El vigilante de seguridad que ha sido acusado por una residente argelina del CETI de ser su violador no estaba de servicio el día en el que, la presunta víctima, dice que sucedieron los hechos, el pasado 10 de abril. Así se le hizo saber ayer al juez en el transcurso de la declaración ofrecida por el imputado, argumentándose con documentos que ni él ni los otros dos vigilantes que la víctima cita en su declaración estaban de servicio el día de los hechos. Este es el dato más relevante de los que forman parte de la investigación judicial puesta en marcha y que será asumida por el juzgado número 2 de la ciudad. El vigilante permanece apartado de su servicio en el CETI pero no de su trabajo en la empresa SERRAMAR que ayer defendió su trabajo y fundamentaba la separación del servicio en el campamento en una mera cuestión de prudencia, “no porque se dude de él, ni como medida disciplinaria”.
En declaraciones a ‘El Faro’, la dirección de la empresa ha recalcado que el vigilante imputado no tiene antecedente alguno por irregularidades cometidas y nunca ha dado problemas, recalcando que sobre él debe pesar la presunción de inocencia que es en la que cree la empresa.
La empresa ha manifestado que el afectado “está hecho polvo” porque ha sido objeto de una “acusación execrable”. Ahora está prestando servicio en otro lugar ya que la empresa confía en él. De hecho, al margen de la actuación policial y judicial, la propia SERRAMAR ha realizado una investigación interna sobre los hechos que, ahora, se llevará más a fondo. “Nos hemos llevado una sorpresa con todo esto”, apuntaba la empresa.
Por su parte la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha confirmado que el Ministerio Fiscal está investigando la denuncia, que ahora mismo, ha precisado, “está en fase de investigación” y cuando acabe “se tomarán las medidas pertinentes”. Los hechos supuestamente tuvieron lugar en el transcurso de una pinchitada. La Policía estaba investigando los hechos lo que forzó a la dirección del CETI a denunciarlos.
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