Los escoltas privados, preocupados porque el incidente de Bilbao empañe la imagen de su labor - Las empresas deben recurrir a aspirantes sin experiencia

"Ineptos hay en todos los oficios, desde fontaneros hasta periodistas. Y con el tiroteo de Abando, el tipo ese perjudica a nuestra imagen y a los que llevamos años trabajando en esto". Estas palabras, pronunciadas por un escolta que lleva varios lustros protegiendo a un amenazado por ETA en Euskadi, resumen el sentir de su gremio ante lo ocurrido el 29 de agosto en la estación de Renfe de Bilbao, donde el "tipo" en cuestión, Carlos De Jesús, 31 años, protagonizó un surrealista duelo a tiros con un vigilante de seguridad. Algunos de los nuevos, prosigue el veterano, llegan a este oficio con una idea errónea, demasiado alejada de la actividad diaria de los más de 2.000 escoltas privados que ejercen en Euskadi y Navarra.

Lo que relatan nada tiene que ver con el glamour de Kevin Costner en El guardaespaldas, es mucho más rutinario, casi triste. "Las esperas son eternas, porque no puedes leer un libro o escuchar música, tienes que estar a lo que estás. Intenta hacerlo durante más de dos horas y luego me cuentas", invita Amaya (nombre ficticio), mientras aguarda la salida de la persona a la que protege. De repente, pide disculpas y se despide apresuradamente: su protegido ha acabado la reunión y tiene que revisar una vez más la zona antes de salir a la calle.

Cada día es más difícil encontrar a gente dispuesta a convertirse en la sombra de otro. Las empresas de seguridad privadas que colaboran en la protección del millar de personas amenazadas por ETA penan para hacerse atractivas y mantener a su personal. De las 24.000 personas habilitadas por el Ministerio del Interior como escoltas, sólo unos 5.600 ejercen en toda España.

"Hubo mucha premura para contratar gente después de que ETA rompiese la tregua [oficialmente, en junio de 2007]", cuenta Luis Mariscal, delegado en Euskadi de la Asociación Española de Escoltas. Según él, muchos de los que provenían de otras comunidades se fueron durante el alto el fuego y no quisieron reincorporarse. "Desde entonces, se ha bajado el listón para contratar a los nuevos, en todos los sentidos. Lo normal antes era recurrir a gente curtida en otros ámbitos, con años de experiencia como vigilante armado. No era tan fácil entrar en esto", explica.

En general, el sector ha tenido que rebajar algunas de sus exigencias para dar abasto a la demanda. Ombuds Seguridad, la empresa que puso como escolta a Carlos de Jesús (llevaba unos seis meses, según su defensa), ya sólo solicita que los candidatos estén habilitados por Interior. "Experiencia previa no requerida. Si no tienes la licencia de armas tipo C no importa, te presentamos al examen. Condiciones mínimas 36.000 euros anuales", reza un anuncio de la empresa en un portal de empleo en Internet. Los seleccionados están seis meses como vigilante de seguridad en periodo de prueba. Después, pasan a proteger a alguien amenazado por ETA.

Previamente, los aspirantes deben aprobar tres exámenes -el de vigilante de seguridad, el de escolta y el del permiso para portar armas tipo C-, que incluyen pruebas físicas y requisitos como carecer de antecedentes penales. Interior controla en todo momento, a través de un centro de coordinación, cualquier incidencia comunicada. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado jueves en la comisión correspondiente del Senado que la modificación de la normativa de seguridad privada prevista para esta legislatura incluirá mejorar el régimen de vigilancia y control de las empresas. También permitirá que los no comunitarios que residan en España puedan trabajar en el sector.

Mariscal destaca que el número de incidentes es ínfimo, si se tiene en cuenta la concentración de personal armado que se da en Euskadi y la tensión de un trabajo que sólo se puede ejercer con vocación. "Hay que tener la cabeza bien amueblada. Lo nuestro es un trabajo de prevención. Los que empiezan tienen que tener una idea clara del oficio, si no, después llega la frustración", concluye.

1.000 protegidos

5.600 escoltas ejercen en España. Algo más de 2.000 en el País Vasco y Navarra, según la Asociación Española de Escoltas. Interior dedica 100 millones de euros a la protección. El Gobierno vasco, unos 60 millones.

Hay un millar de personas protegidas en Euskadi, amenazadas directamente o de algún colectivo como jueces, políticos, periodistas.

En los casos de mayor riesgo, la protección se encomienda a agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza.

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