Cuando la Policía de fronteras rechaza a un viajero de un aeropuerto español, la compañía aérea con la que ha viajado se hace cargo "inmediatamente del extranjero () para ejecutar el retorno" y asume los gastos generados. Así lo dicta el artículo 156.4 de la Ley de Extranjería, que deja la seguridad en manos de la empresa de vigilancia privada que decida la compañía aérea. Por el contrario, en las expulsiones de sin papeles que viven en el país, la Policía Nacional es quien se encarga del acompañamiento durante el vuelo.

"Estos viajes son muy estresantes porque tenemos que vigilar a una persona durante muchas horas. Si ocurre algo, sólo podemos controlarlo con las manos porque viajamos sin armas", explica Luis, nombre ficticio de un vigilante de seguridad de Prosegur. En el caso de Iberia y gran parte de las operadoras extranjeras, Prosegur es la compañía que se encarga de realizar estos acompañamientos. Los vigilantes privados no suelen hablar el idioma del rechazado, ni tampoco han recibido cursos específicos de formación sobre extranjería.

España prohibió la entrada a 17.317 extranjeros durante el año pasadoEn 2008, España negó la entrada al país a 17.317 personas en sus puestos fronterizos (habitualmente puertos y aeropuertos). La cifra fue un 28,9% inferior a la de 2007 (24.355), según el Ministerio del Interior.

Temor al motín
En el vuelo de regreso, "el retornado puede ponerse a dar cabezazos contra el asiento en cualquier momento" para autolesionarse e intentar así que no se le retorne, explica Luis. "La desesperación lleva a algunos a buscar cualquier artimaña para que no se le devuelva". Uno de los riesgos más altos a los que se enfrentan los vigilantes es el posible amotinamiento de los pasajeros. "A veces estamos separados del pasaje con una cortinilla y, si el retornado grita que le estamos pegando, puede haber un problema muy serio a bordo".

El posible motín de los pasajeros es uno de los riesgos más altosIberia asegura que son "puntuales" los casos en los que se recurre al acompañamiento vigilado ya que los rechazados suelen regresar solos. Únicamente cuando hay indicios de que la persona puede ser conflictiva se incluye en el vuelo de regreso a uno o dos vigilantes.

No obstante, "en los viajes no suele haber problemas", asegura Luis. En su último vuelo, algunos pasajeros del avión le pidieron permiso para regalarle ropa y útiles de aseo al pasajero que custodiaba. "Llevaba varios días sin ducharse y entendieron la situación comprometida en la que regresaba el chico", recuerda. Las familias africanas hacen un gran esfuerzo económico para mandar a sus jóvenes a Europa y regresar con las manos vacías o sin regalos supone un gran fracaso.

La Policía Nacional sólo se encarga de la custodia mientras el viajero permanece retenido en las salas comunes del puesto fronterizo. El periodo máximo es de 72 horas, hasta que la compañía dispone de un vuelo de regreso.

Iberia dice que los retornos de no admitidos vigilados son "puntuales"Los motivos que provocan el retorno van desde la falta de documentación o medios económicos hasta la sospecha de los entrevistadores de que la visita no se vaya a realizar con los fines que ha declarado. Normalmente, se trata de inmigrantes que intentan entrar en el país por vía aérea. Sin embargo, en ocasiones afecta también a estudiantes, turistas o profesores universitarios, como ocurrió en marzo de 2008 durante la crisis diplomática entre España y Brasil. Entonces, los problemas políticos provocaron un endurecimiento de los controles en las llegadas a ambos países.

Subcontratación de intérpretes
El Ministerio del Interior confió el año pasado los servicios de interpretación de idiomas en el aeropuerto de Barajas a la empresa Seprotec. Y los problemas con los traductores comenzaron pronto, al presentarse uno de los traductores con documentación falsa y otro con antecedentes policiales, según denunció CCOO. Además, el sindicato criticó el envío de un supuesto intérprete paquistaní para atender a un brasileño en portugués.

Gabriel Pérez Castillo, responsable de Justicia en CSIT Unión Profesional, aseguró que esta falta de profesionalidad era habitual también en los juzgados de la Comunidad de Madrid. “Todo por reducir costes. Si antes los intérpretes cobraban 60 euros la hora, ahora la Consejería paga 45 a Seprotec y esta empresa sólo paga diez a sus empleados. Por ese precio, muy pocos son profesionales. Son gente que trabaja de camarero o en una tienda y que redondea sus ingresos con traducciones esporádicas”. Así no se salvaguarda la garantía procesal de los acusados y eso es fundamental en una democracia, denunció Pérez Castillo.


http://www.publico.es/233796