El ex jefe de los supuestos espías de Madrid queda a las órdenes de su sucesor

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado una remodelación de su dirección de seguridad que, en la práctica, supone la liquidación de los distintos servicios secretos paralelos, algunos de ellos vinculados a los casos de espionaje, que convivían en el seno de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados. De entrada, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón -destituido tras la requisa de un ordenador en un despacho oficial de la Consejería de Justicia-, máximo responsable de los funcionarios sospechosos del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño Manuel Cobo, estará, por fin, a las órdenes directas de su sucesor, Enrique Barón.

Gamón pierde la total autonomía que hasta ahora había disfrutado. Precisamente porque Barón recelaba de él y de las actividades de su cohorte de ex guardias civiles, ex policías y técnicos de la Comunidad, Barón nunca quiso controlarlo. Marcos Peña, que dirigía otro servicio paralelo para informar al consejero, seguirá como asesor directo de Granados. Una portavoz de la Consejería de Interior no supo anoche precisar el destino de la media docena de ex policías y ex guardias civiles que fueron fichados como asesores y acabaron nutriendo los equipos especiales de Gamón o Peña.

En cualquier caso, parece claro que a José Manuel Pinto o a José Palomo, funcionarios de la consejería de Granados investigados por el presunto espionaje a Cobo y a Prada, al igual que a la media docena de ex agentes de Interior citados, se les acabaron las "avanzadas", reconocimiento de lugares donde va a participar en un acto un alto cargo, o "contravigilancias", controlar los agujeros en los servicios de escolta. Es decir, vigilaba al protegido y al escolta para ver si alguien les seguía. Bajo estos eufemismos, en ocasiones se encubrían tareas de dudosa legalidad. Porque, de entrada, las contravigilancias y la labor de protección o escolta son tareas ajenas a la Comunidad.

Más ajenos todavía son los espionajes a altos cargos o las fotografías a sindicalistas. Esas labores, pero ceñidas a su exclusivo fin legal, pasarán a ser desarrolladas en exclusiva por la unidad de 80 policías nacionales que se incorporará a la consejería después del verano.

Granados aseguró, informa Beatriz Jiménez, que con la medida se pretenden evitar las "duplicidades" en tales labores que había criticado la oposición. De este modo, el consejero de Interior viene a dar la razón a la oposición: sus funcionarios estaban realizando tareas que son competencia del Ministerio de Interior.

Una unidad de la Guardia Civil, por su lado, se encargará de vigilar los edificios. Ambas unidades, con mandos del cuerpo propios, dependerán funcionalmente de la Comunidad de Madrid, aunque sigan vinculadas orgánicamente y salarialmente al Ministerio del Interior.

El medio centenar de funcionarios históricos de la dirección de Seguridad se ocupará de controlar que la vigilancia privada contratada por la Comunidad de Madrid cumple con los requisitos pactados. En frase de Francisco Granados, "todas las competencias en materia de seguridad pasan a depender del director general, de modo que no habrá ninguna actividad de seguridad que no dependa del director general". Leído al revés: hasta ahora había tareas que, paradójicamente, no controlaba el actual director de seguridad, Enrique Barón, ex jefe superior de policía Madrid.

Enrique Barón ha tardado un año en hacerse con el control de unos mandos y unos equipos policiales cuyo descontrol denunció nada más llegar al puesto.

Ahora, todos los ex agentes o funcionarios sospechosos del espionaje, mandos incluidos, pasan a depender de él. Sólo Marcos Peña, ex inspector de policía que continuará como asesor de Granados, al que confiesa informar de cuanto asunto juzga relevante, quedará fuera de su ámbito competencial.

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