Iñaki Vicuña de Nicolás (Calahorra, 1955), director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, apuesta por buscar un equilibrio en el campo de la videovigilancia y por el cumplimiento estricto de la legalidad. No hay que olvidar que las cámaras «vigilan al 100% de las personas, no solamente a los malos».
- ¿De qué forma se regula la videovigilancia?
- No hay una normativa general que lo ordene. Hay diferentes regulaciones dependiendo del ámbito que se vigile. En el campo la seguridad pública existe una ley orgánica 4/97 que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. El resto de ámbitos está regulado por la ley orgánica de Protección de Datos de manera general. Esta ley dice que para tomar cualquier dato personal, como la imagen, debe haber otra ley que lo habilite o el consentimiento de las personas, algo que en videovigilancia sería absurdo.
- ¿Por qué?
- Porque no se puede preguntar a cada persona que va por la calle si da el consentimiento para que se le grabe. Como eso es inviable, tiene que haber una ley que posibilite que se ponga videovigilancia. Ahí es donde está el lío desde el punto de vista legislativo: las cámaras de tráfico se regulan por una disposición adicional en la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; la ley de seguridad privada habilita a las empresas de seguridad privada a grabar en lugares cerrados; la ley de seguridad ciudadana obliga a determinadas empresas -bancos, empresas de explosivos...- a poner videovigilancia; en otros ámbitos, como el laboral, el Estatuto de los trabajadores es el que regula que se puedan instalar cámaras...
- Pues sí que es complejo...
- La realidad encima nos dice que como el ciudadano no conoce este mundo, está poniendo videovigilancia de manera muy alegre, sin cumplir la ley. No sólo dentro de sus casas, sino invadiendo espacios públicos. La videovigilancia tiene dos caras. Por un lado, la seguridad es muy importante; por otro, el respeto a los derechos fundamentales es básico. Habrá que buscar siempre un equilibrio entre esas dos caras.
- ¿Quién se dedica a poner cámaras fuera de la ley?
- En muchas tiendas se pone videovigilancia sin conocer las obligaciones a las que están sometidas, y se incumple los derechos de los ciudadanos y la legislación. Se expone a sanciones importantes porque invade la intimidad de las personas. Una tienda que pone una cámara deberá colocarla en el ámbito privado, no en la calle, declararla ante la Agencia Española de Protección de datos -la vasca regula los edificios públicos-, informar con carteles de que existe videovigilancia, borrar los datos como máximo en un mes y ponerlos a disposición de un juez si se los pide.
- Cada vez hay menos espacios sin videovigilancia...
- Estamos en una sociedad vigilada, pero la vigilancia no sólo hay que verla de manera vertical, el poder que vigila al ciudadano, sino que también hay una vigilancia horizontal, en la que todo el mundo vigila a todo el mundo. Se ve en las redes sociales, entre conocidos, en asuntos de marketing directo cuando manejan nuestros datos... En cuando a la videovigilancia, hay ejemplos en ciudades que son una verdadera locura. En China tienen cámaras con las que llegan a escudriñar a todos los ciudadanos.
- Existe un caso en Midlesbrough que las cámaras incluso hablan y llaman la atención ante conductas poco cívicas...
- La tecnología es tan potente que hay cámaras que tienen un sistema de expertos, que pueden saber si alguien está haciendo un movimiento que puede ser anormal. Se pueden ver en los aeropuertos. La realidad supera la ficción en materia de tecnología. Hace tres años, en Londres nos reunimos agencias de protección de datos. Nos contaron una historia sobre Europa en 2025, un cuento de ciencia ficción, con cámaras que volaban y vigilaban las manifestaciones, a la gente... La tecnología usada en el relato está ya inventada y patentada.
- ¿Dónde están los límites?
- Los límites están clarísimos aunque los principios generales sean muy vagos. Por ejemplo, las empresas de seguridad que vigilan una lonja pueden poner cámaras pero tienen que cumplir con los principios de la ley. Deben cumplir con la seguridad, pero respetando los derechos de los ciudadanos. Ahí está el equilibrio.
- Ese equilibrio parece menos claro cuando hablamos de las cámaras que se instalan en plena calle por seguridad...
- El equilibrio se consigue al estar regulado por una norma que regula específicamente videovigilancia en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Ante una solicitud a la comisión de videovigilancia se comprueba de manera real dónde se ponen las cámaras, qué ámbito abarcan, si se cumplen las autorizaciones... .
- Al final se acaban cediendo derechos...
- Pero en general de forma inconsciente. La videovigilancia vigila al 100% de las personas, no solamente a los malos. Lo que ocurre es que el ciudadano no conoce sus derechos, tiene una percepción diferente de seguridad-privacidad, no sabe lo agresivo que puede ser el tema, y sin embargo, a mi modo de ver, el control y la videovigilancia nos está llevando a una especie de suicidio social. Uno sólo se siente libre en su casa cuando cierra todas las puertas. Porque sabe que en cualquier otro sitio, ya sea en una consulta en internet, entrando en un garaje, pagando con una tarjeta de banco, está totalmente escudriñado. Esa libertad se va limitando a espacios más reducidos. Es la sociedad que tenemos.
- Si un ciudadano siente que se vulneran sus derechos de privacidad, ¿dónde puede acudir?
- El ciudadano tiene derecho a que le informen de que está en una zona de videovigilancia, tiene derecho a acceder a las grabaciones -lo que en bases de datos es relativamente fácil y en videovigilancia es más complejo-, tiene derecho a cancelar los datos si no son pertinentes, tiene derecho a que se respete lo que la ley dice y que en un mes estén borradas, salvo solicitud del juez. Si estamos en el sector privado se puede acudir a la agencia española de protección de datos y, si estamos en la videovigilancia en edificios públicos, a la agencia vasca. O directamente a la justicia.
- Dependiendo del uso que se haga del material puede ser comprometido para mucha gente...
- Sólo se puede grabar para una finalidad concreta, en este caso la seguridad, pero lo que nos dice la realidad es que muchas de las imágenes que vemos en Youtube están sacadas de grabaciones de seguridad. No muchas de España, aunque también las hay. La gente no es consciente de las responsabilidades que adquiere al grabar, desde muchos puntos de vista, civiles, penales, administrativas.

Fuente

Yo nunca he compartido esta preocupación porque mi imágen sea captada en lugares públicos, cada vez que se comete un delito estas grabaciones resultan una ayuda de primer orden y cuando no se comete creo que carecen totalmente de interés para nadie.
Otra cosa sería que invadieran mi intimidad, o se comerciara con ellas de alguna forma, pero en la via pública o locales públicos no considero lesivas para nada las grabaciones de seguridad, no me obsesiona para nada el "gran hermano".
Un saludo

Merry escribió:

Yo nunca he compartido esta preocupación porque mi imágen sea captada en lugares públicos,

Yo tampoco. Aunque si que es cierto que sería necesario unir todas las leyes y normativas al respecto, en una única ley de la videovigilancia que derogue a todas las anteriores.