La noticia de que en estos días la Guardia Civil ha detenido a 13
vigilantes de seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur por un
presunto delito de alteración del orden no parece, dada la escasa
repercusión mediática, sorprender ni importunar a nadie. Que los
seguritas no gocen de muchas simpatías no debe hacernos silenciar, y
mucho menos justificar, la estrafalaria represión que el instituto
armado ha ejercido contra unos trabajadores –“compañeros” suyos en las
tareas del filtro previo al embarque y escáner- que, cansados de los
incumplimientos de Aena en materia de salud laboral, decidieron
protestar -el pasado 22 de agosto- realizando un paro sin abandonar sus
puestos de trabajo. Desde 2006, los vigilantes de seguridad del
aeropuerto Reina Sofía han denunciado reiteradamente ante la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife las
infracciones a la Ley de Riesgos Laborales por parte de Aeropuertos
Nacionales. Entre los incumplimientos destacan no disponer de aseos,
taquillas ni zonas de descanso, las garitas de vigilancia se encuentran
en un estado lamentable, no se les proporcionan sillas ergonómicas y
soportan elevadas temperaturas por no contar con aire acondicionado….
En palabras de Alternativa Sindical, único sindicato que está dando la
cara, sólo intentan dignificar su trabajo.

Ante este conflicto, la Guardia Civil, instrumentalizada por Aena y las
compañías aéreas, ha optado por emplear mano dura contra los
trabajadores aplicando sin ningún rigor la Ley de Seguridad Privada y
considerar la protesta laboral una alteración del orden y, además, un
abandono del servicio con graves repercusiones en la seguridad del
aeropuerto. Sin embargo, qué poco respetuosos son con esa seguridad que
esgrimen como arma contra los vigilantes cuando suprimen la mayoría de
los puntos de vigilancia exterior para concentrar al personal en las
tareas de control en el embarque cuando aumenta el tráfico de
pasajeros, entonces la cacareada seguridad se deja a un lado porque lo
que importa es que no se produzcan retrasos en los vuelos.

Como ya denunciara Arnaldo Tejera en Canarias 24horas, existe realmente
un enfrentamiento entre Guardias Civiles y vigilantes de seguridad
privados en el aeropuerto Tenerife Sur. Se despide o se retira del
servicio a todo vigilante que proteste o denuncie cualquier
irregularidad por parte de miembros de la benemérita. Es llamativo y
revelador el caso de la vigilante Mónica González, despedida de la
empresa Seguridad Integral Canaria al ser denunciada por Carlos
Tejerina, sargento de la Guardia Civil, por una presunta negligencia
cuando realmente, a juicio de Mónica, lo sucedido fue un encontronazo
con la esposa del sargento, la también vigilante Emma Hernández Abreu.
Este caso está en los tribunales. El periodista Jorge Veladia afirma en
un artículo para WIP “que casi todas las empresas de seguridad privada
tienen ex guardias civiles, ex policías o ex militares en la nómina o
incluso en la junta de consejo". En este proceloso mar de enchufismo,
también se ha constatado la realización de cursos para la obtención de
la licencia sin respetar la normativa e impartidos por el hijo de un
guardia civil; asegura el sindicato Alternativa Sindical que el 50 por
ciento de los diplomas de vigilantes que existen en Tenerife son
ilegales. Es lamentable, una situación que se viene arrastrando desde
2006 o incluso antes y conocida por los sucesivos Delegados del
Gobierno sin que hayan hecho nada por solucionarla.

Mención aparte merece la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC). Si
la Guardia Civil detiene a 13 trabajadores, la empresa del presidente
de La Unión Deportiva y mecenas de la Universidad de Las Palmas (ULPG)
abre expediente disciplinario a 20 vigilantes de la plantilla del
aeropuerto Reina Sofía que realizaron el paro del 22 de agosto. Se da
la circunstancia que Seguridad Integral ha sido denunciada
reiteradamente por contratar personal sin la titulación exigida;
llegando, junto a otras compañía del sector, a inventar la figura del
"auxiliar de seguridad" para agrandar su altísimo margen de beneficios
al poder contratar personal más barato y sin la cualificación exigida.
En 2006, los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Canaria también
denunciaron que Seguridad Integral Canaria no sólo vulneraba
reiteradamente la Ley de Seguridad Privada y quebrantaba la legislación
laboral sino que cometía fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda
Pública. Así se lo hicieron saber al entonces presidente del Gobierno
de Canarias, al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, la
Fiscalía de Menores, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la
Seguridad Social, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las
Palmas. Todavía se recuerda que la policía levantó 18 actas a personal
con antecedentes penales o policiales que trabajaban como “educadores”
en los tristemente famosos Centros de Menores de Tenerife, cinco eran
trabajadores de esta compañía de seguridad. La Asociación de Compañías
Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser/Canarias), ha
denunciado que existe trato de favor del Ejecutivo canario hacia
Seguridad Integral Canaria, no en vano es la destinataria del 82 por
ciento del gasto en seguridad de la Administración autonómica. La
guinda del favoritismo la pone José Miguel Ruano del que Aproser
sospecha que elaboró un pliego de condiciones a la medida de Seguridad
Integral Canaria, adjudicataria actual del servicio de escoltas del
Gobierno de Canarias. No es raro, por tanto, que Seguridad Integral
Canaria criminalice y reprima al alimón con la Guardia Civil a sus
díscolos trabajadores que pretenden disfrutar de unas condiciones de
trabajo dignas.

No obstante, la seguridad pública, sometida a un férreo control
ciudadano, debe ser la manera de responder de forma democrática y
transparente a la cuestión siempre espinosa de la protección y la
represión. Por tanto, debe desarrollarse en el ámbito de lo público
como garantía de objetividad e igualdad en su prestación ya que existen
aspectos que irrumpen en muchas ocasiones en el terreno privado de los
ciudadanos. La Constitución Española en el punto 1 del artículo 104
sanciona que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En el
artículo 149 lo remarca: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre
las siguientes materias: Seguridad pública, sin perjuicio de la
posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas…” la
Ley Orgánica 2/1986, de 113 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, establece en su artículo primero que “La seguridad pública
es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al
Gobierno de la nación.” Debería estar claro que en el actual
ordenamiento jurídico la prestación de la seguridad pública debe ser
ejercida por los funcionarios públicos que conforman las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero la realidad es otra y el incumplimiento de la Constitución en este
caso es tan evidente como la imposibilidad de garantizar los derechos
sociales y económicos en ella recogidos (derecho a una vivienda digna,
derecho al trabajo, etc.). El neoliberalismo ha conseguido que, al
igual que la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. la
seguridad pública, transformada en mercancía, también se preste en al
ámbito privado por dos motivos fundamentales: la ineficacia del Estado
y lo caro que resulta. El blog Cultura de Defensa nos proporciona un
ejemplo que nos ilustra sobre este doble engaño; el pasado 2 de abril,
el Ministerio del Interior español adjudicó a la empresa Seprotec el
contrato del servicio de traductores e interpretes de la Policía
Nacional y la Guardia Civil (interpretación de declaraciones orales,
traducciones escritas, escuchas telefónicas, y transcripción de
cintas), pensando que obtendría de esta forma personal cualificado
rápidamente y a un precio administrativamente aceptable. Sin embargo,
de los 45 € por hora pagados por el ministerio al traductor le llegan
sólo 10 euros, con estos salarios Seprotec sólo puede contratar a
personal de baja cualificación. Es decir, el Estado no ahorra un euro
mientras la empresa se forra dando un servicio de peor calidad.

El papel regulador del Estado se limita a una extensa batería
legislativa meramente ceremonial. Gaspar Llamazares, en la
comparecencia de la ministra de Fomento por el accidente de Barajas,
definió atinadamente a los reguladores estatales como ratones frente a
los elefantes de la empresa privada y sentenció certeramente que los
elefantes temen a los ratones sólo en los cuentos.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72223