiento. No debe sufrir perjuicio alguno en caso de que se niegue a ello. El empresario se compromete a llevar un registro, accesible a las autoridades competentes, sobre cada trabajador que haya aceptado superar los límites del tiem[justify]po de trabajo. Asimismo, deben respetarse los principios generales de seguridad y salud.

En 2008, el Consejo de Ministros de Trabajo de la UE, -órgano en el que están representados los ministros de Trabajo de los 27 países de la Unión- aprobó una nueva directiva para aumentar a 65 horas la jornada semanal (Directiva de las 65). La iniciativa fue presentada por Eslovenia a través de su ministra Marjeta Cotman –Estado que ocupaba en ese momento la presidencia de turno del Consejo-. El Parlamento Europeo, sin embargo, aprobó el "informe Cercas" el 17 de diciembre de 2008, -llamado así por haber sido elaborado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas-, con el que se rechazó la nueva directiva, se fijaron 48 horas como máxima jornada laboral semanal y se eliminaron las cláusulas de no aplicación (opt-out) en un periodo de tres años que mantenían algunos países como el Reino Unido.

Y un Apunte:

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 mayo 2010, dictada en recurso 158/2009 -EDJ 2010/61015-

Se cumple un año, en mayo de 2011, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictara la Sentencia del recurso 158/2009 -EDJ 2010/61015- condenando al Estado español por no adaptar, en plazo, la Directiva 2003/88/CE, dictada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 4 noviembre 2003 -EDL 2003/198134-. Esta Directiva incorpora sustanciosa parte de la ordenación sobre el tiempo de trabajo.