elcorreodigital.com, 19/10/08 - Bilbao
Civiles que disponían de un automóvil camuflado se escudaron en tareas policiales para aparcar en Nochevieja en una plaza de minusválidos.
Mandos de la Ertzaintza asignados a la Policía científica evitaron el pago de multas de tráfico al no identificarse ante los Ayuntamiento de Bilbao y San Sebastián e incluso al justificar la infracción en unas supuestas «actividades policiales» pese a que, en algunos casos, se encontraban de vacaciones, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Las multas habían llegado a alcanzar los 360 euros a consecuencia de los recargos. El caso fue denunciado en un juzgado de Bilbao y se sobreseyó al entender que la cuestión «de si es legal o ético el impago de sanciones de tráfico por los cuerpos policiales excede la jurisdicción penal». Este fallo judicial ha sido recurrido por el sindicato Erne.
Uno de los epidodios identificados en la denuncia hace referencia a un vehículo policial camuflado asignado a un funcionario civil, pese a que no es agente de la autoridad y, por lo tanto, no puede realizar ningún tipo de actividades vinculadas con la seguridad. El 31 de diciembre de 2004 la Policía Municipal de Bilbao le multó por aparcar en una zona reservada a minusválidos en el centro de la capital, a las cuatro de la tarde. Cuando la multa llegó a la Policía científica, sección en la que está asignado, la jefatura aseguró que su actuación estaba justificada puesto que estaba realizando «actividades propias de la Policía científica» y emitió un informe para que no se le multase. En ningún momento se detalla cuáles podrían ser esas actividades.
El mismo vehículo asignado al funcionario -un contratado laboral- acumula sanciones por valor de 3.395 euros entre 2004 y 2006. En varios de estos casos el Ayuntamiento bilbaíno sancionó al Gobierno vasco ya que el Departamento de Interior se negó a identificar al conductor.
Un hecho que resulta paradójico, ya que el organismo que se niega a proporcionar el nombre de los conductores es el mismo que, al contar con las competencias de Tráfico, debería encargarse de la identificación de los presuntos infractores. En la actualidad, la práctica de la consejería es sancionar al titular de un vehículo cuando éste se niega a facilitar los datos del conductor e imponer un castigo mínimo de 800 euros. En todos los casos, a la negativa a dar el nombre de la persona que llevaba el vehículo sancionado y la correspondiente imposición de una multa con recargos, se llega tras un largo proceso administrativo.
En primer lugar se presenta la denuncia y se permite la presentación de recursos. Cuando no se realizan alegaciones y además no se identifica al conductor, el Ayuntamiento impone una multa por «no identificar debidamente el titular del vehículo al conductor responsable de la infracción». Como el dueño del automóvil es el Gobierno vasco, la sanción va a parar a la Administración autónoma, pero no a la persona que utilizaba el coche en ese momento.
Constitucional
La actuación ante estos casos del departamento dirigido por Javier Balza supone una contradicción respecto a las actuaciones que adopta con los ciudadanos. En un caso reciente, Interior detectó a un vehículo que circulaba a 132 kilómetros por hora en la A-8, en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 50. La Ertzaintza sancionó a la propietaria y ésta, que en un primer momento dijo no recordar quién conducía el automóvil, presentó más tarde el nombre y los apellidos de un un hombre y su DNI. Según su recurso, era él quien llevaba el coche cuando se cometió la infracción. Interior rechazó está alegación e inició una disputa legal que finalizó ante el Tribunal Constitucional. La consejería entendía que una identificación correcta obligaba a dar no sólo los datos del nombre y el DNI, sino también el domicilio completo de la persona que llevaba el automóvil. El Tribunal le dio la razón al Gobierno vasco.
Interior aplicó el artículo 72.3 del reglamento de Tráfico, que estipula que se debe considerar una falta muy grave la no identificación de los conductores en caso de denuncia. En este sentido, los mandos de la Policía científica de la Ertzaintza acumulan, entre 2002 y 2006, 56 denuncias en las que la consejería no ha identificado al conductor ante los responsables de Tráfico de Bilbao y de San Sebastián.
Estos casos implican que aunque los propios jefes policiales hayan podido plantear que estaban realizando actividades policiales, sin especificar cuales, el Ayuntamiento de Bilbao no las ha tenido en cuenta. Por otro lado, todos los casos se refieren a vehículos de mandos de la Policía científica, que no es una unidad operativa como la de escoltas o la dedicada a seguimientos que en determinadas circunstancias puede justificar las vulneraciones del reglamento de circulación como una derivada de su trabajo. Además, la denuncia presentada ante el juez específica que muchas de las multas impuestas a uno de los jefes se circunscriben al barrio de San Sebastián en el que residía. Incluso, según los datos entregados al tribunal, el coche oficial fue multado mientras la persona que lo tenía a su cargo se encontraba de vacaciones.
«Otra persona»
Los hechos fueron denunciados ante el juez ante el supuesto de que se tratase de una falsificación de documento. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 decidió sobreseer el caso al entender que no existía ninguna falsedad de documento y consideró probado que el jefe de la Policía Científica «ha acreditado que se estaba realizando una actividad policial». Esta decisión judicial ha sido recurrida por el sindicato Erne, que ha solicitado que se entregue la documentación que justifica como actividad policial el uso de un vehículo camuflado por parte de funcionarios civiles.
Los abogados de la central, además, han rechazado la versión ofrecida por el jefe de la Policía científica sobre el uso de un vehículo oficial por un mando que, según el calendario de la unidad, -aportado a la demanda-, se encontraba de vacaciones. El denunciado aseguró que «puede que fuera utilizado por otra persona del laboratorio». La central ha pedido que se investigue este supuesto ya que, en su día, sí que se emitió un informe para justificar la irregularidad de tráfico como propia de la labor policial, lo que implica que sí se conocía al conductor. Asimismo, se ha reclamado que se entreguen al juzgado los datos de una supuesta investigación llevada a cabo por la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza a partir de la denuncia de un presunto mal uso de los vehículos asignados a los mandos de la Policía científica.
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