* El actual gobierno cuenta con 189 personas susceptibles de requerir escolta
* La protección de las personas vinculadas a las obras del TAV, otra necesidad
La protección del Gobierno vasco que presidirá el socialista Patxi López exigirá que 1.200 ertzainas ejerzan labores de escolta en Euskadi y un notable incremento de la seguridad de los altos cargos del ejecutivo respecto a la actual situación, con el nacionalismo en el poder. El comunicado de ETA del último fin de semana, con una amenaza explícita a «los responsables políticos de esa estructura impuesta», a los que considera «objetivo prioritario», ha puesto sobre la mesa un asunto que ya preocupaba a los responsables de las fuerzas de seguridad.
El sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, considera que serían necesarios 1.000 efectivos más para dar una respuesta adecuada a éstas y otras necesidades recientes, como las derivadas de la protección de las personas vinculadas a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). «No es posible sacar a más agentes de la calle sin poner en peligro la seguridad ciudadana y, además, hay que tener en cuenta las jubilaciones que se avecinan y la puesta en marcha de la segunda actividad», explican desde el sindicato, que defiende que el proceso de incorporación de este millar de agentes debería concretarse en un plazo de dos años.
El actual gobierno de Ibarretxe cuenta con 189 personas susceptibles de requerir escolta en un clima de amenaza generalizada como el que sufrirá el de Patxi López. Son los que ocupan los cargos de lehendakari, vicelehendakari, consejero, viceconsejero y director. A la espera de conocer la estructura del nuevo ejecutivo, que el PSE ha prometido reducir, cabe pensar que la cifra no se verá recortada de forma sustancial. A este número hay que añadir el de los directores de entes y sociedades públicas, desde la radio y la televisión vasca a los gestores de otros sectores como el transporte, la energía o la sanidad.
Aunque los niveles de protección podrían variar y aplicarse sistemas de contravigilancia o de un único escolta, como ocurre con algunos jueces y empresarios, una escolta de dos personas, 24 horas al día, requeriría destinar 1.200 policías a estos dos centenares de cargos (entre seis y siete por protegido), una cifra difícilmente asumible con una plantilla de 8.000 ertzainas.
En la actualidad, sin que los datos cuenten con confirmación oficial son cerca de 1.300 los protegidos en Euskadi. El Departamento de Interior y el Ministerio tienen destinados a 700 ertzainas y 500 policías nacionales y guardias civiles a las labores de escolta. Hace casi una década que ambas administraciones acordaron el reparto de las tareas y de los costes de la protección a partes iguales. El Ministerio tiene previsto un gasto de 102 millones de euros este año para protección de personas y edificios (sedes de los partidos) en el País Vasco y Navarra, una cifra que es de 69,4 millones en el caso del Gobierno vasco.
Los escoltas privados, 1.800 en Euskadi y 750 en Navarra, juegan un papel fundamental en este sistema. La mayoría tiene encomendada la protección de los concejales socialistas, populares y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y completan horarios mucho más amplios que los miembros de las fuerzas de seguridad.
La protección del actual Gobierno vasco en funciones varía según el nivel de responsabilidad y relación con la amenaza etarra. Además del lehendakari y la vicelehendakari, cuentan con escolta algunos consejeros, entre ellos, los titulares de Interior y Transportes, Javier Balza y Nuria López de Gereñu, ésta última, encargada del proyecto de la Y ferroviaria, la línea del tren de alta velocidad. Sólo dos viceconsejeros adscritos a estos dos departamentos cuentan con protección policial.
A los cargos del Gobierno vasco salientes, que contarán durante un tiempo indefinido de protección, los entrantes del nuevo ejecutivo, en un número mucho más elevado, y los concejales, hay que añadir las necesidades crecientes relacionadas con el TAV. En principio, ambas administraciones determinaron que 100 personas requerían protección de forma prioritaria, pero la cifra aumentará en la medida en que crezca la obra. Todavía resulta una incógnita qué tratamiento recibirán los alcaldes y concejales del PNV de municipios por los que discurrirá el trazado.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/14/paisvasco/1239737959.html