http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/984243/01/09/Madrid-la-asociacion-espanola-de-detectives-privados-tilda-de-ilegales-los-espionajes-a-cobo-y-gonzalez.html


Su presidente niega que detectives privados hayan participado en estos seguimientos "ilegales" MADRID, 21 (SERVIMEDIA) El presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe), Julio Gutiez, explicó a Servimedia que los espionajes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, "son a todas luces claramente ilegales", ya que este tipo de actuaciones sólo están legitimadas para llevarlas a cabo miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a instancias de un juez.

Además, si la investigación es privada sólo pueden realizarla detectives privados, dijo Gutiez, quien aseguró que "por lo que sé ningún detective ha participado en estas operaciones de seguimiento, "excepto que hayan intervenido desde el intrusismo".

Tras aclarar que pasa de entrar en guerras políticas, afirmó que "mi olfato me dice que los espionajes han podido ser realizado por ex agentes de las FSE que además no son detectives, por lo que habrían actuado ilegalmente como intrusos".

Por otro lado, recordó que la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, todavía no ha llegado a la Cámara regional para su debate y aprobación.

Exigió al Gobierno regional que "acelere" este asunto, ya que es necesario acabar con el intrusismo en esta profesión.

http://www.abc.es/20090122/madrid-madrid/policia-guardia-civil-investigan-200901220551.html[strike]CARLOS HIDALGO / MIGUEL OLIVER | MADRID
Publicado Jueves, 22-01-09 a las 05:51
Las unidades de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han abierto sendas investigaciones encaminadas a esclarecer si alguno de sus agentes en activo facilitaron algún tipo de información a la red de espías que se ha dedicado a vigilar al vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, o al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Fuentes de ambos Cuerpos consultadas por ABC recalcaron sus sospechas de que haya gente de dentro informando a otros de fuera. La polémica saltó después de que se supiera que González había sido seguido e, incluso, grabado con cámara oculta durante un viaje como presidente del Canal de Isabel II a Cartagena de Indias (Colombia) y durante otro, de carácter personal, a Johanesburgo (Suráfrica). En cuanto a Cobo, fue sometido a diversos seguimientos por la capital durante abril de 2008.
Los agentes tratan de averiguar si la elaboración de los informes cuentan con el «apoyo» de alguien qu facilitara información que sólo podían manejar agentes en activo, pues son los únicos que tienen acceso a la base de datos de la Policía Nacional.
Y no es el caso deMarcos Peña, quien hace casi dos décadas que se encuentra en excedencia del Cuerpo Nacional de Policía. Prestó servicio en Bilbao y, luego, en la Comisaría General de Información. Se dedicó después a la seguridad privada, hasta que, en junio de 2008, entró a trabajar como asesor en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
Lo que intenta, en este caso la Policía, es dilucidar si, desde la Brigada Judicial o Información, por ejemplo, se ha pasado algún tipo de datos para la elaboración de los citados «dossieres».
La situación en el seno de la Guardia Civil es muy similar. La investigación interna trata de aclarar si habían recibido información desde dentro del Cuerpo y si también pudiera haber algún funcionario en activo dentro de la trama.
Granados lo vuelve a negar
En cuanto al flanco puramente político de la polémica, por segundo día consecutivo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior volvió a negar la mayor. Rechazó haber ordenado el espionaje o seguimiento a altos cargos políticos. Descartó haber redactado algún informe al respecto. Y, también, desmintió contar con un equipo especializado, al margen de la ley, trabajando para la Consejería. Francisco Granados lo negó de nuevo «con absoluta rotundidad».
El consejero lamentó el seguimiento realizado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. «Es un compañero de partido y, a partir de ahora, una víctima más de esta trama. Celebro que haya decidido denunciarlo ante la Fiscalía».
Granados decidió ayer acompañar a Ignacio González a un acto que el vicepresidente tenía previsto celebrar en la sede Telefónica. Entre una nube de periodistas, quiso aclarar que el Gobierno de Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con esta trama. «No existe ninguna organización de espionaje —dijo— montada por la Comunidad de Madrid. Lo que hay es una trama para acabar con el Gobierno de Esperanza Aguirre».
¿Pero quién ha podido espiar al vicepresidente de la Comunidad y al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid? El nombre de Caja Madrid —entidad de la que Aguirre quiere desbancar a su presidente— estaba ayer en boca de muchos.
Caja Madrid
En este caso, Granados quiso echar un poquito más de leña al fuego cuando fue preguntado sobre la posible implicación de la Caja de Ahorros. «No veo descabellado nada, ni dejo de verlo. El Gobierno regional todos los días pone sobre la mesa decisiones que pueden afectar a personas poderosas, instituciones o empresas que puedan tener razones para montar una operación de este tipo».
Por su parte, Ignacio González —primera víctima de esta red de espionaje— afirmó sentirse «agredido en su intimidad». «Me parece una cosa absolutamente condenable, lamentable y reprobable. Es algo inadmisible, mafioso, inaceptable y no consentible en un estado de derecho».
La «mano derecha» de Aguirre en Sol insistió en que en el asunto hay dos hechos objetivos: que existe alguien que tiene información de su vida pública y privada, algo que «se conoce en el entorno», y que alguien «ha tenido mucho interés en gastar mucho dinero y mucha información en un montaje de seguimiento muy sacrificado».
Dirigentes del PP
Mientras, el responsable de Seguridad y Libertades públicas del PP, Federico Trillo, consideró que lo mejor que podían haber hecho tanto la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, es denunciar los hechos ante la Fiscalía para que se investiguen.
En la misma línea se pronunció la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se sumó a la petición de que la Fiscalía investigue estos hechos y los clarifique.
El portavoz de Exteriores del Grupo Popular, Gustavo De Arístegui, insistió que no hay pruebas que vinculen ese espionaje con el supuesto servicio de «contravigilancia» del consejero Granados.

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Ni morosos ni infieles, ahora se espía a los políticos


Ignacio González y Manuel Cobo no son los únicos que tienen a alguien siguiéndoles los pasos. Mientras la Comunidad de Madrid y la prensa nacional mantienen una batalla para saber quién espía a quién y cuáles son los responsables de que dos cargos 'populares' hayan tenido una compañía no deseada en los últimos meses, la práctica de hacerse con los servicios de un detective privado para asuntos políticos está a la orden del día.Olvídense del tópico de que los detectives privados se encargan de descubrir posibles infidelidades. La imagen que han transmitido las películas se queda muy atrás y, actualmente, los asuntos políticos y laborales son los que más se trabajan en los despachos.

"Los asuntos sentimentales pueden ocupar, tirando por lo alto, el 5% de nuestros casos", cuenta Carlos Bosch, secretario del Colegio Oficial de Detectives de Cataluña. Entonces ¿de qué trata el 95% restante de los casos? De temas relacionados con el dinero, no con el amor. En general se trata de empresas que vigilan a empleados de los que sospechan que fingen una baja laboral o que no cumplen con su trabajo fuera de la oficina. Pero también se encargan de intentar destapar casos de corrupción, tráfico de influencias y pago de 'favores' a cambio de concesiones. Lamentablemente, algo que está a la orden del día, como de vez en cuando nos muestra la prensa.

"En muchos municipios, acudir a los detectives privados por temas de corrupción es muy habitual. Me consta que una agencia de detectives estuvo controlando durante un tiempo a Carlos Fabra (polémico empresario y presidente de la Diputación de Castellón) para conseguir información con la que acudir a los tribunales contra él", nos cuenta un miembro de un colectivo de detectives privados. En España, incluso existen tres colegios oficiales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. La creación de uno en Madrid está aprobada pero aún no se ha llevado a cabo.

"Verificar las conducta sospechosa de una persona está dentro de nuestras funciones. También si se trata de políticos", cuenta Asunción Fernández, del Colegio Oficial de detectives privados de la Comunidad Valenciana. Hacer un seguimiento de una persona —como supuestamente ocurrió en el caso de Cobo— no constituye un delito siempre y cuando no se utilicen métodos ilegales, como las escuchas telefónicas "que sólo pueden llevarse a cabo si las autoriza un juez", indica Carlos Bosch.

Aunque todavía no hay más que suposiciones y cruce de acusaciones, lo escandaloso en la historia del posible 'espionaje' en la Comunidad de Madrid es que los autores hayan podido ser antiguos miembros de la Policía y la Guardia Civil, pagados por la misma Comunidad. Un grupo, en teoría, estaba formado para investigar casos de corrupción en municipios madrileños. "Eso es algo totalmente ilegal porque para ejercer la investigación privada se necesita una licencia que otorga el Ministerio del Interior. Los policías y guardias civiles están autorizados para la seguridad pública pero no para la privada", explica Antonio Ferrando, también miembro del Colegio de la Comunidad Valenciana y director de Veritas - España Detectives Privados.

En muchas ocasiones, las conclusiones a las que llegan estos investigadores privados permiten destapar prácticas que constituyen y delito y sus dossieres pueden ser utilizados como pruebas para la acusación. Pero también hay otras intenciones como "saber quién se reúne con quién o descubrir si se está haciendo competencia desleal", cuenta Ferrando. ¿Les suena?


http://www.soitu.es/soitu/2009/01/21/actualidad/1232562116_627328.html

Rajoy ordena investigar el espionaje en Madrid que el PP atribuye a Interior
El Gobierno de Esperanza Aguirre emprende una huida hacia delante y lo niega todo, excepto el seguimiento a su vicepresidente El margen de confianza que Mariano Rajoy dio el miércoles a Esperanza Aguirre apenas le duró 24 horas. El líder del PP perdió la fe que había depositado en los desmentidos del Gobierno de Madrid y ordenó ayer la apertura de una investigación interna sobre el escándalo del espionaje al vicepresidente Ignacio González y el vicealcalde Manuel Cobo. Ayer se supo que también fue vigilado el ex consejero madrileño y actual miembro de la dirección nacional Alfredo Prada, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Al mismo tiempo, la dirección popular atribuye al Ministerio del Interior el montaje del escándalo.

El líder del PP encargó a la secretaria general, Dolores Cospedal, que «recabe toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido». En un comunicado, el partido opositor explica que investigará los datos conocidos y puntualiza que de confirmarse las informaciones publicadas «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles».

En contacto permanente con Cospedal, que se encontraba en Toledo, Rajoy tomó la decisión después de conocer que el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, compareció en rueda de prensa con el vicepresidente autonómico para negar todos los extremos de las informaciones publicadas hasta ahora, menos el espionaje a González.

«Todo se basa en la primera información, que es una gran mentira», dijo Granados, y rechazó que el equipo de seguridad a su cargo desempeñe funciones de espionaje a altos cargos de su partido. Al contrario, afirmó que realiza las mismas actividades que tenía cuando presidían la comunidad el socialista Joaquín Leguina o el popular Alberto Ruiz-Gallardón.

En una huida hacia delante, ambos consejeros acusaron al autor de los reportajes de colgar sobre esa «mentira» el resto de informaciones, basadas en dosieres cuya existencia negó.

Desautorización

Granados y González desautorizaron a sus compañeros de partido al dudar incluso de la existencia de los seguimientos al vicealcalde de Madrid y el ex consejero Alfredo Prada. Tanto el concejal como Prada reconocieron en las informaciones publicadas sus movimientos en las fechas apuntadas, pero Granados les exigió que aporten pruebas a la Fiscalía.

No contentos con ello, desmintieron también a Ruiz-Gallardón, y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons. El alcalde dio por buena la existencia de seguimientos realizados por «personas adscritas a una unidad de la comunidad autónoma», aunque dijo desconocer quién dio las órdenes.

Como responsable de Comunicación del PP, González Pons fue el encargado de transmitir la posición oficial de la dirección a primera hora de la mañana cuando reclamó explicaciones al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba porque «por lo que se publica hoy [por ayer], algunas de las informaciones contenidas en esos dosieres no se pueden conseguir sin la connivencia del Ministerio del Interior», en alusión a datos sobre matrículas de vehículos relacionados con Prada, y exigió también una inmediata actuación de la Fiscalía.

Sorprendentemente, apenas dos horas después, Granados desairaba a su compañero y negó tener constancia de que se hayan producido los seguimientos a Cobo y Prada que el portavoz del PP había dado por hecho. «Si el señor González Pons tiene constancia de ello debe acreditarlo y ponerlo en conocimiento de la Justicia», dijo el consejero de Interior de Madrid.

Negando la mayor

Esperanza Aguirre y su gobierno mantienen una posición sin fisuras, niegan todo lo ocurrido a excepción del seguimiento a su vicepresidente y no consideran necesario «investigar lo que no existe». «Aquí, en la Comunidad de Madrid, no hay montado ningún servicio de espionaje, ningún montaje de espionaje ni nada de eso y quien diga que existe lo tendrá que probar y acreditar, y si no lo acredita lo tendrá que rectificar o vérselas con los tribunales», dijo la presidenta a última hora de la tarde en un firme cierre de filas con sus consejeros.

En una actitud distinta, la dirección del PP no descarta que ex agentes de seguridad de la administración autonómica hayan realizado seguimientos de dirigentes políticos, pero cree que las informaciones publicadas hasta ahora recogen actuaciones diferentes que se han presentado juntas para demostrar la existencia de una trama instalada en la comunidad a la que endosar el espionaje.

Fuentes del equipo de Rajoy acusan al Ministerio del Interior de organizar un montaje y filtrarlo al diario 'El País' en coincidencia con la guerra interna por Caja Madrid y en vísperas de que se conozcan hoy los datos del paro, de la celebración del I Foro Abierto del PP previsto para el fin de semana y de la intervención del presidente del Gobierno en el programa de televisión 'Tengo una pregunta para usted'. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid decidió ayer abrir diligencias de investigación ante las denuncias presentadas por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los presuntos seguimientos de que han sido objeto.

El Ministerio Público pidió a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, departamento que dirige el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, toda la información que tenga sobre las supuestas vigilancias a González, Cobo y al ex consejero Alfredo Prada. La Fiscalía solicitó asimismo a esta consejería que aclare si tiene algún tipo de relación con Marcos Peña, el ex policía contratado como asesor de seguridad por Granados y que, en teoría, dirige el cuerpo parapolicial de espionaje.

Informes

La Fiscalía aclara, además, que no ha llamado a declarar al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, quien puede ser citado si se deriva alguna responsabilidad suya a la luz de los informes solicitados. El Ministerio Público, en cambio, ha convocado como testigo a Francisco Mercado, el periodista del diario 'El País' que ha firmado las informaciones sobre el caso de presunto espionaje.

«En principio -añade el comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)- esta Fiscalía no tiene prevista ninguna otra diligencia, salvo las que puedan derivarse de las ya acordadas».

El ex consejero de Interior y actual dirigente nacional del PP, Alfredo Prada, pidió a la Fiscalía una actuación «urgente» para que pueda conocerse quienes son «los responsables de estos hechos muy graves»

Prada, que ayer conoció que había sido investigado en sus actividades en los meses previos a su cese en el Gobierno autonómico, consideró que los agentes «sin duda alguna eran personas de la Comunidad de Madrid y es muy importante que se sepa porque estaban cometiendo una actividad ilegal».

Alfredo Prada adujo que «debe recaer todo el peso de la ley sobre esas personas, así como sobre los cómplices y encubridores de esos delincuentes».

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Esteban González Pons, que había exigido a primera hora de la mañana «una intervención inmediata» del Ministerio Público, resaltó la gravedad del caso y reclamó que la investigación de la Fiscalía sea «profunda» y «en serio». «No es un temita es un asunto muy serio porque se nos ha estado espiando a políticos. Estamos deseando que se aclare», zanjó González Pons.


http://www.hoy.es/20090123/nacional/rajoy-ordena-investigar-espionaje-20090123.html

Francisco Mercado: "No tenemos constancia de que Aguirre estuviera detrás de esta red" El periodista de El País, Francisco Mercado, que ha publicado los artículos sobre el espionaje en el PP madrileño ha explicado en La Mirada Crítica de Informativos Telecinco que no tiene "ninguna constancia de que Esperanza Aguirre estuviera detrás de esta red, ni que se beneficiara de ella, ni que la hubiera montado, ni que la conociera, al igual que el vicepresidente Ignacio González" porque "rigurosamente no tenemos ningún indicio de ello". Así lo ha indicado poco antes de declarar como testigo ante el fiscal que lleva la investigación tras las denuncias del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.Mercado ha indicado que "cuando Cobo y Alfredo Prada (ex consejero del Gobierno de Aguirre), al menos, fueron espiados lo que estaba en juego, entonces, era la lucha por el poder fraticida en el PP donde tenía mucho valor la información de con quién se reunía Prada o no para ver si se reunía con los próximos a Rajoy o no" antes del Congreso de Valencia.



Según el periodista de El País, lo que está claro es que "altos cargos del PP son espiados desde tramas supuestamente vinculadas a la Comunidad de Madrid" y apunta a la lucha por el poder dentro del PP madrileño ya que "¿qué sentido tiene seguir día y noche a Prada para ver con quién se reúne? ¿Qué se buscaba ahí? Con un seguimiento no parapolicial, casi policial, que parece que estaban investigando a un delincuente. 'El objetivo se nos ha escapado', llegan a decir. "Teníamos cuatro calles bloqueadas y una sin bloquear y por esa se nos ha escapado'. Parece que iba a hacer una carnicería Prada cuando se escapara...", añade el periodista leyendo partes de los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso.


















[n ncolor=red]Sin indicios sobre Aguirre[/color]

Mercado ha querido puntualizar que "siempre hemos dejado muy claro que no tenemos ninguna constancia de que Esperanza Aguirre estuviera detrás de esta red, ni que se beneficiara de ella ni que la hubiera montado ni que la conociera, al igual que al vicepresidente Ignacio González" porque "rigurosamente no tenemos ningún indicio de ello".

Sin embargo, sí ha destacado que tienen indicios de que "funcionarios de la consejería de Interior que dirige Francisco Granados han hecho esto. Y lo tenemos por las pruebas documentales que poseemos y las conversaciones privadas que tenemos con muchos altos cargos de la consejería de Interior y muchos altos cargos de Aguirre que dicen sí, existe esta trama pero no lo vamos a reconocer públicamente o en todo caso esta trama la ha organizado mi vecino de consejería pero yo no tengo nada que ver con ella".

Para el periodista, "no es tan complicado llegar al fondo de la investigación si hay voluntad real por parte de esta Esperanza Aguirre".

Existencia de la red

Sobre la existencia de la red, Mercado indica que en los últimos días ha habido dos formas distintas de ver el espionaje entre algunos consejeros de Aguirre, una en privado y otra en público. "En privado dicen que la red existe pero que no es responsabilidad de ellos y en público que no y luego hacen una diferenciación entre las noticias que publicamos. Cuando hablan del espionaje a Ignacio González en Cartagena de Indias señalan que es muy serio y muy grave, que hay que investigarlo, que actúe a la Justicia. Y cuando se habla del seguimiento a Manuel Cobo o a Alfredo Prada esto no está demostrado, no tiene base para sostenerse. Pero tenemos material para confirmar que estas tres personas han sido investigadas".


Poca sorpresa

"Sorpresa ha habido poca en algunos cargos que han sido espiados. La mayoría de los cargos con los que he hablado tenían la sensación de que estaban siendo espíados, algunos ahora ya tienen la certeza", ha explica. De hecho, algunos altos cargos han recibido anónimos indicando actividades de su vida privada. Como indica Mercado, "si sigues a una persona 24 horas, sale información basura muy jugosa para alguien que quiera usarla ilegalmente, información muy útil para desestabilizar al rival".

"No hay garganta profunda"


Mercado ha indicado que Marcos Peña, jefe de la unidad y fichado por Granados como asesor de seguridad en junio de 2008, le facilitó datos del funcionamiento de esa unidad en una larga conversación en la que "niega que que haga seguimiento de altos cargos del PP en Madrid" e indica que no hace "contravigilancia". Según Mercado, Peña le dice que "yo hago informes de corrupciones en ayuntamientos socialistas o de rivales como Gallardón". Para Mercado, eso "es un servicio secreto porque está haciendo labores para las que la CAM no tiene competencias".

Peña daba sus informes a Francisco Granados, ante quien respondían estas unidades parapoliciales de ex policías y ex guardias civiles. De hecho, señala el periodista de El País, esas unidades existen desde antes de la contratación de Peña, desde 2007, y realizan labores que sólo conoce Granados. Desde la DG de Seguridad, de hecho, saben que tienen sus propios coches y puntualizan que "no sabemos qué hacei tampoco nos interesa", según Mercado.