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La seguridad privada tuvo un crecimiento explosivo, de la mano con el aumento de los índices delictivos, en la última década en el Ecuador.

Las 163 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, en 1995, pasaron a ser 390 para 2000, con un incremento del 139%. Desde entonces, el promedio de crecimiento de las compañías de seguridad privada fue del 13,8%. En 2007 se registraron 855 empresas, según datos del organismo de control.

“La seguridad privada es una alternativa para la gente con dinero”.
Marcelo Zapata
Director del COSP.


El presidente de la Cámara de la Seguridad Privada (Casepec), Héctor Santacruz, atribuye este crecimiento a la relativa facilidad de constitución y operación de empresas de seguridad, donde muchos ex miembros de la Fuerza Pública vieron la oportunidad de acrecentar sus ingresos.

Pero Santacruz asegura que no solo las empresas se multiplicaron sino también sus clientes. El sociólogo Lautaro Ojeda justifica este comportamiento por el desarrollo de una cultura de la violencia que actualmente “trata de ser resuelta con medidas represivas más que preventivas”.

El comportamiento de los delitos contra la propiedad, sobre los que tiene mayor competencia el servicio de seguridad privada, demuestra que en los últimos 10 años hubo un incremento del 77% de denuncias por este tipo delictivo: mientras en 1998 hubo 45 801 denuncias, en 2007 se presentaron 70 703.

Estos hechos, según el experto, afectan a la convivencia, pues incrementan el temor y la sensación de inseguridad que, pese a ser subjetivos, son producto de un hecho real. “Hay estudios que demuestran que el impacto de la violencia multiplica hasta por siete la sensación de inseguridad”.

Como consecuencia, comienzan a evidenciarse prácticas de reclusión, amurallamiento y privatización del espacio público, lo que tiene un efecto directo sobre la demanda de seguridad.

“Vivimos una cultura de la violencia donde prima la represión”.
Lautaro Ojeda
Sociólogo


Con este escenario, la gente que cuenta con recursos puede asegurarse la provisión de varios servicios privados, mientras que quienes tienen menos recursos seguirán exigiendo y dependiendo de la acción del Estado o se tomará la justicia con sus propias manos, dice Ojeda.

En ambos casos, la población está dejando en manos privadas la seguridad, que por ley le compete al Estado. Ese traslado de competencias, de lo público a lo privado, no es gratuito: va paralelamente al crecimiento delictivo, que alimenta una industria con un acceso cada vez más restringido por sus altos costos.

Para afianzar la acción del Estado, el Gobierno invirtió USD 320 millones en un plan para reforzar a la Policía, con el afán de mejorar su efectividad en la lucha contra la delincuencia.

Pero actualmente es evidente la diferencia que existe en el número de agentes públicos y privados.

Mientras que a nivel nacional existen 39 401 efectivos policiales, el personal operativo del sector privado suma 44 510. Este número se duplica si se considera que existe al menos un guardia ilegal por cada legal.

Pero los representantes del sector de la seguridad privada aseguran que el negocio tuvo un primer revés durante el último año, debido a los ajustes salariales y la obligación de contratar pólizas se seguros para el personal operativo.

Estos ajustes terminaron estableciendo un piso de USD 1 950 por un servicio de guardianía de 24 horas con tres hombres. Esto forzó a muchos clientes a reducir el personal y, en muchos casos, a prescindir de estos servicios.

No obstante, el aparente deterioro del mercado no afectó el crecimiento económico de las empresas. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2008 se registraron recaudaciones por USD 174 113 109 (sumados el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado), USD 69 135 558 más que en el 2005.

La provincia que registró más ingresos fue Pichincha, con USD 127 474 225, seguida por Guayas con USD 32 408 641. Esto pese a que Pichincha registra 1597 contribuyentes, 27 menos que Guayas, que tiene 1 624.

Santa Cruz explica que muchos usuarios empezaron a contratar ‘guardias encubiertos’ bajo la modalidad de vigilantes o conserjes. En ese caso, la ley prohíbe el uso de armas y de uniformes a estos empleados, porque implica un mayor riesgo de seguridad.

Por eso, el ejecutivo reclama un control riguroso del departamento de Control de Organismos de Seguridad Privada de la Policía (COSP). Su director, Marcelo Zapata, reconoce que la unidad ha tenido limitaciones logísticas y de personal para realizar una adecuada supervisión.

Con la publicación del reglamento a la Ley de Seguridad Privada, la unidad policial espera un incremento de cuatro jefes, 10 oficiales y 150 policías para reforzar las tareas de control operativo.

En 2008, el COSP emitió 280 informes a empresas de seguridad. También se incautaron de 2 908 armas, municiones y otros implementos ilegales que estaban en posesión de los guardias. Las autoridades involucradas analizan la posibilidad de que los cuerpos de seguridad privada canalicen información para que la Policía pueda responder más rápidamente frente a un delito.

Las regulaciones

La Policía dará charlas a los empleados, administradores y policías involucrados en el sector para socializar la Ley de Seguridad Privada y su reglamento.

El reglamento a la Ley de Seguridad Privada obliga a los administradores de las empresas a la contratación de pólizas responsabilidad civil por USD 100 000, de vida por USD 50 000 y de gastos médicos por USD 20 000.

El Mandato 8 ratificó las obligaciones laborales y la responsabilidad solidaria que tienen los usuarios del servicio como corresponsables.

En marzo se cumple el plazo para que las empresas de seguridad privada regularicen su situación en la Superintendencia de Compañías y en el Ministerio de Trabajo. Luego de esa fecha la Policía iniciará los controles.

La rentabilidad del negocio

La mayor parte de los servicios que ofrecen las empresas de seguridad privada se concentra en la oferta de seguridad física, en lo que tiene que ver con protección personal y custodia de valores y seguridad electrónica.

Los costos por estos servicios se han incrementado en más del doble durante el último año.

Mientras que hasta finales de 2007 el costo de un servicio de guardianía de 24 horas, con tres hombres, variaba entre USD 600 y USD 1 300, a finales de 2008 estos costos se fijaron con una base de USD 1 950.

El presidente de Anesi, Fernando Freile, justifica este incremento debido a la modificación del salario mínimo vital a USD 200, en enero de 2008; la disposición del reglamento a la Ley de Seguridad Privada, que obliga a las empresas a contratar varias pólizas de seguros y la fijación de USD 230 como salario mínimo vital sectorial para los guardias.

Varios administradores de estas empresas aseguran que las utilidades que se pueden obtener varían entre el 8% y el 12%. Es decir, que por cada puesto de vigilancia la empresa ganaría entre USD 156 y USD 234, luego de pagar los gastos de operación.

El presidente de la Casepec, Héctor Santacruz, admite que existen empresas que ofrecen sus servicios a costos muy bajos, pero aclara que “para que estos negocios pueden alcanzar una utilidad sobre el 20%, debe tratarse de empresas ilegales que están incumpliendo con sus obligaciones laborales y tributarias”.

Testimonio
Edwin Navarrete/ Director de Ediciones La Tierra

Fui víctima de delincuentes 3 veces

En el último año fui víctima de la delincuencia en tres ocasiones.

Dos veces robaron mi casa y en una ocasión asaltaron a mi esposa. Eso ha incrementado la sensación de inseguridad porque cuando estoy en la oficina vivo preocupado por lo que pueda pasar en la casa y viceversa.

Si a eso le añadimos los peligros que existen en la vía pública, el problema se agrava porque ya no puedo estar tranquilo en ningún momento ni en ningún lugar.

Eso me ha obligado a la contratación de un vigilante nocturno y a la instalación de varios sistemas de seguridad electrónica en la casa y en la oficina. El problema es que ni los servicios de seguridad privada ni la respuesta de la Policía son suficientes para evitar estos delitos. Los delincuentes actúan cada vez con mayor rapidez.

En el sector teníamos una rápida acción de la Policía, pero desde hace seis meses los uniformados han ido desapareciendo. Hace pocas semanas hubo un asalto frente a la oficina y aunque llamamos a la Policía nadie vino a verificar el delito. Las imágenes quedaron registradas en las cámaras.

Otro de los problemas es el obsoleto sistema de justicia. Los delincuentes que robaron mi casa fueron detenidos tres semanas después. Estaban acusados de tenencia ilegal de armas aunque fueron detenidos en delito flagrante mientras robaban otra casa. Pese a que tenía una denuncia y testigos, los delincuentes salieron en menos de una semana.