ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS
El Parlamento Europeo adoptó el pasado 6 de mayo una posición firme en defensa de los derechos de los internautas al establecer por abrumadora mayoría que no puede suspenderse el acceso a internet a un ciudadano sin decisión judicial previa.
La firme postura adoptada por la Eurocámara en este cuestión crucial supone un duro revés político para los países que, como Francia, impulsan una legislación nacional para dejar sin acceso a internet por mera vía administrativa a los ciudadanos de los que se sospeche que intercambian archivos (música, películas) en la red. La inclusión de la exigencia de una decisión judicial para cortar el acceso a internet en el paquete legislativo comunitario sobre telecomunicaciones deberá ahora negociarse con los representantes de los 27 estados de la Unión Europea (UE) en el Consejo de Ministros europeo.
Como este punto fue aprobado por mayoría absoluta --407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones.-- la Eurocámara se encuentra en una posición de fuerza en la futura negociación con los Veintisiete. La enmienda introducida por la Eurocámara en el paquete legislativo sobre telecomunicaciones establece que "no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales".
DIVISIÓN EN EL PP
La enmienda a favor de los derechos de los internautas fue impulsada por los grupos parlamentarios liberal y verde. Tras varias vacilaciones, se sumó a ella la mayoría del grupo socialista. La propuesta contó también con el respaldo de la izquierda unitaria y de una parte del grupo popular. La delegación española del PP votó dividida: una parte votó en contra, la mayoría se abstuvo y unos pocos votaron a favor.
La mayoría de los eurodiputados juzgan la votación como una victoria muy importante de las libertades ciudadanas al exigir garantías judiciales en las comunicaciones electrónicas. La firme toma de posición de la Eurocámara también fue celebrada como una gran victoria por parte de la comunidad internauta, que no considera que sea un delito intercambiar ficheros de música y películas en la red, de la misma manera que no se persigue a la gente que presta libros.