PALOMA CERVILLA | MADRID
La protección de los barcos atuneros españoles que faenan en el Índico es aún una asignatura pendiente del Gobierno español, que no puede sortear los obstáculos administrativos para que las medidas adoptadas sean una realidad y así los buques dispongan de una seguridad privada que lleve armas de guerra de calibre igual o superior a 12,7 milímetros. Tampoco hasta ahora el Ejecutivo ha pagado el 25 por ciento de los costes, a lo que se había comprometido.
Desde que el 31 de octubre el Consejo de Ministros aprobara una orden que modificaba el reglamento de seguridad privada para que esas empresas puedan utilizar fusiles y ametralladoras, imprescindibles para hacer frente a los piratas, el Gobierno ha tenido que transitar por un camino con alguna que otra espina.
La última todavía se encuentra sin resolver, ya que las autoridades de las islas Seychelles, en cuyo Puerto Victoria tienen su base los atuneros españoles, sigue sin autorizar la entrada de armas del calibre 12,70, unas ametralladoras que son las únicas que permiten mantener a los piratas a más de 1.500 metros de distancia, según fuentes del sector. Hasta ahora, sólo ha permitido que entren en su territorio los fusiles de asalto del calibre 7,62, que son más pequeños y a los que los piratas sí pueden enfrentarse con más garantías.
No es este el único problema que tiene el Gobierno sobre la mesa; el segundo es la forma de pago a la que se comprometió con los armadores. El Ejecutivo se apresuró a asegurar que correría con el 25 por ciento de los gastos que suponía el embarque de la seguridad privada, el otro 25 lo asumirían las Comunidades autónomas afectadas (País Vasco y Galicia) y el 50 por ciento restante estaría a cargo de los armadores. El anunció lo hizo la ministra de Defensa, Carme Chacón, el 28 de octubre en el Congreso.
Reunión con Espinosa
Pero desde que el Ejecutivo asumió el compromiso, nada de nada. El sector está a la espera de mantener una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, para que concrete los términos del acuerdo. Ante la falta de información, el sector ha decidido aumentar la presión y ha dirigido un escrito a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que tome cartas en el asunto.
El problema que está bloqueando el cumplimiento del compromiso es que el Gobierno tiene que definir las vías legales para que el dinero llegue a los armadores de una forma que no sea directa, sino a través de una subvención regulada. El peligro es que, si llega de forma directa, la Unión Europea puede considerarlas ayudas de Estado y declararlas ilegales.
Y mientras el Gobierno se clarifica, el segundo frente político al que se enfrenta el sector es el de las Comunidades autónomas. A día de hoy, y siempre según las fuentes consultadas por ABC, sólo el País Vasco se ha comprometido a abonar su 25 por ciento, pero nada se sabe de Galicia.
Además, hay otra Comunidad autónoma que también tiene barcos en la zona, como es la andaluza. De esta no habló el Gobierno, pero el sector pesquero entiende que también tendría que participar en la cofinanciación de la seguridad.
Suministro de armas
Pero si el Gobierno se ha encontrado con estas dos chinitas en el camino, donde sí ha podido resolver los problemas con mayor celeridad ha sido en la compra del armamento. Primero se encontró con que, a priori, no era posible contar con el material en tan corto espacio de tiempo, ya que el suministro necesitaba mayor margen. No estaba claro la disponibilidad e incluso se barajó la posibilidad de que el Ejército cediera las armas. Sin embargo, la empresa suministradora se empleó a fondo y consiguió las armas para que el 11 de noviembre salieran de Madrid con destino a las islas Seychelles. Al Gobierno le correspondió el cometido de acelerar al máximo los trámites administrativos.
Por otra parte, ayer llegó a Rota la fragata «Canarias», que participó en la crisis del «Alakrana» y estaba adscrita a la «operación Atalanta».

http://www.abc.es/20091220/nacional-nacional/seychelles-impide-entrada-armas-20091220.html