Las empleadas de la Delegación de Hacienda reclaman al juez de lo Penal 1 y al fiscal superior que reabra el caso por no haber podido ejercer la acusación.

ALVARO CALLEJA Alrededor de 70 trabajadoras de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de Granada han trasladado un escrito al Juzgado de lo Penal 1 de Granada y al fiscal jefe superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para solicitar que reabran el caso del trabajador que recientemente fue condenado a un año de prisión por grabar a sus compañeras de trabajo con una microcámara oculta instalada en los servicios de mujeres.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, las trabajadoras se quejan de que no han podido ejercer la acusación particular porque los responsables de la Delegación, a los que no citan directamente, "no dieron traslado de forma inmediata" de las actuaciones judiciales.

Las mujeres que suscriben el escrito de queja se enteraron precisamente por la letrada del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) de que el procedimiento estaba "visto para sentencia" desde el 28 de febrero, día en el que tuvo lugar el juicio oral en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no llegó a celebrarse al estar conforme el acusado, que responde a las iniciales F.J.T.J., con la pena solicitada por el fiscal, un año y medio de prisión inicialmente que se le redujo a doce meses y una multa de 1.740 euros por un delito contra el derecho de la intimidad, sin que nadie ejercitará la acusación particular.

El procedimiento se inició de urgencia en el Juzgado de Instrucción 8 de Granada y pasó al Penal 1.
Según ha podido saber este diario, iba a comparecer en el juicio el propio delegado de Economía y Hacienda, Antonio Argüelles, pero no fue necesario su testimonio al haber conformidad de las partes.

La sentencia, que fue dada ayer a conocer por Ideal, se redacta el 15 de marzo y el 17 el delegado convoca a los trabajadores para ser informados, según consta en el escrito. En dicha reunión, Argüelles, en presencia del secretario general de la Delegación, informa que el 24 de febrero dos compañeras funcionarias descubrieron un "artefacto" en el servicio de señoras. Este diario ha podido conocer que, en un principio, cundió cierto temar a que pudiera ser un explosivo.

La microcámara no pudo ser intervenida en un primer momento puesto que el autor, un funcionario de carrera que trabaja en el área de Personal y que tiene acceso a los datos personales de todos los trabajadores, se percató del revuelo y pudo quitar a tiempo el artilugio antes de la llegada de los vigilantes de seguridad.

Sin embargo, a los dos días, el 26 de febrero, fue sorprendido por un vigilante saliendo de los servicios de señora, momento en el que se le intervino la cámara y se le ordenó que recogiera sus efectos personales, procediéndose a la apertura de un expediente disciplinario que no se ha hecho efectivo a efectos de suspensión de empleo y sueldo dado que al hoy condenado se le concedió la baja médica.

Desprotección. "Ante la magnitud y gravedad de estos hechos, las mujeres que creemos que podemos ser víctimas de vulneración de nuestros derechos por ser usuarias habituales de estos servicios de señoras ubicados en nuestro centro de trabajo, somos conscientes de que se hacen necesarias poner en marcha las actuaciones oportunas para la defensa y protección de nuestros derechos legítimos", reclaman en su escrito con fecha de 20 de marzo.

Todas ellas sostienen que en ningún momento han tenido conocimiento de que había un procedimiento judicial en marcha que "nos podía afectar de manera directa, por lo que no nos ha sido posible personarnos en dicho procedimiento ni como denunciantes, ni como denunciadas, ni como acusación particular", puntualizan.
A juicio de las firmantes, los hechos vulneran su derecho fundamental a la tutela efectiva, por lo que solicitan que se les informe, "a la mayor brevedad posible", de las distintas investigaciones con el fin de dilucidar el alcance de los hechos.

Este periódico ha podido saber que en el ordenador del trabajo no disponía de documentos porque, según parece, formateó el disco duro, mientras que en el personal, que también se le intervino en su domicilio, hallaron imágenes pero ninguna carpeta de archivo de intercambios por lo que se presupone que eran para "uso personal". Sin embargo, sus compañeras no están convencidas de ello y desean conocer "la existencia de dichas imágenes y su posible difusión, características y presencia a través de los distintos medios en los que hayan podido distribuirse, así como la existencia o no de más imágenes almacenadas en elementos personales, ya sea en su lugar de trabajo o domicilio".

El problema que se plantea ahora es saber si es posible la reapertura del caso teniendo en cuenta que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito en dos ocasiones.


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