Prestación de servicios con armas
* Los vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios:
* Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.
* Los de vigilancia y protección de:
* Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas Armadas que estén destinados al uso por el citado personal.
* Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias peligrosas.
* Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o producción de materias inflamables o explosivas que se encuentren en despoblado.
* En los establecimientos que a continuación se relacionan, entidades, organismos o inmuebles, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía, en los supuestos que afecten a más de una provincia o circunstancias tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga significación:
* Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito.
* Centros de producción, transformación y distribución de energía.
* Centros y sedes de repetidores de comunicación.
* Polígonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de materias primas o mercancías.
* Urbanizaciones aisladas.
* Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban objetos preciosos.
* Museos, salas de exposiciones o similares.
* Los lugares de caja o donde se concentren fondos de grandes superficies comerciales o de casinos de juego.
* Cuando las empresas, organismos o entidades titulares de los establecimientos o inmuebles entendiesen que, en supuestos no incluidos en el apartado anterior, el servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en cuenta las circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la correspondiente autorización a la Dirección General de la Policía, respecto a supuestos supraprovinciales o a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno