La Fiscalía pide 25 años de prisión por asesinato para un joven acusado
de haber atropellado mortalmente a un vigilante de una discoteca de
Sant Quirze del Vallés (Barcelona), tras haber sido expulsado del local
por otro guardia de seguridad.

En la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra
Bruno G., a quien el ministerio público acusa de un delito de
asesinato, otro de intento de asesinato por haber intentado atropellar
a un segundo vigilante, y una falta de daños.

El atropello mortal ocurrió el 9 de febrero de 2003 a las puertas de la
discoteca Área Cóndor de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), donde el
procesado había ido a bailar con un grupo de amigas en un coche que
había cogido prestado a su madre.

Según mantiene la fiscalía, el procesado golpeó varias veces con un
extintor el automóvil de uno de los vigilantes de la discoteca, que
estaba aparcado a las puertas del local, y posteriormente lo embistió
con su propio coche.

Varios vigilantes de seguridad acudieron a avisar al propietario del
automóvil, que seguía en el interior de la discoteca, y todos ellos se
concentraron entorno al vehículo arrollado para examinar los
desperfectos que éste había sufrido.

En ese momento, sostiene el ministerio público en sus conclusiones
provisionales, el procesado aceleró el coche a toda velocidad contra
los vigilantes y atropelló a dos de ellos, uno de los cuales murió dos
días después a consecuencia del impacto, mientras que el otro sufrió
varias heridas.

En su declaración ante el tribunal, el procesado ha explicado que esa
noche había tomado cuatro o cinco cubalibres y que atropelló a los
vigilantes sin darse cuenta, al perder el control del vehículo cuando
se disponía a salir de la calle donde se encontraba la discoteca.

Ha admitido, no obstante, que con un extintor golpeó el vehículo
propiedad de uno de los guardias de seguridad, enojado porque un
vigilante le había expulsado de la discoteca, dándole un puñetazo y
lanzándole escaleras abajo, tras sorprenderle asomándose por una puerta
de emergencia del local.

La Fiscalía pide que el joven indemnice con más de 100.000 euros a las
víctimas del atropello, pago que en caso de que él no pudiera pagar
asumiría la compañía aseguradora o, en su defecto, su madre.

Tras permanecer siete meses en prisión preventiva, el procesado
encontró trabajo y, desde octubre del año 2003, ha ido haciendo pagos
periódicos a las víctimas y sus familiares porque, según ha explicado
ante el tribunal, "ésa es la única manera de pedirles perdón".

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