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Madrid (EP).- Más de 800 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en 2008, por lo que ya suman 3.500 las fallecidas en los últimos cinco años, fruto de una violencia de género que no sólo se limita al ámbito de la pareja, sino a la “impunidad” que sucedió a una guerra civil durante la que “el cuerpo de la mujer se utilizó como arma de combate”, según explicó la presidenta de la Agrupación de Mujeres de Guatemala, Mercedes Hernández.

En una entrevista concedida a Europa Press, la también coordinadora de Proyectos de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género puso el acento en que tras el conflicto, el patrón de agresiones que sufrían las mujeres no varió, simplemente, cambió de localización geográfica “lo que está íntimamente ligado a que, con los acuerdos de paz, los asesinos y los grupos violentos se dispersaron por el territorio”.

“Miles y miles de hombres que fueron aleccionados para matar y torturar a mujeres quedaron diluidos en la sociedad, nadie les culpó ni les pidió cuentas y lo que ha quedado de todo aquello es la sensación de que cualquiera puede hacer lo que quiera con el cuerpo de las mujeres”, explicó Hernández.

Esta situación se suma a la violencia generalizada que padece la sociedad en Guatemala, porque conforme explica la activista, la justicia de aquel país “está colapsada” y mientras “los partidos políticos se lanzan graves acusaciones” la situación en las calles se vuelve cada vez más complicada. “El crimen organizado tiene a la población guatemalteca de rodillas”, aseguró.

En este sentido, señaló la escalada de violencia de que es objeto este país, donde 77 conductores de autobús han sido asesinados en las últimas semanas por negarse a pagar una suerte de “impuesto revolucionario” y otras 24 personas resultaron muertas en los tiroteos. El pasado 1 de abril un motorista armado acribilló a tiros al periodista Rolando Santis, que cubría los homicidios. Él falleció y su operador de cámara se encuentra gravemente herido.

Hernández, que reside en España porque está amenazada de muerte en su país, relaciona la violencia que asola Guatemala con la publicación del informe ‘Derecho a saber’, elaborado por la Procuraduría de Derechos Humanos, que “revela una década de abusos de derechos por la Policía Nacional” guatemalteca, al hacerse eco de los archivos de la época de la Guerra Civil, recientemente abiertos.

REPRESALIAS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

“Lo difundió el Procurador de Derechos Humanos y once horas después, tres encapuchados secuestraron y torturaron a su esposa durante un día entero, hasta que la soltaron. Ha permanecido hospitalizada varios días”, señaló Hernández, en referencia al rapto de la catedrática Gladys Monterroso el pasado 25 de marzo.

Según explicó, la apertura del archivo coincide con los intentos de llevar ante la justicia a los ex militares responsables del genocidio en la guerra. “Estos grupos tienen miedo de ser llevados ante la justicia internacional y su estrategia es recordarle a la población que quienes siguen teniendo el control son ellos: generan en problema y luego ofrecen la solucion, ahora ya a través de partidos políticos que dicen defender el Estado de Derecho”.

En su opinión, el problema es que tras la Guerra Civil en Guatemala no hubo castigo para los verdugos ni resarcimiento para las víctimas y hoy, con una clase política que ”tiene claros antecedentes militares y ante la deficiencia del sistema judicial, la respuesta ha sido institucionalizar la violencia como forma de combatir del crimen”.

Según denuncia, “la seguridad está hoy en manos de gente que trabaja al margen de las instituciones estatales, en forma de empresas de seguridad privada, muchas de las cuales son propiedad de personas procedentes de los grupos militares disueltos tras la guerra”. “En total, los efectivos de cuerpos de seguridad privada son cuatro veces más que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado”, apostilló.

Para incidir en esta situación, denunciar la persecución que sufren los defensores de derechos humanos y la violencia específica contra la mujer, la Plataforma de Mujeres Artistas ha organizado una expedición en mayo a Guatemala durante la que se reunirán con responsables políticos y de entidades sociales para trabajar en su fortalecimiento de cara a combatir la impunidad y defender los derechos civiles.