La empresa pública de aparcamientos considera que se debe a una “desmotivación” de los agentes a la hora de sancionar

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Tráfico y de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), está ultimando una remodelación en el sistema de trabajo de la grúa municipal que supondría la desaparición de los 20 policías locales que actualmente están adscritos a este servicio y que se vienen encargando de decidir los vehículos que deben ser retirados por estar mal estacionados y de denunciarlos con la correspondiente multa.

La eliminación de los policías supondría que serían los operarios de la grúa los encargados de decidir la retirada del vehículo y de tramitar la infracción.
Para ello, el operario, tras descubrir el vehículo mal aparcado, realizaría una fotografía del mismo y la enviaría a través de una PDA o pequeño ordenador junto con los datos de identificación al grupo de grúa de Policía Local para comprobarlo.

Una vez visualizada la foto, la policía rechazará o dará el visto bueno a la operación y en caso afirmativo el operario completará la maniobra y retirará el vehículo con la grúa.

Críticas de CGT. Este cambio, que ha sido anunciado ya a los trabajadores y está a la espera de que se cierren los últimos flecos, tiene el objetivo de hacer más efectivo el sistema de retirada de vehículos que en los últimos años ha perdido eficacia como lo demuestran la cifras de retiradas de vehículos que están cayendo en picado en los últimos años. Si en 2005 la grúa retiró algo más de 24.000 coches la cifra ha ido decendiendo desde entonces hasta rondar los 17.000 del año pasado.

Los responsables de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) consideran que esto se debe a una desmotivación de los policías encargados de sancionar a los vehículos mal aparcados y por ello, de acuerdo con los mandos policiales, han decidido retirarlos y dejarlo todo en manos de los 35 operarios adscritos a la grúa a los que se les pretende ofrecer un plus de productividad para que eleven la cifra de vehículos retirados.

La solución prevista tiene que sortear aún algunos escollos, tal como le ha hecho ver el comité de empresa a la dirección de Smassa. Uno de los más importantes es de legalidad, ya que un vehículo mal aparcado y su correspondiente retirada es una infracción de la Ley de Seguridad Vial que debe ser impuesta y firmada por un agente de la autoridad, que para ello debe estar presente en el lugar en que se comete la transgresión.

También el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su rechazo inicial al cambio, ya que “se pretende que el operario realice labores propias de la Policía Local”, pues obligaría al trabajador a decidir que vehículos deben ser retirados “sin estar capacitado para ello y sin ser ese su cometido”.

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