AINHOA DE LAS HERAS | BILBAO.

Subsiste con una pensión de invalidez y una ayuda de la Diputación con la que paga el alquiler y envía dinero a su mujer
«Ahorraría al erario público todo el dinero que supone mi protección», advierte
«Hay muchas formas de morir y yo estoy muerto en vida. ¿Qué peaje tengo que pagar... y hasta cuándo? Lo único que me mantiene en pie son los míos, pero qué triste que ni siquiera los pueda tener conmigo, eso sólo lo sé yo». Fernando Domingo Sanz vive una situación desesperada: en paro de larga duración y al borde de la indigencia, pero, paradojas de la vida, lleva a su lado dos escoltas y viaja en un coche oficial.
Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrigorriaga entre 1995 y 2003. Desde que mataron a Miguel Ángel Blanco, el Ministerio de Interior le asignó protección permanente de una empresa de seguridad privada, que hoy sigue manteniendo. «Gracias a ellos (a los guardaespaldas), sigo aquí». Isaías Carrasco, ex edil socialista en Mondragón, asesinado a tiros por ETA el 7 de marzo de 2008, años después de dejar la política, es un ejemplo de que la amenaza continúa aún después de abandonar el cargo público. En estos últimos años, a Fernando le han destrozado dos coches, un 'Laguna' y un 'Volvo', y dirigido una carta amenazante, entre otros episodios de terror.
A sus 53 años, lleva desempleado desde julio de 2006. Desde hace doce años, malvive alquilado en una habitación en un barrio de Bilbao, pero no sabe hasta cuándo, porque la dueña le ha puesto un ultimátum. Pesa sobre él una orden de desalojo. De hecho, él tiene todos sus enseres preparados para una inminente marcha; entre ellos, muchos libros. «¿Qué quieren, que me vaya a la calle, debajo del puente?», se pregunta. Fernando está empadronado en ese domicilio, trámite necesario para optar a ayudas.
«Hay otros casos»
Cobra una pensión de invalidez del 35,5% (175 euros) -en diciembre de 2005 se sometió a una intervención en la espalda que le impide realizar determinados trabajos- y el salario social (600 euros) de la Diputación vizcaína. Con ese dinero subsiste, paga el alquiler (300 euros) y envía dinero mensualmente a su mujer, Libia, de origen colombiano, y al que considera también su hijo, Lucas, de 13 años. Lleva un año sin verle. El próximo día 19 es su cumpleaños y cuando habla con él por teléfono le pregunta: «don Fernando, ¿estará usted en mi fiesta?», explica emocionado, con lágrimas en los ojos.
«La política es muy desagradecida», sentencia. «He estado aquí trabajando y he dado mi vida, y ahora que soy yo el que necesita ayuda...» Fernando, segoviano de origen -su familia dispone de un negocio de hostelería-, se trasladó con su pareja a Bilbao en 1992. Además de otros puestos de comercial y en vigilancia, trabajó como controlador en las cocheras de los autobuses urbanos. En 1997 fue elegido como único concejal popular en el Ayuntamiento de Arrigorriaga. En la siguiente legislatura, el partido consiguió dos ediles, lo que vivió con «gran satisfacción». En los terceros comicios municipales se quedó a ocho votos de salir elegido.
Hoy, en el límite de la pobreza, no se arrepiente de haberse presentado a las elecciones, siempre ha sentido la vocación de servicio público, aunque al mismo tiempo cree que «truncó mi vida, todos mis proyectos». Lamenta que la legislación no prevea ayudas para los casos como el suyo. Asegura que su negra perspectiva no es única en el País Vasco. «Hay otras personas en paro y escoltadas», afirma.
Fernando Domingo Sanz se siente atrapado en un círculo vicioso e «ignorado completamente». Vive «de las ayudas sociales» y por eso no puede hacer las maletas y rehacer su vida, libre del yugo de ETA, fuera del País Vasco, tal como le gustaría. Ha llamado a muchas puertas y hasta ha escrito varias cartas a la Casa Real, pero su situación lejos de mejorar, empeora cada día. «Necesito paz, tranquilidad y recuperar el tiempo que no he pasado con los míos».
Aspirante a «exiliado»
Aunque suene extraño, el ex edil aspira a ser «un exiliado». Tener que dejar su tierra es una situación cruel, pero se ha acabado convirtiendo en la única salida para alguien que, como le ocurre a él, vive prisionero. Pide a quien pueda ayudarle «un trabajo digno que yo pueda hacer para poder comer y una vivienda para traer a mi familia» fuera de Euskadi. «Ahorraría al erario público todo el gasto que supone tener dos escoltas», advierte.
La desesperación le ha llevado a seguir un tratamiento psiquiátrico. Cada día intenta perderse lejos de Bilbao. «Ando muchísimo por prescripción facultativa. Estoy en el monte, distrayéndome; si no sería imposible soportar tanta presión».
Durante este tiempo, algunos compañeros de partido le han buscado dos ofertas de trabajo, pero no se han traducido en nada. En la primera ocasión, no pudo acudir a la cita con el responsable de una empresa de seguridad porque coincidía con una «resonancia magnética» que llevaba esperando «cinco meses». «Me dijeron: 'O ese día o no vengas'», recuerda. La otra, que consistía en controlar la entrada y salida de camiones en una cantera de Güeñes, quedó en «humo» porque un ataque radical le había destruido el coche, explica.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100307/vizcaya/cobro-salario-social-llevo-20100307.html