Convertidos en centros de dinamización económica y en reclamo turístico, los mercadillos y las ferias de artesanía de la provincia de Alicante observan con impotencia cómo las mafias organizadas fomentan la venta de productos falsificados. Estas situaciones han provocado desde tormentas políticas en los ayuntamientos, con ediles denunciados ante los juzgados, hasta episodios dignos de la tradicional picaresca española. Cualquier artículo de imitación puede venderse: ropa, bisutería o complementos. Todo falso.


Los distribuidores han puesto el punto de mira en las zonas turísticas
"Quienes venden esos productos en los mercadillos por su cuenta o en pequeños grupos son los tradicionales manteros y otras personas que no tienen otro medio de subsistencia, pero ésta no es la cuestión que más nos inquieta". Según un empresario del sector, el verdadero problema reside en los grupos organizados que suministran al por mayor mercancía fraudulenta "y que están instalados en los polígonos industriales de grandes ciudades como Valencia y Madrid, desde donde importan productos falsificados procedentes sobre todo de China".

Estas mafias tienen redes para distribuir estos artículos y han puesto su punto de mira en las zonas turísticas. El sector se queja de que actúan con impunidad y de que faltan medios policiales. El empresario citado sostiene que los ayuntamientos apenas envían policías a los mercadillos, sean éstos de gestión privada, como el de la Cala de La Vila, o públicos, como Torrevieja, "un foco de manteros y carteristas". Sólo los ubicados en recintos privados, como en Benidorm, tienen autorización para contratar seguridad privada.

El sector añade que, en ocasiones, los ayuntamientos incluso alientan este comercio desleal. A principios de 2009, el PSPV denunció en Teulada un mercadillo "paralelo e ilegal" frente al autorizado. Y en Calp la Asociación de Comerciantes ha denunciado al edil de Comercio, Juan Roselló, del PP, por permitir a una asociación de senegaleses realizar venta ambulante con artículos falsificados. Roselló firmó en mayo un decreto en el que ordenaba que el material ilegal incautado se diera al colectivo para que pudiera venderlo.

No obstante, en ocasiones las fuerzas de seguridad sí actúan. En Teulada detuvieron a cuatro personas acusadas de un delito contra la propiedad industrial por estas prácticas y en Calp la Guardia Civil apresó a dos vendedores que ofrecían aparatos audiovisuales cuyas cajas escondían recipientes de zumo.

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