Aconcaex alerta sobre el incremento de este tipo de delincuentes, que además ya no sólo actúan de noche, sino a cualquier hora del día El Seprona asegura que no es un problema preocupante en la región

LA NOCHE da para mucho. Para conocer gente, para emborracharse, para encontrarse con los amigos, para ligar... Y para cazar, en el sentido literal de la palabra. Cuando eso ocurre, cuando las escopetas suenan en el monte por la noche, se suele hablar de furtivismo («Práctica de la persona que caza, pesca o hace leña en finca ajena, a escondidas de su dueño», según la Real Academia). En el imaginario colectivo se identifica al furtivo con la noche. Así ha sido siempre en Extremadura. Pero el panorama parece estar cambiando.

Si atendemos a lo que cuentan algunos cazadores, asistimos a una revisión del furtiveo. Y si hacemos caso a lo que relatan, la situación es para preocuparse. «Lo que está pasando es lamentable, es una lacra», asegura uno. «Hacen lo que quieren», afirma otro. «Es una vergüenza», apoya un tercero.

Hace tiempo que Aconcaex (Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Caza en Extremadura, adscrita a la UNAC, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza) viene denunciado el asunto. Hace unas semanas emitió su última queja pública. Llamaba la atención sobre «la impunidad con la que los furtivos están delinquiendo en la mayor parte de los cotos de caza» de la comunidad autónoma. Esta práctica, casi tan antigua como la caza misma, está penada por la ley, y origina daños en dos sentidos: el cinegético (capturan especies protegidas y ponen las cosas más difíciles a los tiradores legales) y el agrícola.

Otras consecuencias

«Los daños -explica Aconcaex, que agrupa a las sociedades locales de caza de la región- no sólo se limitan a dejar las clásicas roderas en los sembrados de los campos». Y es que los furtivos no dudan en adentrarse a gran velocidad en viñedos y plantaciones de olivos jóvenes, provocando el arranque de cuajo de las pequeñas plantas, así como la ruptura de los frágiles sistemas de riego por goteo que alimentan a olivos y viñas; en definitiva, arrasando todo lo que encuentran a su paso.

La realidad que dibuja Aconcaex introduce una novedad en el 'modus operandi' del furtivo: ya no sólo actúa de noche. «Es habitual en muchos cotos extremeños sufrir todos los días, da igual que sea mañana, tarde o por la noche, la visita de estos delincuentes».

Serafín, presidente de la sociedad local de La Garrovilla (a 14 kilómetros de Mérida), traslada esta afirmación al terreno. «A mí me ha pasado -relata- ver a uno a las cuatro y media de la tarde cazando con galgos, y luego volver a verlo a las seis de la tarde con hurones». «La cosa es peliaguda -añade-. Como sigamos así...».

Su aviso topa de frente con la opinión de la Guardia Civil. «El furtivismo no es un problema preocupante en Extremadura», afirma de modo categórico un miembro de uno de los equipos de investigación del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) en la comunidad autónoma. Frente a esta tesis está la que mantiene Luis Felipe Delgado, presidente de Aconcaex. «La Guardia Civil no tiene medios, y además, no se preocupa por este tema».

Entre una opinión y otra, los datos. En Extremadura hay 22 patrullas del Seprona (diez en la provincia de Cáceres y doce en la de Badajoz), cada una de ellas integrada por cuatro agentes. O sea, 88 agentes en la región. También hay un oficial, un suboficial y una sección de investigación en cada una de las dos comandancias. Que la caza se desarrolle conforme a la ley es uno de los cometidos de los agentes del Seprona. Uno más en una lista amplia que incluye delitos urbanísticos y medioambientales de naturaleza muy diferente. Entre sus funciones está procurar que no haya furtivos, pero también impedir vertidos residuales o cualquier otro tipo de contaminación, colaborar en la prevención de incendios forestales, vigilar el estado de conservación de los recursos naturales, atender incidencias en zonas de montaña o mantener la guardia alta en cuanto a las construcciones en terrenos no urbanizables, un asunto que ha ganado peso entre las preocupaciones de las autoridades políticas y judiciales en los últimos meses.

Las cifras

Más números para intentar aclarar el panorama. Durante el año 2008, la Guardia Civil realizó en la región 610 actuaciones relacionadas con la caza (384 en la provincia de Badajoz y 226 en la de Cáceres). Pero en ese dato entran todo tipo de intervenciones, no sólo el furtivismo.

De esa cifra total, 575 fueron infracciones de tipo administrativo (o sea, el 94 por ciento) y 35 penales. En torno al 75 por ciento de las actuaciones que se tramitaron por la vía penal tuvieron que ver con el furtivismo, estiman en el Seprona. Y también unas cuantas de las que siguieron el trámite administrativo. Porque se da la paradoja de que el infractor suele recibir más castigo si su causa se sigue por este último camino que si tiene que enfrentarse a la vía penal, coinciden las dos partes. En ésta, es fácil que el proceso se retrase (un buen número de meses, probablemente), y al final, puede que el inculpado quede libre. Valga como ejemplo una sentencia dictada hace poco más de un mes, sobre un caso ocurrido en el municipio pacense de Fuenlabrada de los Montes.

Con escopeta y perdigón

En febrero del año 2004, un agente forestal de Medio Ambiente (de la Junta) formula una denuncia contra un presunto furtivo. Según el relato del funcionario público, sobre las cuatro y media de la tarde él estaba en un coto deportivo cuando vio a un hombre salir de un coche armado con una escopeta y un perdigón (perdiz macho que emplean los cazadores como reclamo) en una jaula. Le siguió y pudo constatar, siempre según el relato del agente, cómo el hombre hacía un aguardo, ponía la jaula y comenzaba a cazar en un día no hábil. Al aproximarse, el hombre se dio a la fuga. «Se avisó a la Guardia Civil, que requirió al denunciado en su vivienda en el campo para que entregara el arma. Pero se negó aduciendo que no se encontraba cazando», se explica en la denuncia.

Ante este relato y la consiguiente denuncia, la Consejería de Medio Ambiente consideró al supuesto ilegal autor de un delito grave en materia de caza, y le sancionó con una multa de 602 euros y la retirada de la licencia durante dos años. Su abogado recurrió, y el pasado 28 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura(TSJEx) emitió su fallo. En él, estimaba el recurso y levantaba el castigo impuesto por la Junta. En opinión de los magistrados, la única prueba en contra era el testimonio del agente, y esa no constituía una carga suficiente como para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia. «La denuncia más parece un enfrentamiento entre denunciante y denunciado», argumenta el TSJEx en un punto de su sentencia.

«En todos los sitios se conoce a los furtivos, y los que aparecen en los juicios son siempre los mismos», apunta Domingo Doblado, secretario de Aconcaex. «No los comprendo -reflexiona-. Si se dedicaran a la caza mayor puede haber una explicación, porque eso es un negocio, pero a la menor... Y a los que van por las noches los comprendo menos todavía. Alumbran con los focos de luz y el animal se deslumbra y no sabe qué hacer. Eso no es cazar. Así consiguen sacar sacos enteros de conejos».

Luis Felipe Delgado sí tiene una explicación. «El furtivismo existe porque hay gente que no quiere gastarse dinero en cazar -razona-. Ser furtivo es mucho más barato. Es un delito penado, pero actúan con total impunidad. Y no se paran en barras. Es cazar gratis, igual que hay a quien le gusta ir a los toros gratis». A un buen número, efectivamente, le sale muy barata la ilegalidad. Pero no a todos.

No siempre sale gratis

Durante 2008, la Guardia Civil detuvo en Extremadura a 27 personas por algún delito relacionados con la caza. En este punto, llama la atención la diferencia entre una provincia y otra: 4 detenciones en Cáceres y 23 en Badajoz.

La explicación está en que el furtivismo no afecta del mismo modo a toda la región. Cáceres padece en mayor medida el de la caza mayor - «son casos muy puntuales, muy pocos al cabo del año», afirma la fuente del Seprona-, principalmente por una cuestión de orografía del terreno. Hay más montaña, y por tanto, más ejemplares propios de este tipo de zonas. Por contra, Badajoz sufre sobre todo el de la caza menor, que suele fijar la vista en liebres y perdices, y en menor medida, en los zorzales.

Otra diferencia es la localización de los focos más conflictivos. En lo referente a las especies de mayor tamaño, una de las dianas preferidas está en la sierra de San Pedro, en zona fronteriza entre las dos provincias. En Cáceres preocupan especialmente algunas áreas de Los Ibores y Las Villuercas, y tres sierras: las de Guadalupe, Tormantos y Gredos, en la zona más alta de la provincia, lindando con Ávila. «Esa es una zona con muchas mesetas, algunas bastantes grandes -apunta uno de los investigadores del Seprona-. Hay que aumentar la vigilancia en el mes de septiembre, cuando es más fácil abatir a las piezas, normalmente entre el atardecer y el amanecer».

Las pocas que según este agente se dan en Badajoz pueden localizarse en Tentudía y La Siberia. Ciervo, jabalí, corzo y cabra ibérica son las especies más amenazadas. Y entre ellas, cuanto más poderosa sea la cornamenta, mejor. En este punto, se distingue entre medallas de oro, plata y bronce, en función del número de puntas.

Un ciervo 'medalla de oro' conseguido en una montería puede costar entre seis y siete mil euros; el de plata, de tres a cuatro mil; y unos 2.500 el de bronce. Más asequibles resultan los muflones, gamos y corzos. Pero esos mismo trofeos se pueden conseguir por la vía ilegal. Si se logran así, los precios bajan en torno a un cuarenta por ciento, de modo que por unos cuatro mil euros se puede tener colgando de una de las paredes del salón de casa la testuz de un medalla de oro.

Ahí es donde el furtivismo es un negocio. Sin embargo, el componente monetario no es exclusivo de la caza mayor. En la menor hay quien vende las liebres que consigue de modo ilícito. En otra dimensión está el asunto de los galgos, que preocupa a algunas sociedades locales extremeñas, sobre todo en la provincia de Badajoz, pero que el Seprona considera algo marginal.

«En Extremadura no existe furtivismo organizado de galgos», sostienen con rotundidad desde el Servicio de Protección de la Naturaleza. A modo de precedente, hay que recordar que en marzo del año 2007, la Guardia Civil desarticuló una red que traficaba con galgos de pura raza. Fue la 'Operación Scooby', que se saldó con 16 detenidos, uno de ellos un joven de 25 años con residencia en el municipio cacereño de Talayuela.

Desde Madrid

«Aquí viene gente de Madrid a por galgos», asegura Serafín, de la sociedad local de La Garrovilla, que también alude a «los que se van de la boca». Se refiere a los dueños de este tipo de perros que presumen de las excelencias de sus animales, y claro, hay quien escucha, toma nota y luego, a escondidas, actúa. A esta misma particularidad se refiere el presidente de Aconcaex, el colectivo que también señala a la Junta de Extremadura como una de las culpables del auge del furtivismo que ellos han detectado. Aseguran haber dirigido al Ejecutivo autonómico varias cartas que no han obtenido respuesta. Y la consejería competente en materia de caza, la de Industria y Medio Ambiente, responde que se trata de un asunto que compete a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «Los agentes forestales del Medio Natural hacen labores de cuidado y salvaguarda de los intereses ambientales, no de seguridad -matiza la Consejería-. No obstante, la Junta de Extremadura colabora con la Guardia Civil para el intercambio de información y/o de cualquier irregularidad detectada que sirva para la detención de los furtivos».

Como un elemento más a tener en cuenta está la constatación que realiza un cazador. «La gran mayoría de las sociedades locales incumple la ley, porque están obligadas a tener guardas según sus hectáreas (uno hasta 1.500, dos hasta 3.000, tres hasta 4.000 y cuatro hasta 5.000) pero no los tienen». ¿Y qué notan las empresas del sector? Porque haberlas, haylas. Empresas de seguridad con una rama específica para la caza, y negocios enfocados exclusivamente a la vigilancia del campo. «Sí, últimamente hemos tenido más peticiones de presupuesto», aclara Juan Andrés Rabazo, de Secoex, que tiene su sede en Badajoz y vigila más de cien mil hectáreas en la región. «Los guardas inspeccionan las fincas a distintas horas en diferentes días, se cobra por número de hectáreas y número de visitas, y la mayoría de quienes nos contratan es por el furtivismo».

http://www.hoy.es/20090112/regional/sociedades-cazadores-denuncian-aumento-20090112.html